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Los derechos humanos, inherentes a la construcción de infraestructuras

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    Foto: Banco Mundial/Arne Hoel

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La ambientalista y defensora de los derechos humanos hondureña Berta Cáceres fue asesinada hace un año para silenciar su campaña contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en territorio indígena Lenca, recordó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En un artículo de opinión publicado hoy en el periódico Miami Herald, Zeid Ra'ad al-Hussein señaló que las amenazas a quienes se oponen a este tipo de obras nunca habían sido tan intensas y el año pasado, sólo en Honduras, fueron muertos seis activistas más.

Por otra parte, en Colombia, Guatemala y México fueron asesinados en enero siete activistas cuyo trabajo tenía relación con proyectos de represas hidroeléctricas, minería y agroindustriales. Entre las víctimas se contó el indígena mexicano Isidro Beldenegro López, ganador del Premio Ambiental Goldman.

Zeid indicó que además de los asesinatos, las herramientas de represión incluyen interferencias en asambleas pacíficas, medidas drásticas contra ONG, ataques a medios de comunicación, censura estatal y leyes antiterroristas draconianas, entre otras.

"En el mundo machista de la mega-infraestructura, el éxito se mide por el tamaño y velocidad, alimentando la negación de los derechos humanos en lugar de la debida diligencia"

El Alto Comisionado se refirió también a las leyes punitivas y los organismos especiales de seguridad que se han establecido en algunos países con la única función de proteger los intereses de los inversores. 

Agregó que los países del G-20 han estado trabajando para aumentar la inversión global en mega proyectos de infraestructura, como grandes represas, oleoductos y gasoductos, puertos, carreteras y ferrocarriles.

Zeid consideró que la infraestructura bien concebida e implementada es vital para el ejercicio de muchos derechos humanos, como la salud y el agua y saneamiento; sin embargo, alertó sobre los planes ambiciosos que se elaboran sin evaluar previamente su impacto en las garantías fundamentales.

“Lamentablemente, los derechos humanos suelen quedarse en meras palabras en este contexto. En el mundo machista de la mega-infraestructura, el éxito se mide por el tamaño y velocidad, alimentando la negación de los derechos humanos en lugar de la debida diligencia”, apuntó.

El G20 y las instituciones de financiamiento para el desarrollo deben corregir este curso urgentemente, puntualizó Zeid, llamando a realizar inversiones seguras y sostenibles que emanen de un proceso de consulta pública y respeten los derechos humanos.

Es el momento de volver a imaginar la infraestructura como si la gente y el medio ambiente importaran, concluyó Zeid.

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