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El camino del agua en América Latina: una perspectiva española

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  • camino agua América Latina: perspectiva española
    (Fotografías: Pablo González-Cebrián/iAgua).
  • La administración, la cooperación y la empresa se unen para trazar los retos hídricos de la región latinoamericana.

A pesar de contar con la tercera parte del agua dulce del planeta, con una dotación per cápita de 22.929 metros cúbicos por persona al año, América Latina se enfrenta a numerosos retos para alcanzar un suministro aceptable de abastecimiento y saneamiento a su población. Temas como la irregular distribución del recurso, las pérdidas de agua, el deterioro y la falta de infraestructuras, la ausencia de gobernanza, la presión demográfica en las ciudades o la dificultad de acceso en las áreas rurales, conforman una fotografía de complejo abordaje para los gestores hídricos. A su vez, los desafíos se tornan en extraordinarias oportunidades para replicar y mejorar lo llevado a cabo en otros escenarios como el europeo, uno de los espejos en los que se mira la región. España, en este sentido, es el mayor puente a tender entre los continentes: el idioma y las similitudes culturales hacen de nuestro país un punto de encuentro único entre culturas.

Con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 como guía, en iAgua hemos querido conocer en detalle los problemas a superar en Latinoamérica desde varias perspectivas: la de la Administración, la de la cooperación y la de empresa privada. Todos estos puntos de vista, complementarios entre sí, dibujan la visión que desde nuestro país pretende contribuir a avanzar en la senda del cumplimento de este derecho universal.

Para ello, hemos reunido a Rafael Pérez Feito, International Operations Director de Aqualia; Rogerio Koehn, director de Desarrollo de Servicios de Agua de ACCIONA Agua; María Yebra, LATAM Business Development Manager de Almar Water Solutions; Eduardo Orteu, coordinador de Asuntos Internacionales en Materia de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO); y a Natalia Gullón, responsable de alianzas y gestión del conocimiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación), en una charla que asienta los principios para avanzar en el camino hacia Latinoamérica.

Un primer vistazo: la gobernanza

La experiencia es un grado. Por eso, Eduardo Orteu se atreve a comenzar con el diagnóstico de la situación: “Llevamos 20 años colaborando en el marco de la Conferencia de Directores en Iberoamericanos del Agua (CODIA). Cuando nos reunimos, se elige un tema que hace frente a un problema puntual de la gestión del ciclo del agua. Y el reto de fondo es un déficit de gobernanza”. Apela a la debilidad de partida, “la de sistemas institucionales de gobierno, marcos regulatorios, administraciones institucionales, capacitación entre los técnicos de las administraciones…”. “Coincido con Eduardo”, interviene Natalia Gullón. “La Cooperación Española lleva 30 años colaborando con los países de América Latina y encontramos en ocasiones debilidad institucionalidad”, remarca. A pesar de ello, atendiendo a los ODS sobre agua, “América Latina no está mal en comparación con otras regiones, pero las cifras esconden muchas desigualdades dentro de la propia región”. Y lo refuerza con datos: “Las cifras son escandalosas: 34 millones de personas sin acceso a una fuente mejorada de agua, 106 millones de personas sin saneamiento y 19 millones de personas que todavía practican la defecación al aire libre. Apenas el 20% de las aguas se depuran”.

“Sin duda, a excepción de Chile, y Colombia en menor medida, el problema es la gobernanza”, asegura Rogerio Koehn. “Está relacionado con que no haya una planeación de inversiones, o una visión de largo plazo, pero sobre todo, un marco regulatorio y el ‘profesionalismo’ en los organismos”. Con matices: “No es tanto tema de formación, sino de quién toma las decisiones importantes”. Según su experiencia como gerente en 3 organismos de agua en América Latina, “no podemos ser políticamente correctos. En muchos países hay gestores políticos que vienen de haber ocupado el puesto de gerente del organismo de agua, que son empresas municipales. Además, es muy bonito y popular dar agua a los ciudadanos. Estos organismos no tienen visión de largo plazo, y son agencias de colocación de amigos”. “El tema del saneamiento siempre es menos atractivo porque parece mejor valorado inaugurar un sistema de agua”, asiente Natalia Gullón.

