El 49 % de los españoles pagaría más por el agua para garantizar cantidad y calidad
La discusión sobre el precio del agua urbana en España ha dejado de ser un asunto estrictamente técnico para situarse en el centro del debate sobre la sostenibilidad del ciclo urbano. En un contexto marcado por el estrés hídrico, el envejecimiento de infraestructuras y mayores exigencias regulatorias, el análisis de Sofía Tirado Sarti, del Real Instituto Elcano, aporta evidencia empírica sobre un elemento clave: hasta qué punto la ciudadanía está dispuesta a asumir incrementos en su factura doméstica.
El trabajo sitúa el caso español en perspectiva comparada europea y parte de un dato estructural: en 2025, el precio medio del agua urbana para uso doméstico en España se situó en torno a 2,23 €/m³, aproximadamente un 43% por debajo de la media europea, según el Estudio Nacional de Suministro y Agua Potable y Saneamiento de DAQUAS. En el extremo opuesto, países como Dinamarca registran valores medios cercanos a 9 €/m³, bajo esquemas regulatorios orientados al equilibrio financiero y la recuperación íntegra de costes.
En 2025, el precio medio del agua urbana para uso doméstico en España se situó en torno a 2,23 €/m³, aproximadamente un 43% por debajo de la media europea
En la UE, la Directiva Marco del Agua establece el principio de recuperación de costes —incluidos los ambientales y del recurso— y refuerza el papel del precio como instrumento para fomentar un uso eficiente. No obstante, su aplicación es heterogénea. En España, las tarifas son competencia municipal y se aprueban mediante ordenanzas locales, sin un regulador económico nacional que armonice metodologías. El resultado es una elevada dispersión territorial: para un consumo anual de 150 m³, la factura puede oscilar entre menos de 150 y más de 500 euros anuales, según la comunidad autónoma y el municipio.
El análisis subraya que esta combinación de precios relativamente bajos y heterogeneidad territorial convive con una percepción social ambivalente. Un 33% de la ciudadanía considera que el agua es cara, aunque la factura representa, de media, menos del 0,84% de la renta de los hogares, por debajo del umbral de asequibilidad del 3% establecido por Naciones Unidas para el abastecimiento. Además, un 35% de los usuarios no recuerda el importe de su última factura y un 18% declara no revisarla.
Disposición al pago
El 49% de los encuestados afirma estar dispuesto a pagar más en su factura si el incremento se destina a financiar inversiones que garanticen un suministro suficiente y de calidad. Entre quienes aceptarían una subida, las razones principales se centran en la eficiencia y sostenibilidad del uso del agua (30%) y en la inversión en infraestructuras y prevención de pérdidas (29%), seguidas de la mejora de la calidad del agua (18%). Las motivaciones vinculadas a la conciencia social tienen menor peso (8%).
El análisis muestra que la autoeficacia percibida —considerar que se puede reducir el consumo propio— incrementa en torno a 15 puntos porcentuales la probabilidad de aceptar un aumento. La renta también influye: los hogares de ingresos medios y altos presentan entre 12 y 15 puntos más de probabilidad que los de menor renta. La percepción del precio resulta determinante: considerar que el agua es barata aumenta la aceptación en unos 12 puntos, mientras que percibirla como cara la reduce en magnitud similar. La confianza institucional y la preocupación por los problemas del agua refuerzan la disposición, mientras que recordar el importe de la factura se asocia con menor aceptación.
Entre quienes rechazan pagar más, el 42% considera que el coste actual ya es suficientemente alto y el 25% expresa desconfianza en la gestión. El análisis señala que, consideradas conjuntamente, las categorías que pueden interpretarse como respuestas protesta —vinculadas a desconfianza institucional, atribución del coste a otros actores o a la idea de que el precio actual ya es suficiente— representan aproximadamente el 80% de quienes no estarían dispuestos a pagar más.
¿Cuánto más estarían dispuestos a pagar los hogares?
El análisis de Tirado Sarti no se limita a medir la aceptación abstracta de una subida, sino que explora su alcance cuantitativo. A las personas que declararon estar dispuestas a pagar más se les planteó un supuesto concreto: cuánto estarían dispuestas a abonar adicionalmente si ya pagasen 30 euros al mes por el servicio de agua.
Los resultados apuntan a un margen moderado. La totalidad de quienes aceptarían un incremento asumiría hasta tres euros mensuales adicionales. Más de la mitad respaldaría aumentos de hasta 10 euros al mes. A partir de ese umbral, el nivel de apoyo desciende progresivamente, y solo un 6% aceptaría pagar más de 30 euros mensuales adicionales.
Entre quienes muestran disposición a asumir una subida, la cuantía media adicional se sitúa en torno a 9,4 euros al mes por hogar. El dato sugiere que, en términos agregados, existe espacio para incrementos limitados, siempre que se vinculen de forma explícita a mejoras concretas del servicio y a la garantía de su sostenibilidad.
Implicaciones para la política tarifaria
El análisis sitúa la tarificación del agua como un instrumento central de la política hídrica europea, no solo desde la óptica de la sostenibilidad financiera del servicio, sino también como herramienta para orientar comportamientos y reforzar la resiliencia del sistema. En el caso español, el debate no se limita al nivel de precios, sino que afecta a la coherencia entre costes, señales económicas y capacidad institucional para sostener el ciclo urbano en un contexto de mayor presión climática y regulatoria.
La aceptación social de eventuales ajustes tarifarios depende en gran medida del marco en el que se formulen
La aceptación social de eventuales ajustes tarifarios depende en gran medida del marco en el que se formulen. Cuando los incrementos se presentan vinculados a objetivos concretos —garantía de suministro, inversiones o refuerzo del sistema—, el respaldo es mayor que cuando se plantean de forma aislada. La relación entre conciencia sobre los problemas del agua y disposición al pago no es excluyente, sino complementaria.
Se subraya, además, el papel determinante de las percepciones y de la confianza institucional. La forma en que se diseñan y comunican las tarifas influye directamente en su legitimidad social. Una mayor transparencia, una facturación más comprensible y una explicación clara del destino de los recursos aparecen como condiciones necesarias para sostener cualquier reforma.
Finalmente, el análisis recuerda que el debate sobre el precio del agua urbana debe situarse dentro de una visión más amplia de gobernanza del recurso. Avanzar hacia una política tarifaria socialmente aceptable exige superar planteamientos simplificados y abrir una discusión más fundamentada sobre cómo distribuir costes, responsabilidades e incentivos en el conjunto del sistema.