Un nuevo informe del Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento de la OMS y UNICEF ha encontrado que el acceso al agua y saneamiento sigue siendo un reto en algunos países europeos, según informa el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD).
El documento, sobre el derecho humano al agua y saneamiento en la práctica (The Human Rights to Water and Sanitation in Practice), ha sido presentado por las agencias de la ONU en la Quinta Reunión de las Partes del Protocolo sobre Agua y Salud, un acuerdo internacional para proteger la salud pública y el bienestar mediante una mejor gestión de los recursos hídricos, la protección de los ecosistemas acuáticos, y la prevención, control y reducción de las enfermedades vinculadas con el agua. El protocolo proporciona un marco para poner en práctica el derecho humano al agua y saneamiento.
Aunque en la actualidad la mayoría de los ciudadanos europeos dan por hecho disponer de agua potable, los resultados de este informe indican que 31 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico, 48 millones no tienen agua corriente en sus hogares, y más de 300.000 personas defecan al aire libre, la mayoría en zonas rurales. Los resultados se han obtenido a partir de auto-evaluaciones realizadas por 11 países de la región paneuropea: Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Francia, Hungría, Macedonia del Norte, Moldavia, Portugal, Serbia, España y Ucrania.
En cuanto a resultados específicos, se ha encontrado una falta de concienciación sobre los derechos humanos por parte de las administraciones públicas, discriminación contra las minorías, e instalaciones inadecuadas para la higiene menstrual en lugares públicos como colegios y hospitales. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) afirma que aún queda "mucho camino por recorrer" para mejorar el acceso al agua y saneamiento y alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Las recomendaciones a los países incluyen reducir las diferencias geográficas en los servicios prestados, prevenir la discriminación de colectivos vulnerables, y garantizar la asequibilidad de los servicios.
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