Rafael Pérez Feito matiza: “Hay una cierta tendencia a hablar solo de infraestructuras y no de servicios. Como resultado de esa falta de enfoque, se ha invertido en infraestructuras que, finalmente, no han sido sostenibles o no han producido el impacto deseado”. Y prosigue: “Tanto el sector público como el privado han demostrado que pueden resolver el problema. La cuestión no está en la dificultad de ejecución, sino en el concepto de gobernanza”. Y precisamente sobre ella, afina de nuevo: “No diría que Latinoamérica sea deficitaria en términos de gobernanza a nivel de administraciones centrales. De hecho, en algunos aspectos van por delante: en Chile, una privatización completa de servicios en los 90 ha desembocado en uno de los sistemas regulatorios más sofisticados del mundo”. Entonces, el problema de la gobernanza “se produce cuando descendemos al nivel donde reside la competencia de la prestación del servicio: el municipal. Está muy afectado por elementos externos”.

Rogerio Koehn continúa en esa línea: “Estoy de acuerdo. Realmente, el marco más macro de Latinoamérica es mejor que el europeo, porque está copiado y mejorado, pero la aplicación es muy relativa”. Natalia Gullón cree sin embargo que “en países como Honduras, Haití o Bolivia la realidad es otra. Algunos países llevan años trabajando en una ley de aguas y no consiguen sacarla adelante, como en El Salvador. El marco regulatorio en algunos países no es claro”. Además, “estamos encontrando problemas con normativas, por ejemplo, de vertidos, importadas de otros países, que son tan estrictas que no pueden aplicarse. Sobre todo cuando no todos los países tienen planificación por cuencas y en ocasiones aplican las normativas estrictamente, al margen de las características de las masas de agua a las que se vierte”.

De hecho, “por buena gobernanza”, según Eduardo Orteu, “se entiende aquella que se basa en la gestión integrada de los recursos a partir de la planificación hidrológica por cuenca. Y la realidad demuestra que son muy pocos los países de América Latina los que tienen realmente implantado esto, o algo que pueda definirse mínimamente como una gestión integrada de los recursos hídricos”. Y responde al International Operations Director de Aqualia: “En los últimos años, el paradigma es cambiar la planificación de la infraestructura a la planificación del servicio. Ese es el eje en torno al cual gira la definición de nuevas políticas públicas del agua en España y en América Latina”.

¿Dónde está el dinero?

Con el primer gran problema identificado, viene el inevitable debate monetario. “Se necesita hacer mucho. Las infraestructuras y los servicios cuestan dinero, y el problema es quién lo paga, porque no se pueden repercutir las tarifas directamente a la gente que no tiene recursos para pagar”, observa María Yebra. Además, en este círculo vicioso, “no está bien visto que el gobierno empiece a subir tarifas. Pero si no suben tarifas, no hay presupuesto, y sin presupuesto no hay proyectos. En definitiva, no hay avance”, subraya la LATAM Business Development Manager de Almar Water Solutions. A su vez, “los gobiernos tienen la obligación de dar servicios mínimos: agua, electricidad… pero si los ciudadanos no van a pagarlos, ¿quién va a pagar esa tarifa? ¿Cómo se va a repercutir?”, se pregunta.

Rogerio Koehn lo reafirma: “Los organismos solo cobran agua en aquellos sitios donde es más fácil. Esto hace que sea muy difícil estructurar una visión de largo plazo. Así, los indicadores de gestión de los organismos de agua en América Latina decrecen”. Y compara diferentes épocas: “Viendo una ‘foto’ de los 90-2000, salvo raras excepciones, todos los indicadores de gestión de las infraestructuras hidráulicas han decrecido. Y es una pena, porque sí que se han hecho inversiones. No como se quisiera o como se necesitaba, pero el coste de revertir esa tendencia ahora es muy alto”.

