Latinoamérica se caracteriza por tener una distribución deficiente de agua, a pesar de albergar la mayor reserva de agua dulce del mundo. Conocedores de esta situación, y queriendo dar visibilidad a la situación hídrica de la región latinoamericana, hemos puesto en marcha este ciclo de entrevistas sobre #ElAguaenLATAM para que las voces de expertos en la materia hablen de la situación actual y los retos futuros que los países deben afrontar.
En esta ocasión hemos hablado con Milton Machado, Presidente de la OSE de Uruguay.
¿Cuáles diría que son los principales problemas a los que se enfrenta la región latinoamericana en materia hídrica?
En la actualidad, los asuntos vinculados a la gestión del agua están siendo tratados como asuntos estratégicos y prioritarios en la agenda de los gobiernos de la región; hay muestras de ello en los objetivos de las diferentes plataformas de las que participamos los operadores del sector.
Desde mi experiencia en OSE, he conocido diferentes realidades y modelos de gestión con mayor y menor nivel de desarrollo, pero en general los problemas de la región son coincidentes: la dificultad de gestionar integralmente los usos del agua con la diversidad y contraposición de intereses y actores;los problemas de contaminación de las fuentes; la necesidad de inversión en infraestructuras que acompasen las exigencias actuales (demográficas, de alimentación, ambientales, etc.), la dificultad para universalizar el servicio a los sectores más vulnerables, la reducción del agua no contabilizada, entre otros.
Para cada tema, existe metodologías y acciones que permiten abordarlos y existen buenas experiencias y prácticas para intercambiar y aprender. Desde mi punto de vista, sin embargo, el desafío que tenemos más importante es pensar estos temas y gestionarlos con una mirada integral, que sea sostenible y mantenga el equilibrio con los objetivos sociales, económicos y ambientales del país y a mayor escala, que “lo que hagamos” contribuya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Y en el caso de su país?
La realidad de Uruguay es privilegiada en la región, atendiendo a que el nivel de cobertura de agua potable alcanza a más del 98% de la población nucleada y el 94% de la población total, asegurando la continuidad y calidad del servicio en cumplimiento de la normativa nacional e internacional más exigente.
En relación al saneamiento, Uruguay dispone cobertura superior a 96% en instalaciones mejoradas. En relación al servicio de saneamiento por alcantarillado, Montevideo alcanza actualmente una cobertura del 91% (competencia de la Intendencia) y la población nucleada del interior del país dispone del 49% de cobertura (competencia de OSE), lo que redunda en 61% a nivel país.
Aun en este escenario, el tema del agua en Uruguay es estratégico en la agenda de Gobierno. El interés es continuar manteniendo y asegurando estos estándares y para eso ir adaptando los planes, proyectos y obras a las nuevas exigencias que plantea el escenario social y ambiental. Para esto es necesario niveles de inversión adecuados, cuidando la sostenibilidad económico-financiera de la empresa. Este es en la actualidad, nuestro mayor desafío.
Es importante aclarar que OSE se financia únicamente con los ingresos que percibe por la tarifa que abonan los usuarios (menos del 1% del ingreso medio familiar).
En Uruguay el nivel de cobertura de agua potable alcanza a más del 98% de la población nucleada y el 94% de la población total
En este sentido, ¿qué medidas está llevando a cabo el Gobierno?
El Gobierno Nacional ha priorizado en los últimos años la gestión del agua en Uruguay.
En relación a la institucionalidad; desde el año 2004, en Uruguay el acceso al agua potable y al saneamiento están consagrados como derechos humanos fundamentales a través del Artículo 47 de la Constitución. Uruguay fue el primer país en el mundo en establecer esta declaración.
Posteriormente se gestó la Política Nacional de Aguas, a través de la Ley 18.610 del año 2009 y en 2011 se creó el Plan Nacional Integrado de Recursos Hídricos.
