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Agua urbana: ¿Oportunidad perdida o momento de cambio?

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  • Agua urbana: ¿Oportunidad perdida o momento cambio?
    (Fotografías: Pablo González-Cebrián/iAgua).
  • Ponemos sobre la mesa los retos a los que se enfrenta la gestión del ciclo urbano del agua en España: ¿Estaremos en el buen camino?

En 2016, reunimos a un grupo de expertos para debatir sobre el ciclo urbano del agua en nuestro país. Hoy, casi 3 años y 10 Foros iAgua Magazine después, las cosas no han avanzado al ritmo esperado, y los problemas que analizamos en esta edición número 22 del foro guardan un asombroso parecido con sus antecesores.

Pero no todo es igual que entonces. La millonaria multa que Europa impuso a España en 2018 ante la falta de depuración en numerosos municipios ha marcado un hito que nuestro país no puede permitirse el lujo de repetir. Con todo, este severo toque de atención es tan solo la punta de un iceberg que navega a la deriva de la vacuidad de peroratas políticas, empeñadas en distraer de las verdaderas necesidades de la gestión hídrica en nuestras urbes y en utilizar con fines partidistas un recurso sensible en casi todo el territorio español. La cercanía de las elecciones municipales (y estatales) no ayuda a fijar el verdadero foco de atención en este sentido.

Sin embargo, no hay espacio para el desánimo en esta carrera contrarreloj que determinará el futuro de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento que heredarán las próximas generaciones. El mensaje de la falta de inversión y la necesidad de un regulador ya se ha lanzado: queda en manos de administraciones y gestores recoger el testigo que marcará el rumbo del sector en los años venideros.

Con todo ello, este 2019 hemos reunido en Roca Madrid Gallery a Manuel Navarro, director de Ciclo del Agua de ACCIONA Agua; Gonzalo Murillo, director de Operaciones de Gestagua; Belén Benito, directora de Operaciones de Canal de Isabel II; y Alejandro Maceira, fundador y director de iAgua que en esta extensa charla debaten los devenires del escenario que nos toca empezar a cambiar.

Foro iAgua Magazine 22

Así estamos

Manuel Navarro comienza con el contexto: “La gestión del agua en nuestro país está en manos de 3 administraciones públicas: estatal, autonómica y local. El ciclo urbano es responsabilidad de la administración local”. Y aquí empiezan las disfunciones: “En España hay 8.200 municipios”, y puntualiza que “esto no es bueno ni malo, es un hecho, y con ello tenemos que gestionar de la forma más eficiente posible el ciclo del agua porque ello no va a cambiar ni en el medio ni en el largo plazo”. Por tanto, “los operadores públicos y privados y las administraciones locales que gestionan el agua de forma directa tienen que gestionar a estos tres niveles”, y “hacerlo de forma eficiente en beneficio del usuario: un servicio mejor al menor precio posible y con la mayor calidad”.

Manuel Navarro

“Estoy completamente de acuerdo”, asiente Gonzalo Murillo. “El marco competencial está muy repartido y no es probable que vaya a cambiar. Otra cosa es qué podemos hacer para evitar las disfunciones que puede producir”. Y remarca: “Es ahí donde puede establecerse el debate de cuáles son las vías para paliar esas difusiones que se producen. Porque, efectivamente, hay distintos niveles; en algunos casos, demasiados”. ¿Su propuesta? “Un marco común que armonice toda la gestión del ciclo. Para empezar, que pueda ser integral, porque está compartimentado desde el punto de vista competencial. Si a ello sumamos la nueva ley de contratos, que aboga por la división de contratos en lotes, etc., se pone en riesgo la eficiencia que supone una gestión integral del agua”.

Gonzalo Murillo

Desde su posición en una empresa pública, Belén Benito conoce bien el tema: “Hay distintas administraciones garantes de distintas partes del ciclo, y eso es ineficiente”. Canal de Isabel II es un ejemplo muy particular de lo contrario: “Hemos tratado de unir las competencias locales y autonómicas mediante convenios con ayuntamientos, haciendo más eficaz la gestión”. Reconoce a su vez que “resulta prácticamente imposible que una administración local pueda invertir en infraestructuras y en su mantenimiento solo con sus medios”. La alternativa es “o delegar competencias o la unión territorial”.