La explicación, o parte de ella, la da Rafael Pérez Feito: “Las administraciones relacionadas con el agua y el saneamiento en Latinoamérica son muy susceptibles a los movimientos políticos”. Eduardo Orteu completa diciendo que “el tema de las tarifas, que es recurrente en la CODIA y politiza todo el debate del agua, está envenenado porque se confunde cobrar por el recurso con cobrar por prestación de un servicio. Y en la planificación del servicio no solo es una cuestión de gobernanza, sino de cobrar”. En ese punto, cree que por otro lado, “cuando se habla del agua, en general se circunscribe el ciclo urbano, y eso es un error. En América Latina, el 70% de los recursos los consume la agricultura, como en España. Cuando nos preguntan cómo cobramos en España a los agricultores, vemos que tienen exactamente el mismo problema, y eso que aquí presumimos de que tenemos un sistema de gobernanza más desarrollado”.

Sin embargo, Rogerio Koehn considera que “en España, salvo raras excepciones, se cobra el servicio. Las inversiones las pagamos a través de impuestos, y las grandes las hace el Estado: lo que sí se traslada a la tarifa es el coste de la operación o del servicio, pero no de la recuperación de la amortización de esa gran inversión. En América Latina, las inversiones se focalizan a donde puedan generar más rédito político, y no con una visión global de cuenca, de municipio o de servicio”. La política aparece de nuevo: “En la región se hace mucha inversión en agua porque hay un retorno político. Sin embargo, hay mucha pereza en conseguir recursos por parte del Estado en hacer inversiones de saneamiento; el alcantarillado y la depuración no se ven”, concluye.

Más dinero, más problemas

La conversación sobre aspectos económicos no cesa: Eduardo Orteu asevera que “el tema de la financiación de las infraestructuras en los foros de cooperación al desarrollo pone una situación muy difícil a los países ya desarrollados. En España, el proceso ha venido respaldado con financiación europea, pero en América Latina eso no existe. Entrar desde un país desarrollado con el discurso de la financiación de las inversiones y establecimiento de tarifas es complicado”. Y prosigue: “Hay déficit de infraestructuras en alta. De su desarrollo depende luego garantizar el abastecimiento para las ciudades. Nos focalizamos en el ciclo urbano como si no fuera parte del todo”. E ilustra con un ejemplo bien conocido: “Durante la sequía de Sao Paulo de hace unos años, había presas con agua alrededor de la ciudad. Pero no estaban interconectadas entre sí; no había gestión de la cuenca”.

Rafael Pérez Feito le avala: “En gran parte de Latinoamérica la agricultura y la industria suponen en conjunto hasta el 90% del consumo total, y en ambos sectores el agua es un insumo con mayúsculas, un factor productivo esencial. El debate es en estos casos puramente económico y gira fundamentalmente en torno a la disponibilidad y el precio del recurso que se utiliza para transformar y producir bienes con valor económico, y no en torno a otras componentes básicas como la social y la ambiental, que no hay que olvidar”.

En el nivel usuario, el International Operations Director de Aqualia no considera que “el problema sea que la ciudadanía no entienda el valor del servicio. Me resisto a creer que un servicio que supone el 3-4% de la renta familiar sea algo que el ciudadano se niegue a asumir a cambio de tener agua potable, saneamiento y depuración en cantidad y con calidad suficientes”. “El problema es que falta mucha concienciación”, valora María Yebra. “Muchas veces los políticos no cuentan a la gente lo que pasa”. “Creo”, remata Rafael Pérez Feito, “que es un elemento del debate político en muchos países, y se utiliza continuamente como arma arrojadiza”.

Cooperación e inversión internacional: el dilema

En la cuestión sobre la participación de organismos multilaterales, Eduardo Orteu afirma tajante que “los bancos multilaterales de desarrollo serán multilaterales y de desarrollo, pero son bancos, y su máximo interés es recuperar la inversión. Como son públicos, tienen un interés compartido porque el dinero que prestan redunda en la prestación de un servicio. No quiero decir que su principal motor sea este. Tienen que recuperarla porque es su obligación, y quieren prestar un servicio eficaz. Y sin una buena planificación hidrológica a medio y largo plazo y unos marcos normativos, no se pueden planificar las infraestructuras. Este interés semi altruista es lo que ha hecho que los bancos se aproximen a administraciones como la española. Porque las inversiones son a muy largo plazo, y esa es la demanda de colaboración técnica que piden a nuestro país”.

