El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la Orden TED/157/2023, de 21 de febrero, por la que se establece la excepción temporal y parcial al principio de recuperación de costes del artículo 111 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, para el aprovechamiento de recursos hídricos procedentes de desalinizadoras de agua de mar en la Cuenca Hidrográfica del Segura, en la provincia de Almería y en la conducción Júcar-Vinalopó.
Con ella, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, da el paso que los regantes del Trasvase Tajo-Segura estaban esperando. "Ha cumplido con la palabra dada", ha dicho el delegado del Gobierno en la Región y líder de los socialistas murcianos, José Vélez, según recoge Europa Press. "Es un precio que los regantes venían reclamando en los últimos tiempos".
La orden ministerial subvencionará parte del coste del agua desalada que afecta a las Instalaciones Desaladoras de Agua Marina (IDAM) de Valdelentisco, Torrevieja, Águilas, Carboneras y Campo de Dalías, de titularidad de la Administración General del Estado, así como la Conducción Júcar-Vinalopó. En este sentido, y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023, la determinación de tarifas para los usuarios con derechos de uso sobre las aguas desalinizadas procedentes de cada una de las instalaciones citadas queda de la siguiente manera:
- Desalinizadora de Valdelentisco: 0,378 euros/m3.
- Desalinizadora de Torrevieja: 0,327 euros/m3.
- Desalinizadora de Águilas: 0,396 euros/m3.
- Desalinizadora de Carboneras: 0,450 euros/m3.
- Desalinizadora de Campo de Dalías: 0,475 euros/m3.
- Conducción Júcar-Vinalopó: 0,240 euros/m3.
Respecto a la IDAM Bajo Almanzora, la orden establece que "podrá acogerse a esta excepción temporal y parcial del principio de recuperación de costes, siempre que se justifique que no se comprometen ni los fines ni los logros ambientales establecidos en su planificación hidrológica y conforme a la tarifa que se fije mediante la correspondiente orden ministerial".
Asimismo, la orden establece una vigencia hasta 2026, que podrá extenderse a un plazo máximo de diez años. Sobre esto, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se ha quejado en el periódico El Español: "No concuerda con la oferta que firmamos con el Ministerio en octubre y que habla de un marco de financiación de diez años, salvo que se produjeran una serie de hitos", ha comentado.
