El secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha reconocido este martes la "voluntad" de los gobiernos central y autonómico a la hora de buscar una solución jurídica y administrativa que permita reabrir la mina de Aznalcóllar (Sevilla), dado que el Ejecutivo central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) el decreto autonómico que regula este aspecto. Carbonero explica que CCOO va a "esperar" el resultado de las negociaciones entre ambas partes antes de emprender movilizaciones, pero pide que "la voluntad esté por encima de las razones técnicas, porque las razones técnicas son subsanables".
Francisco Carbonero ha comparecido este martes, en rueda de prensa, flanqueado por el secretario general de CCOO en Sevilla, Alfonso Vidán, y miembros de la antigua plantilla de la mina de Aznalcóllar, tras haber celebrado una reunión con la delegada del Gobierno andaluz en Andalucía, Carmen Crespo. Tras este encuentro, Carbonero ha lamentado el contratiempo sufrido por el proyecto destinado a reabrir la mina de Aznalcóllar, clausurada después de que en 1998, la balsa de residuos de metales asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufriese una fractura con el consiguiente vertido masivo de lodos tóxicos al área de influencia del río Guadiamar.
La mina cuenta con casi 950 hectáreas de superficie y una reserva constatada de 35 millones de toneladas de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y otros 45 millones de toneladas de probables nuevos recursos, por lo que Carbonero ha avisado de que, más allá de "la invasión de competencias entre unos y otros, no es admisible que en un momento de tanta necesidad de creación de empleo se paralicen proyectos que generan expectativas en zonas especialmente deprimidas".
Mientras el Ejecutivo central esgrime que la Ley de Minas de 1973 y dos reales decretos Ley de 1981 y 1982 atribuyen al Estado la competencia en materia de reserva de suelo para la actividad minera, Carbonero ha constatado que tanto el Gobierno central como el autonómico tienen "voluntad" de resolver el conflicto, por lo que ha preferido no pronunciarse sobre "si ha habido un error de la Junta o una espera excesiva del Gobierno central".
Para él, lo más importante "es que en un plazo de urgencia se reúnan la Junta y el Gobierno y den una solución que proporcione seguridad jurídica a la reapertura de la mina". Confiando en principio en el "el buen hacer" de las administraciones, ha manifestado que CCOO no pretende promover "movilizaciones a destiempo" y se coloca en un 'impasse' "de espera".
"Ahora mismo, no tiene sentido, hacer movilizaciones de inmediato. No las descartamos, pero primero vamos a esperar al buen hacer de los dos gobiernos y, si no hay acuerdo, entonces habrá movilizaciones", ha dicho. En ese sentido, y en cuanto al 'impasse' de espera de CCOO, Carbonero enfatiza que "esto no es para estar así seis meses", porque se trata de un proyecto que constituye "la esperanza de mucha gente para encontrar un puesto de trabajo". "Con o sin recurso, hay 20 días hasta que se admita a trámite", ha dicho igualmente en cuanto al plazo con el que cuentan las administraciones para "resolver en breve su conflicto de competencias".
De cualquier modo, Francisco Carbonero pide que "la voluntad esté por encima de las razones técnicas, porque las razones técnicas son subsanables".
