Un año de la DANA de Valencia: qué pasó, cómo respondió el sector del agua y qué ha cambiado
La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que golpeó el litoral mediterráneo español a finales de octubre de 2024 dejó un rastro de destrucción sin precedentes en la Comunitat Valenciana, donde se concentraron los mayores daños. Las lluvias torrenciales causaron más de 200 víctimas mortales, decenas de desaparecidos y miles de personas evacuadas. Municipios enteros quedaron anegados y aislados, con daños materiales incalculables. En muchas zonas, la riada rompió tramos de la red de agua potable y el barro obstruyó alcantarillado y depuradoras, generando un riesgo sanitario crítico.
Entre la mañana del 29 y la madrugada del 30 de octubre se acumularon más de 600 litros por metro cuadrado en puntos del interior de Valencia —más que la precipitación media anual de muchas zonas— mientras que en la costa apenas llovía. La Rambla del Poyo, al oeste de Valencia, multiplicó su caudal por seis en apenas dos horas, hasta rozar los 2.000 m³/s. Un año después, el balance no solo mira al pasado. Este episodio ha obligado a revisar prioridades en gestión territorial, prevención y planificación hidráulica.
Qué factores contribuyeron al desastre
El comportamiento extremo de esta DANA se explica en parte por la combinación de una atmósfera inestable y sobrecargada de humedad, un mar Mediterráneo más cálido de lo habitual y un relieve propicio a escorrentías intensas. La acumulación súbita de lluvias torrenciales se tradujo en riadas fulminantes, con intensidades que las infraestructuras actuales no pueden absorber. Sin embargo, el reto no está en cuánta lluvia cae, sino en cómo nuestras ciudades y redes de drenaje están dimensionadas para responder a precipitaciones que, en muchos casos, se concentran en pocos minutos con una intensidad superior a la que contemplan los diseños actuales.
La acumulación súbita de lluvias torrenciales se tradujo en riadas fulminantes, con intensidades que las infraestructuras actuales no pueden absorber
Un hecho que corrobora Enrique Cabrera Rochera: “Ninguna infraestructura del mundo está preparada para soportar lo que las infraestructuras de los servicios urbanos de agua y saneamiento soportaron la noche del 29 de octubre”. Muchas grandes conducciones resistieron, pero la red de agua potable presentaba miles de fugas y los imbornales y arquetas estaban obstruidos por el barro.
A esta presión estructural se sumó otro factor clave: la ausencia de un sistema de alerta temprana suficientemente eficaz. Como advirtió el catedrático Félix Francés, “lanzar las alertas basándose solo en la predicción meteorológica y en lo observado en las estaciones de aforo es insuficiente”. El experto también señaló que confiar únicamente en las infraestructuras para reducir el riesgo es un planteamiento limitado: “disminuir el riesgo actual con infraestructuras que disminuyen la peligrosidad no es suficiente en ningún caso: siempre habrá un riesgo residual”.
En cuanto a factores territoriales, Sergio Palencia advirtió que en la Comunitat Valenciana el suelo urbano ha crecido un 12 % en zonas inundables en desarrollos compactos y un 200 % en los discontinuos. “Una cartografía de inundabilidad no es algo negociable”, señaló, recordando la responsabilidad de incorporar estos mapas a la planificación urbana. En la misma línea, Jorge Olcina criticó la ocupación de cauces secos: “Ha habido muy poco respeto al cauce fluvial y, especialmente, al cauce sin agua, que se ha entendido como un espacio marginal”.
Desde una perspectiva ambiental, Julen Rekondo apuntó que la DANA no es una catástrofe natural, sino el resultado de un modelo de desarrollo basado en la especulación inmobiliaria y el turismo, que ha supuesto una desastrosa planificación urbanística. El agua volvió a ocupar espacios naturales convertidos en urbanizaciones, polígonos o infraestructuras críticas.
Cómo se organizó la respuesta
La noche del 29 de octubre, el sistema colapsó en cuestión de horas. Calles convertidas en torrentes, viviendas anegadas, hospitales sin acceso y municipios incomunicados por el barro. La Comunitat Valenciana quedó envuelta en una situación de emergencia sin precedentes, que obligó a activar todos los recursos disponibles. Los servicios municipales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los consorcios provinciales de bomberos y Protección Civil lideraron las primeras actuaciones para evacuar zonas críticas, achicar agua y restablecer comunicaciones. Pero fue, sobre todo, una prueba de resistencia para el sector del agua.