En al año 2015, bajo la Ley 19.355 se crea la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático que depende directamente de Presidencia de la República, con el objetivo de articular y coordinar con las instituciones y organizaciones públicas y privadas, la ejecución de las políticas relativas al ambiente, al agua y al cambio climático.
En el año 2016 se presentó el Plan Nacional de Aguas (DINAGUA-MVOTMA) un instrumento técnico y político que establece los lineamientos generales para la gestión de los recursos hídricos en todo el territorio, que propone objetivos específicos y líneas de acción para su concreción y sienta las bases para la formulación de planes regionales y locales.
Esta articulación institucional, la reglamentación y el trabajo colectivo y participativo con la sociedad civil, es muestra de que la prioridad del agua y el saneamiento para Uruguay es estratégica en la agenda del Gobierno.
Durante los últimos años el concepto de gobernanza del agua ha tomado fuerza. ¿Hay conciencia de su importancia en el país? ¿Cuáles son las principales brechas?
En Uruguay, el plebiscito de octubre de 2004 que consagró al acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales fue un hito en relación a la toma de conciencia de la importancia del agua en el país. El mismo artículo que establece esa declaración en la Constitución de la República, establece que el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. OSE, es la empresa pública que cumple ese mandato a nivel nacional.
La gobernanza del agua es de por sí compleja ya que está estrechamente vinculada a los dominios que son fundamentales para el desarrollo, como la salud, el medio ambiente, la agricultura – la alimentación, la energía, la mitigación de la pobreza, la calidad de vida en general.
Como mencionamos anteriormente, en Uruguay se ha comenzado a tomar conciencia de esto, en términos de gobernanza, en los últimos años, y se ha comenzado a transitar un camino de intercambio y reflexión pero fundamentalmente de acciones concretas como respuesta a eventos concretos que se manifestaron en nuestras fuentes de agua.
Quizás hay, entre otras, dos particularidades que hacen más complejo este camino: uno es la necesidad del trabajo institucional, articulado y coordinado que permita seguir construyendo una visión común de la gestión del agua en general; otro es la necesidad de una inversión considerable para crecer, renovar y modernizar la infraestructura vinculada al agua, lo que permite no solo atender la situación actual sino justamente construir una visión de gestión integral y anticipada de los riesgos asociados al uso y manejo del recurso.
La prioridad del agua y el saneamiento para Uruguay es estratégica en la agenda del Gobierno
La legislación vigente, ¿es suficiente para gestionar los recursos hídricos?
Uruguay ha avanzado sustancialmente en los últimos años a través de leyes y decretos que reglamentan la gestión y eso uso del recurso agua. Como ejemplo reciente podemos citar el Decreto 205/2017 que reglamenta al Plan Nacional de Aguas como instrumento de la Política Nacional de Aguas que contiene los lineamientos generales de la actuación pública y privada en la materia. Se puede acceder al contenido a través del siguiente enlace: http://www.mvotma.gub.uy/politica-nacional-de-aguas
Otro avance importante y de reciente instrumentación es la Ley N°18.840 que establece la obligatoriedad de conectarse a las redes públicas de saneamiento para todos los inmuebles con frente a las mismas. El objetivo es facilitar la implementación y ejecución de las conexiones a la red con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, la salud pública y la protección del medio ambiente.
Cuál es la cobertura de abastecimiento y saneamiento en el país? ¿Qué inversiones harían falta para reducir estas cifras?
Uruguay es un país pequeño; con una superficie de 175.000 km2 y una población aproximada de 3.300.000 habitantes. La infraestructura desarrollada para el abastecimiento de agua potable permite que en el país haya más de 700 localidades con servicio de agua potable y más de 1 millón de conexiones que brindan una cobertura de más del 98% a la población nucleada.
Para la población rural dispersa en pequeñas localidades, se desarrolla un programa especial de gestión comunitaria donde la infraestructura la instala y supervisa OSE pero el mantenimiento diario de la calidad del agua potable lo realiza la propia localidad.
