La Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, cuyo reglamento se publicó este fin de semana, constituye una reforma importante en el sector orientada a mejorar el desempeño de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) --que operan en el interior del país--, garantizar su gestión técnica y promover su integración para aprovechar economías de escala en la prestación de los servicios, informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
La norma, promovida por el MVCS, permitirá avanzar gradualmente en el incremento de la cobertura y el aseguramiento de la calidad y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento a nivel nacional, promoviendo el desarrollo, la protección ambiental y la inclusión social.
Dicha Ley, publicada el 18 de junio pasado, creó el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), organismo público técnico especializado adscrito al MVCS que establecerá normas de gobierno corporativo y procedimiento de evaluación de las EPS.
Asimismo, tendrá a su cargo la implantación de un Régimen de Apoyo Transitorio para las EPS que lo requieran, en el marco del cual se ejecutarán programas de fortalecimiento en aspectos comerciales, técnicos, operacionales e institucionales, con el fin de garantizar su sostenibilidad, en el marco de una gestión técnica especializada.
Hacia la reducción de brechas en el sector
El reglamento de la citada Ley, publicado por el MVCS el fin de semana, desarrolla principios, objetivos, mecanismos y procedimientos para lograr la modernización de los servicios de saneamiento a nivel nacional.
Entre los objetivos destacan la mejora de la administración y gestión integral de las EPS; el avance progresivo de la integración geográfica en la prestación de servicios de saneamiento, buscando economías de escala y la sostenibilidad financiera, técnica, ambiental y social de las EPS; y la autosuficiencia de dichas entidades
Todo esto permitirá reducir la brecha en infraestructura en el sector y asegurar el acceso de la población rural y de escasos recursos a servicios de calidad; así como la canalización de recursos a las EPS eficientes o en Régimen de Apoyo Transitorio, vía inversión pública, endeudamiento y, cuando sea posible, mediante Asociaciones Público Privadas (APPs).
Aquellas EPS que tengan buen desempeño serán premiadas con incentivos, y las que no acrediten un adecuado desempeño técnico/financiero y/o gobierno corporativo, requerirán del Régimen de Apoyo Transitorio. El objetivo es contar con EPS eficientes y sostenibles y con alta capacidad técnica.
Otro aspecto importante es que el reglamento de la Ley establece procedimientos y mecanismos para que las EPS puedan comercializar el agua residual tratada y los residuos sólidos, lo que permitirá generar ingresos adicionales que servirán para mejorar la calidad, cobertura, sostenibilidad de los servicios en beneficio directo de los usuarios.
