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AEOPAS traslada a la ministra Ribera la necesidad de promover la gestión pública del agua

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Sobre la Entidad

Promedio
Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz.
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La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez, se ha reunido en Madrid con una amplia representación de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), presidida por el diputado delegado del Consorcio Promedio, Manuel Antonio Díaz González.

Representantes de una docena de operadores públicos del ciclo del agua integrados en AEOPAS presentaron a Ribera la asociación, cuyo objetivo principal es promover la gestión pública del ciclo integral urbano del agua y la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento.

Durante la reunión con la ministra, le han trasladado la necesidad de incorporar a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuestiones relacionadas con el derecho humano al agua y al saneamiento, la participación y transparencia de los operadores de agua, el control y limitación de los contratos concesionales y el establecimiento de indicadores comunes entre gestores de agua, entre otros aspectos.

Otro de los aspectos destacados durante el encuentro fue la propuesta de generalizar la gestión pública del agua. AEOPAS considera que mientras que, a nivel mundial, el 90% del abastecimiento del agua es de gestión pública, en España, y como consecuencia en buena parte por la crisis económica, la privatización de los servicios del ciclo integral urbano es elevada, alcanzando prácticamente a la mitad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento. La fórmula de privatización más utilizada en España es la concesión de los servicios a una empresa privada.

En este sentido, destaca que el agua sigue siendo pública y el servicio es competencia y responsabilidad de las entidades locales, pero la gestión se adjudica a un agente privado. Además, con frecuencia surge la figura del canon concesional, como una cantidad que la empresa privada adelanta por la concesión y que, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los usuarios sin que aparezcan claramente reflejados en la factura. El resultado es la desinversión, la exclusión y la ineficiencia.

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