No todo son malas noticias. Alejandro Maceira recalca que “los servicios del agua en España gozan de buena salud. Somos uno de los países más secos del mundo, acogemos a cerca de 90 millones de turistas cada año y hemos articulado un sistema que, con sus virtudes y defectos, es capaz de dar respuesta al máximo nivel”. En cuanto a al marco competencial, entiende que “es suficiente, pero sin duda mejorable”. Además, considera que “la fragmentación competencial introduce incertidumbre sobre cómo hacer las cosas: tarifas, calidad del servicio, control de las instalaciones…”. Y alude a la empresa de Belén Benito: “El modelo del Canal es ideal, pero difícilmente replicable. 8 millones de usuarios concentrados en un área muy pequeña permiten aplicar economías de escala. En regiones con dispersión poblacional tenemos que introducir otras figuras”. Su impresión global va más allá: “Cuando alguien llega a la cartera ministerial que tiene las competencias de agua, le llegan las mismas reclamaciones de siempre. Cuando ven la complejidad que implica, lo ‘meten en el cajón’ y ahí se queda hasta que venga el próximo”, se lamenta.

Belén Benito

“A lo mejor, con un Ministerio que llevara la palabra agua en su título, ganaríamos un poco, -bromea Belén Benito- porque no es un problema nuevo. En algún momento habrá que afrontarlo”. Ante esta disyuntiva, Alejandro Maceira apuesta por la figura del regulador: “Necesitamos una figura que coordine, valore y dé indicaciones de estándares, calidad de aguas, tarifas, etc. Sería bienvenido por el sector, pero también por los usuarios, que tendrían la información necesaria sobre si un servicio se acerca a la excelencia o no”.

Ley del Ciclo Integral del agua, la eterna promesa

Todas estas demandas necesitan un cauce común. “Desde el sector del agua llevamos años solicitando la Ley del Ciclo Integral del Agua”, afirma Manuel Navarro. Explica que “tiene que ser una ley a nivel nacional, para que lo que se apruebe lo cumplan y desarrollen las autonomías y municipios”. En cuanto a la parte económica, estima que es “inconcebible que, en el ciclo integral del agua, o se pague menos de lo que cuesta (y lo pagarán nuestros descendientes), o se pague más de lo que cuesta y ese dinero se vaya a otros usos”. Otro de los elementos fundamentales en esta ley, a su juicio, es “un canon de saneamiento para hacer inversiones y mantener en perfecto estado el sistema de depuración en nuestro país, pero que lo paguemos todos”. Y es que en España “tenemos comunidades autónomas que tienen canon de saneamiento finalista, otras que no lo tienen finalista y van a la caja pública y otras que no tienen canon de saneamiento. Ese no es el camino”.

La sostenibilidad económica sería otro pilar de esta ley. “El servicio tiene que generar unos ingresos que puedan financiar los costes de operación eficientes y las inversiones de reposición recurrentes y necesarias”, aporta Manuel Navarro. Este elemento tiene dos componentes: “Indicadores de calidad que obliguen a todos los operadores a dar un servicio en beneficio de los ciudadanos, e incluirse las inversiones”. Es decir, “medir la parte económica y la calidad del servicio”. En cuanto a la figura del regulador, “tiene que ser a nivel nacional, que marque políticas que desarrollen y ejecuten las comunidades autónomas, donde actúan las comisiones de precios que por ley controlen la sostenibilidad económica y la calidad del servicio”.

Manuel Navarro

Medir parece una buena idea para acabar con uno de los debates más recurrentes en el sector, cree Belén Benito: “Evitaría el discurso maniqueo de ‘todo lo público es ineficiente, pero da un servicio estupendo, y todo lo privado solo maximiza el beneficio en detrimento del servicio’. No. Sea cual sea el carácter de la empresa, los indicadores son los que son. Eso permitiría una comparación sana y objetiva que nos alejaría de un discurso que no nos lleva a ningún sitio”.

“De igual forma -interviene Gonzalo Murillo- que conocer el contenido de una estructura tarifaria: ¿cómo se originó? Es comparar municipios próximos. Hay cosas inconcebibles en cuanto a la política tarifaria que hay que homogenizar, porque al final estamos castigando políticamente a aquel que toma la decisión valiente de adaptar su tarifa para que incluya los costes de reposición de la infraestructura. Si eso sigue en un ámbito tan politizado, es un problema”.