Y es que “España tiene una cultura de planificación con sistemas de recuperación de costes y normas jurídicas. Las infraestructuras hidráulicas en España llevan funcionando años, y los bancos quieren replicarlo en América Latina. En esto tiene mucho que ver el tema de las infraestructuras multipropósito”. Eduardo Orteu explica en qué consisten: “Se construye una presa que vale al mismo tiempo para el abastecimiento de la ciudad, regar, producir energía y generar infraestructura de prevención del riesgo de inundación o hacer frente a las sequías. Esta visión del reparto del agua interesa a los bancos multilaterales de desarrollo”.

“Los organismos multilaterales tienen un papel fundamental allí donde otros actores no pueden participar solos de una manera eficiente”, reconoce Rafael Pérez Feito. “Por ejemplo en las zonas rurales, o en sistemas urbanos inicialmente no sostenibles. En estos casos, creo que no se debería plantear su participación exclusivamente en términos financieros, sino en términos de apoyo y acompañamiento efectivos en proyectos donde el nivel de riesgo no es enteramente asumible de inicio por otros actores financieros e industriales”. Y sobre la disponibilidad económica, refiere que “no hay escasez de recursos financieros. Si un proyecto está bien estructurado, es claro y se pone a funcionar, hay cola para financiarlo”.

 “Esto tiene que ver con la rentabilidad de las inversiones”, confirma Eduardo Orteu. “A veces solo se ve una rentabilidad económica, pero en otras ocasiones se toma en consideración la mentalidad social o medioambiental. Y estas no son del interés de la banca privada o de los fondos de inversión. En América Latina están en la necesidad de construir infraestructuras que no solo van a producir rendimiento estrictamente económico, sino que están cumpliendo otra función: de garantía de la seguridad hídrica”. ¿Podría participar ahí la banca privada? “Es difícil ver la mentalidad económica de esas inversiones”, comparte el Coordinador de Asuntos Internacionales en Materia de Agua del MITECO.

No se muestra tan de acuerdo Rafael Pérez Feito: “Las empresas de agua y saneamiento, que trabajamos a largo plazo, cada vez tenemos más en cuenta el elemento social y ambiental. Y no por un simple aspecto de altruismo, sino porque un proyecto que es social y ambientalmente responsable es sostenible a largo plazo. Esa es la mejor garantía para que el sector privado recupere ese esfuerzo inversor y tenga una remuneración por el mismo. No descartaría ver al sector privado participando en proyectos en zonas rurales, o semiurbanas, fuera de la visión clásica de la gran planta en Bogotá o la gran desaladora en Brasil”. Cierra este tema con un apunte: “Es una cuestión de marco jurídico. Si las reglas del juego a las que todos nos sometemos son claras y creíbles a largo plazo, no hay porqué excluir que el sector privado participe”.

Marcos, leyes y normativas

A raíz de la última intervención, las condiciones de los proyectos aparecen en la charla. “Los organismos multilaterales tienen que ir imponiendo condiciones a donde prestan su dinero”, señala Rogerio Koehn, “para evitar situaciones como la de las compañías asiáticas, que tienen acuerdos políticos y traen su buque de empleados asiáticos con condiciones casi de semiesclavitud. Ahí la administración pública puede exigir a nivel gubernamental que las normas se cumplan en su contexto”.

El problema es que “no existe un prescriptor universal en políticas de agua”, revela Eduardo Orteu. “Hay foros multilaterales donde se dan recomendaciones, pero no un marco regulador al que el banco pueda apelar para decirle al Estado ‘si quieres que te preste, tienes que adecuar tu entorno normativo a estas prescripciones’. Y me parece arriesgado que el banco sea el prescriptor. Sería menoscabar la soberanía de un país, y es un terreno peligroso entre lo deseable y cómo son las cosas en la realidad. ¿Sería necesario y deseable que hubiera un marco regulador común? Probablemente. En América Latina, es muy difícil”, desarrolla.

