El sector de agua y alcantarillado de Brasil se prepara para un fuerte impulso en 2025, con al menos tres importantes licitaciones de concesiones, según informa BN Americas.
Las concesiones se destinarán a los estados de Pará, Pernambuco y Rondônia, y se espera que movilicen inversiones significativas. De acuerdo con la plataforma de proyectos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), responsable de la estructuración de estos proyectos, las inversiones para estos tres contratos podrían alcanzar un total de 51,6 mil millones de reales (aproximadamente US$9,2 mil millones).
El contrato más ambicioso es el de Pernambuco, estimado en 25 mil millones de reales, seguido por Pará con 21 mil millones de reales y Rondônia con 5,8 mil millones de reales. Aunque las cifras son preliminares, se espera que los anuncios oficiales de licitación se confirmen pronto.
Luciene Machado, superintendente de estructuración de proyectos del BNDES, declaró en una entrevista con BNamericas que los proyectos en estos tres estados están en una fase avanzada y que las subastas podrían realizarse incluso en el primer trimestre de 2025. "Estos tres contratos serán ofrecidos en formato de concesión y no como asociaciones público-privadas (PPP)", precisó Machado.
Además de estas tres concesiones, el estado de Piauí también planea licitar un contrato de agua, valorado en 9.570 millones de reales, con una subasta programada para el 30 de octubre.
El panorama del sector ha cambiado considerablemente desde 2020, cuando el Congreso brasileño aprobó una normativa que obliga a ciudades y estados a garantizar la cobertura total de agua y alcantarillado para 2033. Esta medida ha permitido una mayor participación de empresas privadas en un sector que solía estar dominado por compañías estatales. En este nuevo escenario, el BNDES ha asumido un papel clave como principal estructurador de proyectos.
Según Machado, la demanda de proyectos es tan alta que el banco ha priorizado grandes concesiones organizadas por los gobiernos estatales, dado que no cuentan con suficiente personal para atender licitaciones municipales de menor envergadura.
El contrato más ambicioso es el de Pernambuco, estimado en 25 mil millones de reales, seguido por Pará con 21 mil millones de reales y Rondônia con 5,8 mil millones de reales
El creciente interés del sector privado se ha reflejado en las recientes concesiones. A principios de este mes, Iguá Saneamento obtuvo una importante concesión de servicios de agua en el estado de Sergipe, tras presentar una oferta de 4.500 millones de reales, superando a competidores como BRK Ambiental, Aegea Saneamento y la firma de inversiones Pátria Investimentos. El contrato tiene una duración de 35 años, con un canon mínimo establecido en 2.000 millones de reales, y se espera una inversión de 6.300 millones de reales durante todo el periodo contractual.
Debido a la magnitud de las inversiones, el BNDES ha mantenido un rol activo en la financiación de estos proyectos, mientras que fomenta la exploración de otras opciones de financiación. "El BNDES sigue siendo muy activo en la financiación, pero es alentador ver más mecanismos de financiación para el sector, como el uso de obligaciones de infraestructura. Estos bonos permiten que los proyectos sean financiados por inversores y fondos de inversión del mercado de deuda", explicó Machado.
Este creciente interés por parte de múltiples empresas en las subastas, como la competencia observada en la concesión de Sergipe, envía una señal positiva al mercado de capitales, demostrando que el sector del agua es un ámbito atractivo para los inversores. "Cuando vemos tanta competencia, esto refuerza el atractivo del sector del agua para los inversores", agregó Machado.
El gobierno también ha dado pasos para ampliar el uso de obligaciones en la financiación de proyectos de agua. El Ministerio de Ciudades aprobó recientemente un aumento en el porcentaje de financiación que puede ser cubierto mediante obligaciones. Antes de este cambio, las empresas ganadoras de concesiones o contratos de APP podían financiar hasta el 50% del monto con obligaciones, pero este límite se ha incrementado al 70%.
Aunque esta medida ha sido bien recibida por algunos actores del mercado, otros han expresado preocupación por la posibilidad de que esto provoque mayores comisiones en las licitaciones, lo que podría traducirse en aumentos de tarifas para los consumidores durante la vigencia del contrato.
Machado reconoció estas preocupaciones, pero defendió la medida como necesaria para acelerar el progreso en un sector crítico. "Todas las opiniones son válidas, pero creo que el Gobierno adoptó esta medida con el objetivo de agilizar las concesiones. El principal desafío sigue siendo asegurar la cobertura adecuada de agua y alcantarillado para toda la población lo antes posible, y cualquier medida que contribuya a ello es bienvenida", concluyó.