Alejandro Maceira hace el resumen: “Hay 2 palabras claves: objetividad y transparencia. La figura de un regulador vendría a unir ambas”. Lo ejemplifica: “En España, en los últimos 10-12 años hemos visto una caída dramática de las inversiones en materia de agua. Esto lo vamos a pagar nosotros, y los que vengan después. Y no solo los ciudadanos, sino el propio país, con multas de la Comisión Europea por no cumplir las directivas de depuración y la Directiva Marco del Agua. Pero a la hora de valorar el estado de los servicios, nos encontramos con limitaciones de la objetividad y la transparencia: no tenemos con qué comparar. Esta situación nos lleva a un debate maniqueo sobre modelos de gestión que se aleja de las claves para mejorar la calidad del servicio”.

¿Dónde están las inversiones?

Recuperación de costes, tarifas, inversiones… el dinero se mueve, pero no en la dirección adecuada. “Si continuamos con el actual nivel de inversión, la calidad del servicio está en peligro”, expone Gonzalo Murillo. “O somos conscientes de que hemos alcanzado unas cotas de calidad en los servicios de abastecimiento que no vamos a poder permitirnos en el futuro, o vamos a tener un problema serio. Nos hemos acostumbrado a que las grandes inversiones en infraestructuras las hiciera el Estado. Ahora se trata de mantener lo que tenemos”, remata.

“Durante una temporada larga hemos tenido mucho dinero de Europa”, observa Belén Benito. “Pero eso se ha acabado”. Narra un caso estremecedor: “En determinados lugares, se deja que se arruine la instalación construida por falta de mantenimiento o inversión. Una vez arruinada, es infinitamente más caro volver a ponerla en marcha. Deberíamos aprender que la inversión en reposición y el mantenimiento preventivo es la mejor manera de prolongar la vida útil de las infraestructuras y garantizar el servicio”.

Manuel Navarro va a lo concreto: “Este tema lo tratamos todos los días en las empresas. Cuando presentamos ofertas, definimos qué activos nos van a entregar y calculamos su vida media, y con ello se determina los fondos necesarios para la reposición de los activos. Lo que la administración propone en concurso es infinitamente menor. ¿Cuál es la conclusión? Que, al cabo de la vida de ese contrato, los activos que dejas están en peor calidad que los que has recibido”. Su advertencia es clara: “Hay que pagar lo que corresponde para mantener lo que tenemos en buen estado. Esas inversiones operativas o de reposición tienen que estar incluidas en los pliegos de condiciones”. En esta tesitura, imagina el siguiente escenario: “Un regulador nacional que, primero, obligara al licitador a exigir eficiencia, medida con indicadores. El que esté por debajo, que lo pague el operador hasta llegar a los niveles de calidad y eficiencia. Y segundo: que sea obligatorio un período de retorno de 1, 2 o 3 % cada año de esos activos. Le haríamos un favor a la administración local, y todo el mundo licitaría”.

Manuel Navarro

Plan DSEAR, más de lo mismo

Y si las inversiones en infraestructuras no llegan, en materia de depuración los avances tampoco son los deseados. El Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), no es suficiente. “Es una actualización de los planes anteriores de las necesidades que tenemos en depuración”, detalla Manuel Navarro. “Llevamos años revisando lo que tenemos que hacer, pero se hace poco. Ese es el reto que hay que poner en marcha con la siguiente administración”, matiza. “Aunque tenemos un elevado grado de depuración, -prosigue- quedan pequeños núcleos sin el servicio. También tenemos que mejorar los tratamientos en zonas sensibles. Pero donde tenemos la verdadera distancia respecto a Europa es en los tratamientos terciarios, requeridos para poder reusar el agua”.

