El Ejecutivo continúa sumando esfuerzos por acabar con la minería ilegal. Por eso, aprobó la Estrategia Nacional para la Interdicción de esta actividad que ya se encuentra en todas las regiones del país y ha devastado más de 50.000 hectáreas de bosque solo en la cuenca del río Madre de Dios.
La norma busca erradicar los principales enclaves de la minería ilegal y reducir los delitos conexos a esta actividad, como la trata de personas, la evasión tributaria, la explotación de menores, el daño al ambiente, entre otros.
A través del Decreto Supremo N° 003-2014-PCM, se establece que este Plan presentado por la Comisión Multisectorial de Seguimiento de las Acciones del Gobierno frente a la Minería Ilegal y del Desarrollo del Proceso de Formalización, se financiará con cargo al presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
La Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal se avala en el decreto Legislativo N°1100 que declara de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción relacionadas con la minería ilegal, a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio natural y de los ecosistemas frágiles, la recaudación tributaria y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.
