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El Gobierno de Perú condena la violencia en las protestas contra el proyecto minero 'Tía María'

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El primer ministro de Perú, Pedro Cateriano, ha condenado este jueves el uso de la violencia en las protestas que se vienen desarrollando desde hace cerca de un mes en la provincia de Islay contra el proyecto minero 'Tía María', que han dejado un saldo de dos muertos, decenas de heridos e importantes daños materiales.

"La vía para solucionar el tema es el diálogo, no el uso de la violencia. Por el contrario, debemos condenar el uso de la violencia, que genera más violencia. Como autoridades estamos obligados a frenarla", ha señalado Cateriano durante un encuentro en el Palacio de Gobierno con gobernadores regionales.

El jefe de Gabinete recomienda debatir los puntos a favor y en contra del proyecto con los opositores al mismo, aunque critica que "por motivos ideológicos"  se "impidan los proyectos de inversión que generan empleo y mejores condiciones de vida", tal y como informa el diario peruano 'El Comercio'.

"La vía para solucionar el tema es el diálogo, no el uso de la violencia"

"Mal le hace a la democracia rechazar el diálogo y la posibilidad de intercambiar impresiones, más aún cuando el gobierno aceptó que la Defensoría del Pueblo sea el órgano intermediario que facilite el diálogo", ha apostillado Cateriano, que reconoce los errores del pasado en relación con el proyecto -en material medioambiental- y asegura que ya se han subsanado.

Estas declaraciones llegan solo varios días después de que una persona haya muerto y otras dos hayan resultado heridas en el marco de las protestas. El fallecido fue identificado como Henry Checlla Chura, de 35 años de edad. Se investigan las causas de la muerte pero podría deberse al impacto de perdigones disparados por las fuerzas del orden.

Protestas en Islay

Desde el pasado mes de marzo los habitantes de Islay protestan contra el proyecto minero Tía María, con el que el Gobierno de Ollanta Humala y Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, pretenden extraer cobre por valor de 1.400 millones de dólares.

Los residentes en Islay están en contra de esta explotación cuprífera porque consideran que perjudicará el medio ambiente de la provincia, cuyas principales fuentes de riqueza son la agricultura y la ganadería.

"Nosotros estamos dispuestos a conversar. Lo que no está en nuestro vocabulario es la tregua. El diálogo debe entablarse mientras dure el paro", sostiene Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo.

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