La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) ha adjudicado a CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A. el contrato para la construcción y puesta en marcha de ocho nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en las provincias de Ávila y Salamanca. La empresa zamorana se ha hecho con el contrato por un importe de 5.417.099,51 euros (sin IVA), frente a un presupuesto base de licitación de más de 6,9 millones de euros.
El procedimiento abierto atrajo a cuatro empresas, cuyas ofertas fueron valoradas en base a criterios técnicos y económicos:
Contratas y Obras San Gregorio S.A., con una oferta total de 5.417.099,51 euros, obtuvo 20 puntos en los criterios técnicos y 75 puntos en los criterios automáticos (económicos y mejoras), alcanzando una puntuación total de 95 puntos, lo que le aseguró la adjudicación.
En segundo lugar quedó la UTE formada por BIC Restauración y CopseSA, con una oferta de 5.541.107,79 euros. Obtuvo 21 puntos en la parte técnica y 73,47 puntos en la parte automática, con una valoración global de 94,47 puntos.
La UTE Rover Infraestructuras S.A. – Ambling Ingeniería y Servicios S.L. presentó una oferta de 5.454.849,32 euros, recibiendo 17,25 puntos por su propuesta técnica y 74,53 puntos en la parte económica y de mejoras, con un total de 91,78 puntos.
Finalmente, Aqlara Ciclo Integral del Agua S.A.U., con una oferta de 5.584.798,66 euros, sumó 13,25 puntos en criterios técnicos y 72,93 puntos en criterios automáticos, lo que resultó en una puntuación total de 86,18 puntos.
Los municipios beneficiados por este contrato son Riocabado, El Raso (Candeleda), Las Berlanas y Navalosa en Ávila; y Fuentes de Béjar, Monte la Rad (Galindo y Perahuy), Gomecello y San Muñoz en Salamanca. El contrato incluye un plazo de 24 meses para la ejecución de las obras, seguido de 6 meses para la puesta en marcha de las instalaciones.
Una estrategia regional para la depuración rural
Este proyecto se enmarca dentro del Programa Territorial de Saneamiento y Depuración en Castilla y León, una iniciativa impulsada por la Junta con el objetivo de garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales en poblaciones pequeñas, donde históricamente no existían sistemas de depuración adaptados a su escala.
La actuación forma parte del paquete de 30 nuevas depuradoras que la administración autonómica ha sacado a licitación en los últimos meses, con una inversión global superior a los 23 millones de euros. La medida busca dar respuesta al cumplimiento de las directivas europeas en materia de calidad del agua, así como a las exigencias de las confederaciones hidrográficas en cuanto a vertidos.
Desde la Consejería de Medio Ambiente se insiste en que el modelo elegido —centrado en soluciones descentralizadas, sostenibles y de bajo mantenimiento— permite adaptarse a las condiciones específicas del medio rural, favoreciendo además la cohesión territorial y el equilibrio ambiental. En este sentido, se prevé que cada instalación incorpore tecnologías eficientes, reduzca el consumo energético y garantice una gestión sencilla y eficaz en el tiempo.
Además de su valor medioambiental, el proyecto tiene un impacto económico directo en el territorio, ya que moviliza obra pública en municipios con escasa inversión estructural. El plan, financiado con fondos autonómicos, no depende de fondos europeos, lo que ha permitido agilizar los trámites y priorizar la ejecución.
