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La Plataforma por la Defensa del Río Castril recurre el Plan Hidrológico del Guadalquivir

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  • Río Castril (Wikipedia)
  • Miguel Ortiz, ha justificado este recurso, que ya ha sido admitido a trámite, en que el nuevo plan hidrológico recoge en su articulado que el pantano del Portillo, situado en el término municipal de Castril, será "una zona de reserva para abastecimiento de agua potable a la comarca de Baza".

La Plataforma por la Defensa del Río Castril ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto por el que se aprueba el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, al considerar que el documento "pretende volver a dar cobertura legal al trasvase del río Castril", cuyas obras fueron paralizadas por una sentencia firme del Supremo.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de esta plataforma, Miguel Ortiz, ha justificado este recurso, que ya ha sido admitido a trámite, en que el nuevo plan hidrológico recoge en su articulado que el pantano del Portillo, situado en el término municipal de Castril, será "una zona de reserva para abastecimiento de agua potable a la comarca de Baza".

Las obras de canalización del trasvase afectaban a los términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar

Esta catalogación jurídica "impedirá su aprovechamiento para otros usos que se venían haciendo, como turísticos, industriales o riegos tradicionales", según añade Ortiz, y en base a ello mantiene que lo que se "intenta" es dar cobertura legal al trasvase del río Castril.

Ortiz advierte de que, tal como está aprobado, el Plan Hidrológico del Guadalquivir "perjudica gravemente al río Castril, a su vega y los pueblos ribereños, ya que no se ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas en su día y expuestas en las diferentes Jornadas y Mesas de Trabajo en las que ha participado" la plataforma previas a la aprobación definitiva de dicho plan.

Las obras de canalización del trasvase afectaban a los términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar y estaban enmarcadas en el Real Decreto de 2005 por el que se adoptaban medidas para corregir los efectos de la sequía de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

No obstante, el Tribunal Supremo paralizó los trabajos argumentando que este decreto de seguía fue anulado en 2010, por lo que quedaban también sin efecto las medidas adoptadas a raíz del mismo.

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