La reflexión de Belén Benito sigue en la línea del Director de Ciclo del Agua de ACCIONA Agua: “Este plan coge las actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización de los planes hidrológicos y las ordena. Todavía estamos en la fase de asignar responsabilidades y competencias sobre esas actuaciones, con lo que el problema de la financiación y de la responsabilidad no se soluciona”. E insiste: “Todavía queda un nutrido número de depuradoras que necesitan actualizar la reducción de nutrientes, que es previa a la reutilización. En el Canal nos queda una decena de depuradoras por actualizar que financiamos directamente, porque si esperamos a que la Administración Central tenga presupuesto, no lo hacemos. Hay administraciones autonómicas y locales que no pueden enfrentarse a esto”.

Belén Benito

Gonzalo Murillo identifica más desafíos: “Aquellos municipios que por iniciativa propia acometieron sus inversiones, se han encontrado con una doble imposición: sus usuarios estaban pagando esas inversiones en la tarifa y, además, tienen que seguir pagando el canon. Son disfunciones que no pueden permitirse, porque son injustas. Con lo cual, la clave del Plan DSEAR, aparte de poner al día, es justamente cómo se financia”. Y enfatiza que “se le ha dado el enfoque de siempre: se ha hecho el paquete de necesidades, que gran parte iba a Europa a financiar. Ahora tenemos el paquete, pero no tenemos dónde colocarlo”.

Alejandro Maceira corrobora sus palabras echando la vista atrás: “El Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 tenía una inversión de 15.000 millones de euros. Una barbaridad para los estándares actuales, porque el programa presupuestario de calidad de las aguas está en torno a 200 millones de euros anuales en los últimos ejercicios. Toda la inversión estatal en aguas está en torno a 1.200 millones”. Su reflexión es clara: “DSEAR es un nuevo envoltorio para el Plan Nacional de Calidad de las Aguas con más peso para la reutilización, porque estamos en un paradigma de economía circular y el dinero europeo ahora mismo es más fácil de conseguir por esa vía. Me parece inconcebible que, después de 10 años de cambio de paradigma de la situación fiscal de España y la capacidad de inversión, no se haya dado ningún paso para articular nuevos modelos que permitan financiar las inversiones pendientes”. “Son muchos miles de millones todavía pendientes”, concluye Belén Benito.

Tarifando por las tarifas

Seguimos hablando en euros. “Hasta ahora, las inversiones en el ciclo integral del agua en España estaban en parte subvencionadas por la Unión Europea y el presupuesto público. De ambos poco nos va a llegar ya. En el futuro del ciclo integral del agua no va a haber subvenciones: vamos a necesitar financiación, que se consigue con una tarifa que permita operar de forma eficiente y pagar la deuda y los intereses de las inversiones”, define Manuel Navarro. “Aquí entran las empresas sostenibles económicamente. Las públicas como el Canal de Isabel II, si aprueban unas tarifas sostenibles, podrán ir al mercado financiero a captar fondos y hacer inversiones. Pero, ¿qué ocurre con las administraciones locales medianas y pequeñas que no tienen una empresa pública de ese tamaño? Se pueden apoyar en las empresas privadas de operación que, con una tarifa sostenible, puedan endeudarse para hacer esas obras”. Resume así: “Lo tiene que pagar el usuario en cómodos plazos y bien controlado. Y lo tienen que financiar los operadores públicos o privados”. Gonzalo Murillo refrenda sus palabras: “Estoy totalmente de acuerdo, no hay otra salida”.

“De todas maneras -añade Belén Benito- si al usuario se le va a pedir un esfuerzo por incremento de tarifas, volvemos al principio: habrá que explicarle muy bien por qué y para qué. Si sumamos indicadores de transparencia, la comparación entre empresas, sean públicas o privadas, se facilita y se mejora”.

Alejandro Maceira reflexiona sobre estas últimas palabras: “Hablas de las consecuencias para los usuarios. Tenemos un ejemplo en Flint en Estados Unidos, un caso que viene del deterioro de las infraestructuras”. Vuelve a España: “Estamos lejos de esa situación, pero la renovación no se está realizando al ritmo que debiera y la eficiencia de la red de agua está disminuyendo. Las encuestas de AEAS lo ponen en la mesa cada 2 años. Ese deterioro tiene consecuencias. Ojalá no lleguemos a una crisis de salud pública como en Estados Unidos, un país con recursos suficientes y tecnología más que puntera para evitarlo, que ha sufrido un problema por la dejadez durante años en la renovación y el mantenimiento de infraestructuras”. Por otro lado, secunda las palabras de la Directora de Operaciones de Canal de Isabel II: “Otra vía es explicarle al ciudadano qué consecuencias tiene no hacerlo. Además, España recibe 85 millones de turistas. No puede ser que en España haya playas cerradas al baño porque no hay una depuradora que devuelva el agua en condiciones. Tiene que ser una prioridad, y tenemos que hacer llegar al ciudadano que ésta es una de las consecuencias de no cuidar el agua, de no renovar las infraestructuras y de no tener un sistema sostenible en el tiempo”.

