El pasado 15 de octubre, el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció publicamente durante el debate del estado de la Autonomía que la Consellería de Economía e Industria cancelaba el proyecto minero en Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), debido a la falta de garantías "financieras y técnicas" del mismo.
Desde la Oficina do Valedor do Pobo se confirmó pocos días más tarde que tras conocer a través de manifestaciones en sede parlamentaria del rechazo del proyecto por parte de la Administración, no era preciso formalizar las actuaciones derivadas del trabajo de investigación realizado sobre las 628 quejas recibidas con respecto al proyecto minero.
En la práctica, resulta imposible conocer de manera fiable si el trámite de evaluación ambiental de la mina de Corcoesto está anulado o sigue teniendo validez
Asimismo, este departamento señaló que "dado el rechazo global del proyecto, este tiene como consecuencia que decaigan todos los actos de trámite del mismo, entre ellos la evaluación ambiental" pues "no resulta aplicable lo previsto para la posible caducidad de las declaraciones, puesto que la pervivencia durante un plazo se prevé para los casos en que se dió la autorización o aprobación del proyecto y este no comenzara a ejecutarse (art.14 do Real Decreto Lexislativo 1/2008)".
No obstante, el Director Xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces ha sostenido en público en reiteradas ocasiones que la aprobación de la declaración de impacto ambiental tiene validez durante cinco años deacuerdo a la legislación vigente, contraviniendo lo publicado por la Oficina do Valedor do Pobo.
Por otra parte, y pese a la pretendida "cancelación" del proyecto, hasta ahora no se ha hecho público por escrito tal hecho. Tras la consulta efectuada desde la Plataforma Salvemos Cabana con la Consellería de Economía e Industria, la respuesta por parte del organismo fue que en fuinción del artículo 27.2 de la Ley 3/2008 de Ordenación de la Minería de Galicia, tan sólo el otorgamiento de los derechos mineros tienen la obligación de publicarse en el Diario Oficial de Galicia. Sin embargo, fuentes próximas a la Administración han señalado que el procedimiento de cancelación tiene que hacerse público por escrito y de manera oficial.
La realidad es que, en la práctica, debido a la poca información y a la completa opacidad por parte de la Xunta, resulta imposible conocer de manera fiable si el trámite de evaluación ambiental de la mina de Corcoesto está anulado o sigue teniendo validez y si la cancelación del proyecto se ha hecho o no efectiva.
Por todo ello, desde la asociación se ha pedido amparo al Valedor do Pobo para que exija a la administración autonómica la clarificación y la transparencia debidas en el caso Corcoesto, pues el acceso a la información es lo que permite saber a los ciudadanos cómo se toman las decisiones que les afectan y bajo qué criterios actúan las instituciones, permitiendo una mejor fiscalización de los servidores públicos y una mejor eficiencia de las autoridades implicadas.