Para la operación de los sistemas a nivel nacional, hay aproximadamente 70 plantas potabilizadoras y más de 800 perforaciones operativas. El nivel de inversión anual en infraestructura de agua potable es aproximadamente de 50 millones de dólares.
En relación al saneamiento, Uruguay dispone cobertura superior a 96% en instalaciones mejorada. En relación al servicio de saneamiento por alcantarillado, Montevideo alcanza actualmente una cobertura del 91% (competencia de la Intendencia) y el la población nucleada del interior del país dispone del 49% de cobertura (competencia de OSE), lo que representa unos 45 sistemas de tratamiento para unas 350.000 conexiones.
El desafío en saneamiento es optimizar la infraestructura existente y para eso estamos desarrollando un plan nacional de conexiones con facilidades para aquellos ciudadanos que teniendo una red de alcantarillado frente a su vivienda, aún no están conectados por dificultades económicas.
Se destinan aproximadamente 60 millones de dólares al año en ampliar y mejorar la infraestructura de saneamiento. Hemos realizado nuevas plantas con tratamientos de última generación y hemos tenido que emprender mejoras en las plantas existentes e incorporar procesos terciarios con remoción de nutrientes (principalmente fósforo y nitrógeno) para cumplir con la normativa nacional vigente y mejorar la calidad de los efluentes que se devuelven a los cursos hídricos.
Uruguay ha avanzado sustancialmente en los últimos años a través de leyes y decretos que reglamentan la gestión y eso uso del recurso agua
El uso para agricultura juega un papel clave en el desarrollo de América Latina, ¿qué avances se han producido en el país en los últimos años? ¿Cuáles son los objetivos en este sentido para los próximos años?
Luego de un complejo proceso de discusión y trabajo interinstitucional, a fines del 2018 se promulgó la Ley N° 19553 sobre riego con destino agrario en Uruguay. El nuevo texto tiene por mejorar la competitividad del sector agrícola y ganadero, mejorar la adaptación a la variabilidad climática del sector así como contribuir al desarrollo de sistemas en conjunto de varios predios, para promover y permitir la inclusión de productores que actualmente no cuentan en forma individual con acceso al riego. Podemos decir que la promulgación de esta ley fue el mayor avance de los últimos años y la instrumentación será el primer objetivo para los próximos años.
Otro avance importante, ha sido la instrumentación de un Plan de Uso y Manejo Responsable de los Suelos, una herramienta diseñada para promover sistemas de producción sostenibles en términos de conservación del suelo, que implica utilizarlo de acuerdo a su capacidad, determinar la rotación de cultivos o cultivos/pasturas, cuya erosión hídrica proyectada sea igual o menor a la erosión tolerable, mediante la utilización de un modelo ajustado y validado a las condiciones del país.
Se estima que el costo de la mala calidad del agua en América Latina supone la pérdida de un PIB de entre el 1 y el 3%. ¿Hay mediciones sobre esta calidad del agua en el país? ¿Qué inversiones se dedican a este capítulo?
La calidad del agua en Uruguay está monitoreada desde la fuente de agua hasta los puntos de distribución. OSE trabaja con la metodología de los Planes de Seguridad del Agua, lo que permite tener una visión integral de la calidad del agua en todo el proceso y tomar acciones preventivas y correctivas para asegurar el suministro de calidad a toda la población.
Adicionalmente, OSE dispone de un sistema integral de Laboratorios compuesto por 1 Laboratorio Central, 10 Laboratorios Regionales y 70 Laboratorios en plantas, donde se realizan más de 50.000 análisis anualmente. El Sistema de Gestión de Laboratorios tiene la Certificación de Calidad de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 9001:2008, desde el año 2009 y proyecta su Acreditación como laboratorio de ensayo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO/IEC 17025:2005.
Esta metodología e instrumentos permiten trabajar bajo determinados parámetros y decisiones que optimizan los costos de producción. Si bien en Uruguay no disponemos de un indicador específico para la medición de los costos de la “mala calidad del agua”; sí hemos desarrollado acciones e inversiones para el monitoreo y las alertas tempranas; para análisis continuos y para asegurar la calidad del agua potable distribuida, las 24 horas, los 365 días del año.