Alejandro Maceira

En busca de la tarifa ideal

¿Existe entonces la tarifa perfecta? Según Manuel Navarro, será “aquella que genere los ingresos necesarios para operar de forma eficiente y permita hacer las inversiones necesarias”. Ni más ni menos. “No somos conscientes de que las tarifas tienen que generar ingresos para prestar un servicio hoy y en el futuro. Y es fácil: son los costos de operación eficientes y las inversiones”. “Los últimos datos de AEAS -continúa Manuel Navarro- indican que, en España, la tarifa media es de 2 euros por metro cúbico. Eso quiere decir que hay áreas donde está por encima de 4 euros, como las islas y la costa mediterránea, y en el interior del país, donde el agua es más fácil de conseguir o no hay que transportarla, cuesta 1 euro. Esa tarifa media tiene que generar unos ingresos en el largo plazo. Estamos todavía con revisiones tarifarias año a año, cuando nuestros contratos e inversiones son a 30 años”. Y cuestiona: “En países más avanzados hablan de planes quinquenales, se fija una tarifa a la que se aplicará la inflación de forma automática y se tienen en cuenta las inversiones. Y cada 5 años se revisa. Esto daría confianza a los bancos para prestar el dinero para los proyectos, por ejemplo. Un regulador podría cambiar esto”.

Para Gonzalo Murillo, la disyuntiva es que “los operadores nos encontramos con que tenemos que trabajar para bajar la demanda, cuando paradójicamente vivimos de la demanda. Ese sinsentido tiene que terminar. El operador tiene que hacer su trabajo, y además debería recibir un premio cuando lo haga bien. Tenemos que ir hacia modelos de gestión donde alguien con criterio más técnico pueda hacer ese control y seguimiento”. En este sentido, Belén Benito opina que “las tarifas progresivas son muy persuasivas. Si alguien quiere consumir más y se lo puede permitir, que sepa que el agua es un bien escaso y que le va a costar más”. De hecho, “esa mejora en el diseño tarifario ha sido clave para que el consumo de agua en España sea de los más bajos de Europa: alrededor de 110 litros por habitante y día”, informa Alejandro Maceira.

En lo que no hemos conseguido resultados es “en la recuperación de costes que obliga la Directiva Marco del Agua. No se apela a esas cuestiones: nadie sabe si estamos recuperando el coste de los servicios o no”, aclara el Director de iAgua. “También echo de menos la falta de comparabilidad. Manuel hablaba de variabilidades del 300-400% en las tarifas en España. Eso introduce confusión en el usuario. Ahí entra en juego la parte política y el mensaje demagógico de que el ‘bueno’ es el que no sube la tarifa o la baja, y el ‘malo’ es el que la sube”. Gonzalo Murillo atestigua que ha encontrado “algunos municipios que llevan 10 años sin tocar la tarifa, y quieren meter un bono social por cuestiones políticas”.

Por su parte, Belén Benito apostilla que “este sector es intensivo en infraestructuras, y la sostenibilidad pasa también por hacerlas compartidas. El modelo de Canal es muy difícil de replicar, pero unos modelos mancomunados o supramunicipales redundarían en que las tarifas se aplican mejor”.

“Y tenemos soluciones de éxito: mancomunidades, consorcios… los pequeños municipios se agrupan y buscan operadores comunes para crear economías de escala y sinergias que se traducen en un mejor servicio a mejor precio”, extiende Manuel Navarro. “Este es el modelo ideal para nuestro país, quitando las ciudades grandes”.

