El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat catalana, Santi Vila, ha anunciado este martes que la Generalitat presentará una denuncia ante la Comisión Europea contra el plan hidrológico del Ebro aprobado por el Gobierno, al considerar que es un proyecto "claramente lesivo" para la preservación del Delta y la lucha contra la salinización del tramo final del río.
En rueda de prensa tras el Consell Executiu, Vila ha considerado que el plan "nace muerto" porque solo estará vigente este año y debe renovarse en 2015, y ha atribuido su aprobación al intento por parte del Ejecutivo central de evitar sanciones de la UE, que en virtud de la directiva europea del agua pide la aprobación de planes específicos para cada cuenca hídrica.
"Estamos convencidos de que la Unión Europea nos dará la razón", ha expresado el consejero, que ha asegurado que pese al llamamiento al diálogo del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el Gobierno no se ha puesto en contacto con la Generalitat en los últimos ocho meses para llegar a un acuerdo sobre el caudal mínimo.
Vila ha considerado que el plan "nace muerto" porque solo estará vigente este año y debe renovarse en 2015
La denuncia, según el Gobierno catalán, se fundamenta en las "inconsistencias" detectadas por la Agencia Catalana del Agua (ACA) y se centran en aspectos medioambientales, de gestión de las masas de agua y del procedimiento seguido en la aprobación, por lo deja al margen cuestiones competenciales, si bien Vila ha indicado que estudiarán también si presentar un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) e incluso acudir al Tribunal Constitucional (TC).
Vila, que ha recordado que la zona de Terres de l'Ebre ha sido recientemente declarada reserva de la bioesfera, ha considerado "legítimo" que cada una de las nueve comunidades autónomas por las que trascurre el Ebro defiendan sus intereses, pero ha precisado que las posiciones de Gobierno y Generalitat están actualmente muy alejadas.
El plan de cuenca del Ebro prevé unos 3.200 hectómetros cúbicos anuales en la desembocadura del Ebro, frente a los 7.000 que pedía Govern y entidades ecologistas como la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), aunque obtuvo 72 votos a favor y 9 en contra en la discusión del Consejo Nacional del Agua.
Preguntado sobre el apoyo al plan de las comunidades de regantes catalanas como la del canal Segarra Garrigues, Vila ha especificado que éstos "hacen bien" en defender sus intereses y el plan incorpora criterios de justicia, algo que no sucede aguas arriba, ha dicho, porque se contemplan necesidades futuras en función del cambio climático.
De hecho, ha asegurado que el proyecto prevé utilizar hasta 2.000 hectómetros cúbicos para 366.000 hectáreas de regadío nuevas, "la mayor parte fuera de Cataluña", lo que para el tramo final del río representa severas consecuencias negativas que ya pueden observarse, dado que el Delta está en regresión y en proceso de salinización.
"Las necesidades de los regantes son tan importantes como garantizar las necesidades y criterios ambientales", ha añadido, además de reclamar serenidad para abordar la discusión, cuya dificultad radica en que las negociaciones se han llevado a cabo bajo criterios políticos y no medioambientales.
Plan anterior
Preguntado también sobre la diferencia entre el actual plan y el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del año 2000 previsto por el Gobierno de José María Aznar, al que CiU brindó su apoyo, Vila ha considerado que son muy diferentes y no cabe hacer comparaciones porque supondría "incurrir en un problema grave de anacronismo".
De hecho, pese a no especificar la diferencia en hectómetros cúbicos en la desembocadura previstos en cada plan, ha indicado que los dos planes están separados por más de una década y que el anterior plan contempla un trasvase que el actual no incluye.
Asimismo, ha juzgado que a día de hoy el Delta del Ebro está "mucho más presionado", con un riesgo ambiental más acreditado, por lo que ha confiado en que la intervención de la Comisión Europea sirva para garantizar los criterios ambientales que el plan lesiona.
