La consejera de Fomento del Ejecutivo regional, Marta García de la Calzada, se ha mostrado convencida de que la elevación a rango de ley los 400 hectómetros cúbicos de reserva de agua en la cabecera del Tajo refleja “la buena gestión” del Gobierno presidido por María Dolores Cospedal, tras alcanzar ayer un acuerdo de ámbito nacional gracias al que “Castilla-La Mancha tiene garantizadas las necesidades hídricas en el presente y en el futuro”.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marta García ha calificado este acuerdo como un “avance histórico para Castilla-La Mancha, que nos satisface y que refuerza la garantía de agua con el máximo valor normativo, es decir, a través de una norma con rango de ley”.
Castilla-La Mancha tiene garantizadas las necesidades hídricas en el presente y en el futuro.
“Otro aspecto del acuerdo es que se da prioridad a las obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional que permitan a nuestra región el uso de la infraestructura del Acueducto Tajo Segura (ATS), como las obras de la Llanura manchega o la segunda fase de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental”, ha explicado la titular de Fomento.
Marta García puesto en valor que el acuerdo alcanzado entre el Ministerio y cinco comunidades autónomas ha permitido la unidad en un asunto que “hasta ahora había generado conflictos territoriales y crispación”, al tiempo que ha elogiado que para lograr el pacto hidrológico “haya primado el sentido de Estado, sin renunciar a que todas nuestras necesidades estén garantizadas”.
Asimismo, Marta García ha apuntado que el acuerdo en materia hídrica incluye elementos fundamentales para una adecuada gestión del agua, como la certidumbre, mientras que “hasta ahora la gestión del agua era una decisión administrativa o política, pero sin norma jurídica que clarificara los extremos del trasvase”.
De este modo, ha proseguido Marta García, “ahora se da rango legal a la aplicación de aguas excedentarias para trasvasar y poder conocer así cuándo, cuánto se trasvasa y dónde va el agua trasvasada”, por lo que también se garantiza el principio de transparencia y de información a los ciudadanos, “quienes podrán conocer cómo se gestionan los embalses del Tajo para garantizar nuestras necesidades”.