Modelos para todos

Hablando de modelos, Manuel Navarro aclara que “el 50% del agua en España está suministrada por empresas privadas y el otro 50% por empresas públicas o administraciones. Es un equilibrio sano”. Y sostiene que “como profesional del sector, no hablo de privado y público, sino de eficiencia. Aquel que sea capaz de dar un servicio de mejor calidad con el menor coste, tendrá mi reconocimiento. Tenemos ejemplos de empresas públicas que lo hacen muy bien, y en empresas privadas es igual. Funcionan los dos modelos: lo público eficiente y lo privado eficiente. O lo mixto”.

“Estoy de acuerdo”, concuerda Belén Benito. “Demonizar lo público por falta de eficiencia no tiene sentido, porque hay empresas que demostramos lo contrario. Demonizar al privado pensando que va a sacrificar el servicio por obtener más beneficio económico también es falso, porque tenemos muestras de lo otro. En cada sitio habrá un modelo que encaje mejor, pero hay que obtener lo mejor para que el servicio sea eficiente”.

“Es un debate dogmático, porque es imposible buscar argumentación con ciertas personas”, arguye Alejandro Maceira. Además, “en cualquier tipo de empresa pública actual en España hay una colaboración con empresas privadas. A estas alturas, prescindir de la colaboración público-privada está un poco demodé”. Hacer frente a estos retos se complica sin esta figura: “La legislación europea se extiende cada vez más, y es imposible que un pequeño ayuntamiento, por muy buena voluntad o muy buenos ingenieros que tenga, pueda dar el servicio. Ahí tiene que estar la colaboración público-privada de una forma en la que haya implicación por las dos partes. Es una responsabilidad compartida”, ratifica.

“¿Cómo se van a movilizar las inversiones que hacen falta sin esta colaboración de las empresas públicas o privadas?”, se pregunta Gonzalo Murillo. “Este es un punto clave: perder de vista el gran problema que tiene el sector ahora mismo, que es el déficit de inversiones, es perder el pie que está sobre el suelo”.

Elecciones a la vuelta de la esquina

Ante esta demagogia, “yo diría a nuestros representantes políticos -señala Manuel Navarro- que en campaña electoral propongan servicios públicos de calidad. Entrar en que si un servicio de agua tiene que ser gestionado por operadores públicos o privados no es el debate que nuestro país necesita”, precisa. “Yo preferiría que no tuviese ningún papel”, sugiere Gonzalo Murillo. “Ojalá se hable más de eficiencia”, apunta Alejandro Maceira. “Vivimos una etapa diferente a la de las elecciones en 2015, en las cuales las privatizaciones fueron un tema relevante en muchos sitios. Los políticos caen en esa tentación porque el agua es algo que los ciudadanos sienten suyo, e inocular ese miedo a través de noticias falsas y argumentos difícilmente defendibles no es difícil. Pero estamos en otro momento, y ojalá se puedan tener debates más constructivos al respecto”, resuelve.

¿Es el agua entonces un ‘arma’ política? “No a nivel local”, responde Manuel Navarro. “El debate sobre que el agua se privatice o no está equivocado. Desde mi punto de vista, la solución de España en el medio o largo plazo es el reúso y la desalación en la costa. Tenemos la tecnología y los medios. Es más caro no tener agua”.

En cuanto al otro gran tema político, el trasvase, Manuel Navarro afirma que “es un tema del siglo XX. En el XXI, debemos avalar el reúso”. Gonzalo Murillo corrobora sus palabras: “Es una visión antigua, cuando se pensaba que lo que había era un mal reparto del recurso. Ahora tenemos un problema de estrés en todo el territorio, no es una cuestión de repartir”.

Para Alejandro Maceira, “la clave es la seguridad hídrica, ahí debería estar el debate y la meta”. Asimismo, echa de menos que, “igual que se debate con argumentos sólidos a nivel político sobre la energía, no se debata sobre el agua”. Su sorpresa es mayor cuando cuenta que “el Foro Económico Mundial en Davos ha presentado un informe con los 10 mayores riesgos y 5 de ellos están relacionados con el agua”. El sector también juega ahí un papel. “Son deberes para los que estamos involucrados en el sector: lograr que estos temas pasen a la agenda política y sean una prioridad”.