María Yebra comparte su caso: “pertenezco a un grupo de PPP que trabajamos con Naciones Unidas para la UNECE. Estamos creando protocolos genéricos sobre cómo aplicar los PPP en proyectos de agua para que sean globales. En particular, estamos participando en la creación de un estándar de PPP para proyectos de suministro de agua y saneamiento. Aunque es un tema complicado, se está trabajando para que al menos existan unas líneas generales y que cada gobierno pueda implantarlas de la mejor manera posible. En el grupo somos entre 20 y 30 personas de empresas privadas, gobiernos y otras organizaciones”. El inconveniente: “Es un proyecto que requiere mucho tiempo. Llevamos 4 años intentando hacer un documento genérico y además está resultando difícil unificar criterios”.

“Es clave el trabajo codo a codo con los países, que son nuestros socios”, corrobora Natalia Gullón. “La CODIA, por ejemplo, hace una labor encomiable: es como una semilla de lo que podría ser tal vez un futuro marco regulador común, donde se pueden establecer lineamientos como, por ejemplo, la guía que estamos haciendo entre todos para la planificación hidrológica en América Latina. En ese marco de colaboración con los países nos movemos en AECID: les acompañamos, les animamos a trabajar en el agua y saneamiento y a trabajar en gobernanza del sector, pero que sea el país el que lidera, y el resto de los actores que se vayan alineando con él”, defiende.

Participación y agua embotellada

La participación pública y privada es otra de las cuestiones que sale a colación. “América Latina tiene sus singularidades en participación pública, y hay algunas buenas lecciones que aprender de cosas que se hacen allí mejor que aquí”, indica Eduardo Orteu. En el otro extremo, Rogerio Koehn rememora la experiencia de participación privada en el continente: “Los primeros ejemplos de participación privada en el sector fueron en los años 90. Se usaba un modelo que, con las variabilidades de las economías latinoamericanas, quebró. El modelo no era el correcto para América Latina, o para algunos países al menos. En Chile sí está funcionando más o menos bien. Hoy, cambiar la visión de cierta parte de la sociedad de la participación privada es complicado”.

Cambiar el paradigma y permitir (de nuevo) la entrada de capital privado se perfila como una solución a tener en cuenta. “Hay muchas zonas, sobre todo rurales y periurbanas, donde la población está pagando muchísimo más por agua embotellada o procedente de kioscos de agua o camiones cisterna. A veces, incluso con menos calidad y menor dotación. Y no se cumplen los requisitos de derecho humano al agua, ni siquiera en cuanto a una cantidad mínima de 30-50 litros por habitante y día”, se lamenta Natalia Gullón. “No toman agua del grifo por un tema de inseguridad: piensan que el agua del grifo es mala”, explica de nuevo Rogerio Koehn. “Si conseguimos dar un servicio aceptable, seguramente se compense con creces el coste que tiene hoy el agua. Pero nadie habla de esto, ya que las empresas de agua embotellada tienen un marketing mucho más fuerte. Están involucrados empresarios locales que reparten un agua más cara de lo que se paga en Europa casi seguro. Esta es una realidad que es complicado romper si no hay gobernanza”.

A veces, “hay resistencia a pagar porque el servicio no es adecuado en cuanto a regularidad, continuidad y calidad”, refiere Natalia Gullón. “Es un círculo vicioso: como no hay recaudación, no hay buen servicio, y como no hay buen servicio, la gente no paga. Hay que dar un empujón para que sea sostenible financieramente. Sobre todo en zonas rurales, donde cuestiones de operación y mantenimiento suelen dejarse en manos de juntas rurales de agua, de las que hay 80.000 en América Latina. Hay una gran atomización: el servicio de agua y saneamiento de 70 millones de personas está en manos de organizaciones comunitarias que, en la mayoría de casos, no reciben ni supervisión, ni asistencia técnica ni apoyo de ningún tipo”. E insiste: “Frecuentemente estos sistemas, al cabo de unos años, no funcionan correctamente. Hay que pensar modelos de gestión para cada situación. En España el problema rural se ha solucionado mediante mancomunidades o mediante prestadores urbanos que también dan servicio a la zona rural; hay que buscar soluciones de este estilo. Hay un campo enorme, y  las redes de intercambio de experiencias son clave, como CLOCSAS, la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento”.

