La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha ejecutado en un 49 por ciento el Plan 'Hidra' -nombre tomado del monstruo mitológico policéfalo, por las múltiples 'cabezas' de actuación con las que también contará esta iniciativa-, una acción multidisciplinar, extraordinaria y con un plazo de aplicación de dos años -se prevé su finalización para el último trimestre de 2015- que permitirá invertir 30 millones de euros para implantar las medidas contempladas en el recién aprobado Plan Hidrológico del Guadalquivir que estén relacionadas con la mejora de la calidad de las aguas, la gestión medioambiental y del dominio público hidráulico.
En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la CHG, Manuel Romero, ha explicado que la pretensión ha sido articular un plan "temporal" donde se han agrupado las actuaciones de la Comisaría de Aguas, órgano de importancia en tanto que es el que se encarga del dominio público-hidráulico, al objeto de "agilizar su gestión".
De esta forma, el organismo invierte cuatro millones para la puesta al día del Área de Calidad, con el objetivo "fundamental" de establecer el desarrollo de controles biológicos, hidromorfológicos y físico-químico de forma sistemática en las aguas continentales y subterráneas de toda la cuenca, así como también se aportan 2,5 millones para elaborar un mapa de peligrosidad y riesgo de inundabilidad. En la mejora y recuperación del dominio público-hidráulico se invierten 14 millones, y siete en la tramitación de expedientes al objeto de subsanar el "retraso histórico" y sacar adelante los más de 21.000 documentos atascados.
También se contempla un apartado para agilizar y simplificar el procedimiento administrativo y desbloquear expedientes del dominio público-hidráulico heredados de la Junta al declararse las transferencias inconstitucionalmente nulas, algo que "ya está prácticamente acabado".
Asimismo, la CHG ha puesto en marcha una Oficina de Atención al Público, que en los primeros ocho meses ha atendido 13.000 consultas. Por último, se han destinado 1,2 millones a la organización de trámites de regularización de concesiones en zonas olivareras, arroceros y otras, así como también se prevé la inscripción de grandes zonas regables en el Registro de Aguas.