Las empresas gestoras, tanto públicas como privadas, se enfrentaron al colapso simultáneo de redes, estaciones de bombeo, depuradoras y plantas potabilizadoras. Sobre el terreno, Global Omnium —operador del área metropolitana— articuló un dispositivo de choque que combinó cuadrillas de emergencia, limpieza de lodos y rehabilitación urgente de infraestructuras, con un centro de mando apoyado en telecontrol y analítica en tiempo real. El balance presentado meses después detalla más de 360 intervenciones en 13 municipios entre noviembre y febrero, con una inversión de 21,78 millones de euros, desde achiques y retirada de residuos hasta reconstrucción de colectores y redes dañadas. Ese esfuerzo se apoyó, además, en herramientas de Xylem Vue, que facilitaron una recuperación guiada por datos y la priorización dinámica de incidencias en abastecimiento y saneamiento.
La cooperación interempresarial se activó de inmediato. La Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana (AGA-AEAS) coordinó, desde el 1 de noviembre, el envío de recursos humanos y materiales —especialmente fontaneros y equipos de bombeo—, logrando movilizar a más de 25 compañías de todo el país para apoyar a los operadores de las zonas más castigadas. A esa cadena de refuerzos se sumaron Canal de Isabel II, que desplazó a València 29 especialistas en redes de agua potable y puso hasta 35 camiones de limpieza de alcantarillado a disposición del operativo, y EMACSA, que envió un equipo técnico con vehículos y materiales para contribuir al restablecimiento del suministro. Desde Galicia, Portugal y Francia, Gestagua también movilizó personal y medios en apoyo a distintos municipios, trabajando junto a bomberos y técnicos municipales en el achique de agua, la retirada de lodos y la rehabilitación de redes de saneamiento en municipios del área metropolitana.
La atención ambiental y sanitaria se reforzó con la intervención de Laboratorios Tecnológicos de Levante (LTL), que realizó un operativo urgente de inspección de vertidos industriales y seguimiento de los posibles riesgos de contaminación en las depuradoras y redes de alcantarillado afectadas. Cabe señalar, además, que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) activó su módulo de potabilización AquaSTART, con capacidad para producir 225.000 litros diarios y almacenar 112.500. Su despliegue permitió abastecer con agua segura a las poblaciones aisladas durante la fase más crítica de la emergencia.
Gracias a esta movilización conjunta del sector —público y privado—, se logró restablecer el servicio de agua y saneamiento en tiempo récord. La DANA del Mediterráneo de 2024 dejó tras de sí un enorme desafío, pero también un ejemplo de coordinación técnica y compromiso humano por parte de los profesionales del agua urbana.
Gracias a esta movilización conjunta del sector —público y privado—, se logró restablecer el servicio de agua y saneamiento en tiempo récord
Qué se ha hecho desde entonces
Un año después, la huella de la DANA sigue visible, pero también lo está, en parte, la reacción. El Gobierno aprobó un paquete extraordinario de medidas para reparar los daños y reforzar la resiliencia frente a futuros temporales. Entre ellas destaca el plan post-DANA del Ministerio para la Transición Ecológica, dotado con 335 millones de euros y orientado a prevenir nuevas inundaciones en áreas especialmente expuestas de la fachada mediterránea. En paralelo, el Consejo de Ministros autorizó más de 700 millones para financiar ayudas y subvenciones vinculadas a la DANA, incluyendo créditos extraordinarios para entidades gestoras de abastecimiento y saneamiento, con impacto directo en la recuperación del servicio urbano de agua en los municipios más golpeados. Además, se han activado programas de restauración hidrológico-forestal para recuperar cauces, restaurar márgenes y reforzar cuencas afectadas por la DANA, mediante una partida de 15 millones de euros autorizada por el Consejo de Ministros para llevar a cabo obras entre 2025 y 2026.