Corrupción, el gran desafío

La política trae (tristemente) aparejada la corrupción y judicialización de ciertos procedimientos. El sector del agua no se libra, aunque hay espacio para el optimismo: “Si algo ha traído la crisis en España, es que la corrupción se ha reducido muchísimo”, indica Manuel Navarro. “Aunque no soy experto, apuesto por más normativa que mantenga bajo presión a aquellas personas que quieran hacer algo que esté fuera de la ética”. En ACCIONA Agua, por ejemplo, “tenemos desde hace 4 años un modelo de Compliance implantado. La ética en mi empresa sobrepasa las exigencias de la legislación”. “Todas las empresas estamos en esa línea. En Gestagua también estamos certificados en Compliance, y confiamos en que la reducción de la corrupción continúe. Un regulador puede ayudar”, revela Gonzalo Murillo.

“Todo aquello que se mide es más fácil de controlar”, confirma Belén Benito. “En Canal tenemos un modelo de auditoría interna y códigos éticos y de conducta implantados. Esto traslada transparencia. Estamos todos en ese camino, y los que no, están abocados a seguirla”. Alejandro Maceira va más allá: “El número de casos que ha habido, con la cantidad de servicios que hay en España, es reducido. Han sido importantes, pero el sistema judicial ha funcionado”. También tiene un componente negativo, según el Director de iAgua: “Lo peor de esos casos judicializados en exceso es el mensaje que se traslada a la sociedad. Para solucionarlo, como dice Belén, se pueden implementar herramientas de regulación y transparencia que impidan que sucedan estas cosas. La mayoría de empresas que se ven envueltas en estos casos son conscientes de que el mensaje al que se traslada a la ciudadanía no es el mejor, y de ahí viene cierto recelo y cierta imagen del sector del agua que no nos interesa. Para el sector debe ser un objetivo a futuro reducir esa judicialización todo lo posible”.

La comunicación, una tarea pendiente

Inevitablemente, la transparencia va ligada a la comunicación. Alejandro Maceira, como director de un medio de comunicación, tiene una visión clara: “Se ha avanzado mucho, y hemos sido testigos en los últimos años de un camino que no tiene retorno: el de la transparencia. El ciudadano lo reclama y las compañías son conscientes de que les hace mejores”. Rememora los comienzos: “Cuando empezamos en iAgua, nos encontramos con que muchas compañías no eran capaces de transmitir lo que hacían. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, y cada vez hay más capacidad de poner sobre la mesa los problemas relevantes, aunque no hemos sido capaces de dar el salto al gran público y a los tomadores de decisiones políticos”. Y critica que “falta unidad en el sector y una cara visible o un interlocutor válido que tenga fuerza para plantear estas cuestiones. Estoy seguro de que este reto se va a abordar en los próximos años, porque no puede ser de otra forma: el agua tiene que ser una prioridad”.

Alejandro Maceira

Gonzalo Murillo se muestra de acuerdo: “La comunicación es un punto rojo que tenemos las empresas. Hay muchos niveles de comunicación que tenemos que fortalecer; tenemos un campo de mejora importante”. “Yo voy al origen”, manifiesta Belén Benito, “la educación es fundamental, porque si alguien no sabe lo que supone traer agua de un embalse hasta el grifo, difícilmente va a poder entender si el servicio es caro o barato”. Por eso, aduce que “ir inoculando en los niños ese conocimiento lleva a que después se comprenda mejor, y eso hablando del agua de consumo que más o menos se conoce. El agua residual se tapa y nadie sabe nada”. En resumen: “Hay que implantar en las escuelas esa educación del ciclo del agua, y comunicar al que va a ser futuro ciudadano”.

Este punto lleva a las nuevas herramientas y modos de poner la información a disposición del consumidor. “Con las redes sociales y los medios de comunicación, tenemos unas sociedades cada vez más participativas. El siguiente paso del sector del agua es hacer partícipe al usuario de la estrategia de la empresa”, resuelve Manuel Navarro. “Una sociedad participativa que dice lo que quiere o necesita, se traduce en planes de inversiones a medio plazo soportados por las exigencias del usuario, y no por lo que la empresa considera que sea lo mejor. Y, a lo mejor, la gente está dispuesta a pagar eso”. Al final, “el agua es un servicio público, y las empresas no somos más que los instrumentos que operamos esos activos durante un tiempo”, cierra el Director de Ciclo del Agua de ACCIONA Agua.

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