Así, tal como señala el escrito remitido por el Valedor a la Plataforma, en el informe de la Xunta "se resuelve la denegación de la aprobación del proyecto ante la insuficiente acreditación de la solvencia económica y técnica del solicitante", señalando que la decisión se dió "en aplicación de la legislación sectorial vigente y con el respaldo expreso de un informe de la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia y otro del IGAPE, este último relativo a los aspectos técnicos"
Por otra parte, la Oficina del Valedor considera que la Xunta no tiene la obligación de hacerlo en la resolución enviada a la empresa minera "pues ese tema no forma parte de lo resuelto de forma congruente con lo solicitado" (haciendo referencia a la autorización, que fue finalmente denegada).
Finalmente, el Alto Comisionado hace patente que mantiene el criterio jurídico al respecto hecho público en octubre de 2013, cuando señaló que "dado el rechazo global del proyecto, este tiene como consecuencia que decaigan todos los actos de trámite del mismo, entre ellos la evaluación ambiental" pues "no resulta aplicable lo previsto para la posible caducidad de las declaraciones, puesto que la pervivencia durante un plazo se prevé para los casos en que se dió la autorización o aprobación del proyecto y este no comenzara a ejecutarse (art.14 do Real Decreto Lexislativo 1/2008)", lo que además fue reiterado esta semana en el informe anual de la institución.
Falta de transparencia pública de la Xunta en el caso Corcoesto
Ante esta situación, la asociación lamenta una vez más la opacidad de la Consellería de Economía e Industria en todo lo que ha rodeado desde el principio al proyecto minero de Corcoesto, las trabas impuestas para acceder al expediente y personarse en el caso y estudiará todas las vías legales a su alcance para que se hagan valer sus derechos y la población pueda estar informada sobre un tema de primer orden debido a sus numerosas implicaciones socioambientales no sólo en la Comarca de Bergantiños, sino a nivel gallego.
Las actuales autoridades de la Xunta parecen obviar que, tal como señala la Ley 19/2013, "la transparencia, el acceso a la información pública, y las normas del buen gobierno deben de ser los ejes fundamentales de toda acción política", dado que "los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y social" y "permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática" promoviendo "la eficiencia y eficacia del Estado".