En paralelo, la Generalitat Valenciana entregó al MITECO su Plan frente a Inundaciones, una estrategia de 2.390 millones de euros que combina infraestructuras hidráulicas, sistemas de alerta y soluciones basadas en la naturaleza. El documento incluye nuevas estaciones de aforo, sensores de control y actuaciones en cuencas como la del Túria y el Poyo, concebidas para reducir la exposición de los núcleos urbanos. Además, el Consell ratificó la contratación de emergencia para reparar canalizaciones urbanas por casi 25 millones, con actuaciones repartidas por una treintena de municipios del entorno metropolitano. Y, a escala municipal y metropolitana, se ha ido ordenando la transición de la urgencia al rediseño del sistema: Valencia ha puesto el foco en inversión, coordinación y transformación del ciclo urbano para ganar resiliencia tras el evento, con un plan que entrelaza interconexiones, capacidad de tratamiento y operación asistida por datos.
La recuperación también ha bajado al detalle de las infraestructuras dañadas. Por ejemplo, la EDAR de Utiel concentra una intervención de 3 millones para devolverla a condiciones de operación segura, dentro de un paquete más amplio de reconstrucción de depuradoras y elementos de saneamiento afectados en la red autonómica.
Fuera de la Comunitat Valenciana, la Junta de Andalucía activó 11,8 millones en obras de emergencia para mejorar cauces en Málaga, Almería y Huelva, reforzando defensas y capacidad hidráulica en tramos críticos de la red fluvial autonómica. Asimismo, en todo el litoral mediterráneo se han activado programas de reparación de redes de abastecimiento, saneamiento y depuración, con un presupuesto acumulado cercano a 500 millones de euros, según datos del propio ministerio.
Un año después, el paisaje de obra y de gestión empieza a parecerse menos a la contención y más a la prevención. La licitación estatal de más de 200 millones en infraestructuras de agua para Valencia, sumada a los paquetes autonómicos y a las intervenciones de cuenca, marca una agenda que ya no persigue solo reparar, sino reducir vulnerabilidad y ganar tiempo antes de otro gran fenómeno meteorológico. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas para reforzar la reconstrucción y el apoyo a los municipios afectados por la DANA en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con líneas de financiación y ayudas destinadas a acelerar la ejecución de proyectos hidráulicos y de regeneración urbana en las zonas más dañadas.
Hoy, las obras avanzan, pero el cambio más profundo quizá sea cultural. La DANA del 29 de octubre de 2024 ha obligado a repensar la relación entre agua, territorio y clima. Lo que entonces fue caos, ahora se espera que se traduzca en planificación. Y aunque el Mediterráneo sigue siendo un escenario frágil, ha quedado demostrado que la prevención —más que la reconstrucción— es el verdadero límite frente a un clima cada vez más imprevisible.
Un año después, el paisaje de obra y de gestión empieza a parecerse menos a la contención y más a la prevención
Un fenómeno con memoria
La DANA del Mediterráneo de 2024 no fue una excepción, sino el último episodio de una larga serie de temporales que han puesto a prueba la relación de España con su propio clima. Desde la tristemente célebre riada de Valencia de 1957, que cambió el curso del Turia y la historia urbana del país, hasta la DANA de 2019 en el sureste peninsular, que dejó más de 700 l/m² en apenas 48 horas, los registros recientes confirman una tendencia: las precipitaciones extremas son cada vez más frecuentes, más localizadas y más destructivas.
Las DANA más catastróficas de los siglos XX y XXI comparten un mismo patrón meteorológico y una consecuencia social común: la urgencia de adaptar las infraestructuras y la planificación urbana a un régimen de lluvias que ya no se comporta como antes.
González-Cebrián/iAgua.
Cada temporal deja su marca, pero también deja un aprendizaje. Y si algo ha demostrado el último año, es que la memoria hídrica no puede limitarse al recuerdo de los daños: debe traducirse en prevención, gestión y una cultura del riesgo que haga del agua una aliada, no una amenaza.
Hoy, las obras avanzan, pero el cambio más profundo quizá sea precisamente cultural. La DANA del 29 de octubre de 2024 ha obligado a repensar la relación entre agua, territorio y clima. Lo que entonces fue caos, ahora se espera que se traduzca en planificación. Y aunque el Mediterráneo sigue siendo un escenario frágil, ha quedado demostrado que la prevención —más que la reconstrucción— es el verdadero límite frente a un clima cada vez más imprevisible.