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La revisión de la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental dificultará proyectos como el de Corcoesto

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Sobre la Entidad

Salvemos Cabana
Plataforma ciudadana de Cabana de Bergantiños (A Coruña, Galicia) que promueve el activismo en términos de conservación y defensa ambiental.
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  • Corcoesto (Salvemos Cabana).
  • Tras el conocimiento de las modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo el pasado día 9 en la Directiva 2011/92/UE, relativa a la Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente, la Plataforma Salvemos Cabana valora muy positivamente los cambios introducidos en el texto en tanto establece una normativa más estricta para la protección del entorno y la salud humana y se endurecen notablemente las condiciones para el desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto como el que pretende instalar la empresa canadiense Edgewater en la Comarca de Bergantiños.

Por un lado, se garantiza el derecho de participación del público en la toma de decisiones en asuntos medioambientales y el acceso a la justicia en materia medioambiental en virtud del Convenio de Aarhus, al señalar que "debe seguir fomentándose la participación pública, incluída la de asociaciones, organizaciones y grupos y, en particular, la de organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio ambiente".

No obstante, los cambios más significativos están en el Anexo I, pues una vez la Comisión Europea dé luz verde a estas modificaciones, todos los proyectos de "Minería a cielo abierto y actividades extractivas similares a cielo abierto" estarán sujetos a un procedimiento de impacto ambiental con carácter obligatorio, "cuando la superficie del terreno abierto supere las 25 hectáreas, minas de oro en las que se utilicen procesos en los que intervengan balsas de cianuro, o extracción de turba, cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 hectáreas".

Además, el articulado establece que "la autoridad o autoridades competentes deberán designarse de tal manera que se evite cualquier relación de dependencia, vinculación o subordinación entre éstas o sus miembros y el promotor" y que "con el objetivo de evitar cualquier posible conflicto de intereses la autoridad que revise la evaluación del impacto ambiental no deberá poseer interés alguno o relación respecto al expediente".

Finalmente, la modificación de la Directiva 2011/92/UE, obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias para que antes de concederse la autorización, los proyectos "que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente" en virtud "de su naturaleza, dimensiones o localización" se sometan "al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos previa consulta con el público", lo que significa que proyectos como el de Corcoesto necesitarán autorización previa por parte de la Comisión para poder llevarse a cabo.

Resulta significativo que mientas las autoridades europeas persiguen una mejor protección de la salud humana y el medio ambiente aumentando el nivel de exigencia a las empresas y fomentando la transparencia y la participación pública, el Gobierno del Partido Popular a nivel estatal con el desarrollo de la nueva Ley de Evaluación Ambiental y las actuales autoridades de la Xunta de Galicia con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza hagan justamente lo contrario, con su apoyo declarado a transnacionales como Edgewater y el desarrollo de proyectos claramente insostenibles a nivel ambiental y social.

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21/04/2016 · Vídeos · 1.558 0

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