Por lo general, ¿el usuario paga por todos los costes de transporte y tratamiento de agua? ¿Quién fija los precios del agua para los diferentes usos?
Las tarifas de OSE se fijan a través de un Decreto Tarifario que se acuerda con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La decisión también es informada a URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) quien tiene por objetivo la defensa de los usuarios del servicio a través de la regulación, fiscalización y asesoramiento.
Estamos desarrollando un plan nacional de conexiones para los ciudadanos que no están conectados a la red de saneamiento por dificultades económicas
¿Cuáles son los mayores logros alcanzados por el país en cuanto a seguridad hídrica?
En términos administrativos en OSE, uno de los principales logros ha sido ordenar la gestión a través de un proceso de planificación estratégica que establece los temas, objetivos e indicadores de gestión prioritarios. Se formulan aproximadamente 100 planes de acción anuales para la consecución de estos objetivos, los cuales monitoreamos trimestralmente.
En términos de servicio, los principales resultados de los últimos cinco años son:
- 320 nuevos sistemas de agua potable para la población del medio rural dispersa; esto significa que 5000 hogares que antes se abastecían de fuentes inseguras, ahora tienen agua potable en sus casas.
- 30.000 conexiones de agua en asentamientos regularizadas; esto permite que el sector de mayor vulnerabilidad social acceda a un servicio de calidad, con tarifas asequibles.
- Estudios y selección de la fuente alternativa de abastecimiento de agua potable para la población de la capital y el área metropolitana que permitirá asegurar la calidad y continuidad del abastecimiento aun en épocas de prolongada sequía y ante eventos de calidad que afecten a la fuente.
- Desarrollo de proyectos de innovación y tecnología para mejorar la infraestructura y gestión de la distribución del agua con el objetivo de reducir el agua no contabilizada: creación de distritos de Medición y Control, sustitución de tuberías, instalación de micro y macromedición con automatismos y monitoreos a distancia.
- Puesta en marcha del sistema integral de saneamiento de Ciudad de la Costa (Canelones), una obra estratégica para una zona en crecimiento que permitirá tratar efluentes de 300.000 habitantes aprox.
- Puesta en marcha del sistema integral de saneamiento de Maldonado y Punta del Este (Maldonado), obra importante para el país para atender la demanda poblacional estable y para mejorar el desarrollo de un área geográfica estratégica en la promoción del turismo nacional e internacional, diseñada para tratar efluentes de 450.000 habitantes aprox.
- Nuevas plantas de tratamiento de líquidos residuales para Artigas, Salto, Vergara, Colonia, San Ramón, Fray Marcos, Santa Lucía, Aceguá.
- Nuevas usinas de agua potable para Durazno y Treinta y Tres. Modernización y mejoras de los principales sistemas de abastecimiento: Aguas Corrientes (área metropolitana) y Laguna del Sauce (Maldonado)
- Construcción de una red de 10 laboratorios a nivel país para descentralizar los análisis de calidad y realizar el monitoreo y control operacional de la producción y distribución de agua potable.
¿Se están teniendo en cuenta los efectos del cambio climático en las políticas públicas?
Si. El Sistema Nacional Ambiental reúne con periodicidad al Gabinete Nacional Ambiental, OSE, el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), al Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad (SNRCC), la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Presidencia de la República (SNAACC) y al Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) justamente para pensar las políticas públicas desde la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental.
¿Cuáles son los principales retos del futuro para la gestión de los recursos hídricos?
En la medida que hemos podido identificar los principales problemas (preguntas 1 y 2); el desafío es poder diseñar soluciones, planificar acciones y ejecutar decisiones que construyan nuestra visión como país en relación al agua para un desarrollo sostenible, el acceso al agua y el saneamiento como derecho humano, y la gestión del riesgo de inundaciones y sequías frente al impacto del cambio climático.
