En base al Memorándum firmado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las regiones de Murcia y Valencia relativo al trasvase Tajo-Segura, el Partido Popular ha introducido una serie de enmiendas a la Propuesta de Ley de Evaluación Ambiental actualmente en tramitación en el Congreso. Estas enmiendas, elaboradas con total opacidad, dan un giro radical no sólo a la regulación del trasvase Tajo-Segura, sino también a la política de aguas en este país, sin absolutamente ningún debate ni información pública, y eludiendo cualquier participación de importantes Comunidades Autónomas que podrán verse afectadas por esta regulación, como Aragón, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, etc.
La Fundación Nueva Cultura del agua ha elaborado dos informes jurídicos sobre los efectos de estas enmiendas. El primer informe pone de manifiesto la modificación del régimen jurídico y reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, dando prioridad a los intereses de las cuencas receptoras del trasvase y a costa de la cuenca cedente. Estas profundas modificaciones se han producido al margen del proceso de planificación hidrológica actualmente en marcha.
El segundo informe pone de manifiesto que las enmiendas de la Ley de Evaluación Ambiental ponen las bases de un mercado generalizado de aguas intercuencas. El nuevo informe complementa el aparecido hace unos días y analiza las enmiendas 306 y 307 en las que se pretende facilitar el régimen de las ventas de agua entre distintas cuencas, centralizar su autorización y otorgar certeza a los beneficiarios de trasvases a costa de los usuarios de la cuenca cedente.
Ambos informes se han facilitado a partidos políticos con representación parlamentaria. Ante el voto en el Senado en la primera quincena de noviembre del proyecto de Ley, la FNCA espera que los responsables políticos ejerzan sus funciones con responsabilidad y eliminen las enmiendas introducidas en dicho proyecto de Ley relativas al trasvase Tajo-Segura.