Así, Rafael Pérez Feito observa que “el ámbito rural es tan diferente que requiere un análisis completamente específico: hay muchos elementos que no funcionan como en otros ámbitos. Para dar solución al problema en pequeñas comunidades rurales latinoamericanas se necesitan medios y actores especializados a los que el sector privado puede acompañar”. Y reconoce que “dejando de lado el ámbito rural, que requiere soluciones muy específicas, la rueda está inventada. Queremos reinventar un modelo que sabemos que funciona, y que cuando no ha funcionado sabemos por qué ha sido".

¿Dónde están los proyectos?

En lo referente al negocio, hay sectores y zonas de trabajo con más nicho que otras. María Yebra lo verbaliza así: “En agua hay mercado para todo: en depuración, la cobertura es de un 14% prácticamente en toda Latinoamérica, y hay muchísimo que hacer en países como Colombia, Perú o Chile. La desalación es otro mercado que también está en auge”. Cree además que “la tendencia de los modelos de contrato están cambiando, de EPC a BOT, trasladando los riesgos cada vez más a las empresas privadas como en el caso de Almar Water Solutions. Un ejemplo real de lo que hablo es la minería en Chile”. Otro tema que destaca es “la realización de proyectos integrales: ya no es simplemente hacer una depuradora, sino otros elementos como las conexiones, etc.”.

Rogerio Koehn añade que “hay un mercado importante de concesiones: Brasil, México, Colombia; municipios donde se olvida el debate ideológico y hay necesidad de financiamiento. Nos sentimos cómodos en la concesión de ciclo integral, ya que es una visión sostenible y se puede trabajar a largo plazo”.

En este sentido, Rafael Pérez Feito apunta que “desgraciadamente, la necesidad de infraestructura no siempre se traduce a corto plazo en el lanzamiento de proyectos donde las empresas podamos participar”. Pero “coincidimos en el mercando donde estamos todos: Chile, México, Colombia… En este grupo de países, un marco jurídico estable y una voluntad política sostenida han permitido que el sector privado esté participando en la solución del problema”. Las perspectivas podrían cambiar: “Hay otros  países que están tratando de incorporarse a ese grupo, como Argentina, Perú o Panamá”.

La conclusión de Rogerio Koehn es que “América Latina, para servicios, es el mercado de las empresas españolas”.

México, el espejo de los casos de éxito

Tras el extenso análisis del continente, llega el momento de ser positivos y buscar los ejemplos de buen hacer con la involucración de compañías españolas. Rafael Pérez Feito narra varios casos en la región en los que ha participado Aqualia: “En México tenemos dos PPPs de agua potable. Una de ellas es el sistema de Querétano, una planta potabilizadora de 1,5 m3/s de capacidad, más de 130 kilómetros de aducción, bombeos, depósitos y las correspondientes subestaciones, líneas eléctricas y caminos de servicios. Lleva funcionando ya casi 10 años”. El otro, El Realito, se ubica en San Luis Potosí y tiene una capacidad de 1 m3/s: “El acueducto El Realito ha reducido la sobreexplotación de los acuíferos de la zona y los problemas de exceso de flúor que ésta generaba. Este proyecto ha cerrado su financiación a un coste por debajo de la deuda soberana mexicana, rompiendo las referencias habituales en un proyecto de este tipo. Ha movilizado 130 millones de inversión privada, da servicio a 800.000 habitantes, ha generado 1.500 puestos de trabajo durante tres años y 200-300 en los próximos 25, y tiene una demanda de servicios y de bienes de 700 millones de dólares a lo largo de toda su vida útil. Ha sido un éxito total y no es especialmente sofisticado”.

También Rogerio Koehn detalla proyectos llevados a cabo con ACCIONA Agua: “En México también, tenemos Atotonilco, la mayor depuradora de agua del mundo. Y recientemente firmamos un contrato con el municipio de Boca Río (Veracruz), una zona turística con un déficit importante en infraestructura y en gestión. Allí llevamos casi un año operando una concesión a 30 años, que ya empieza a dar resultados en la satisfacción de la población de una zona muy turística”. Además, destaca que “se están acercando otros municipios de México para entender esta concesión y poder replicarla en otros ayuntamientos”.

Con el Fondo del Agua, la cosa cambia: “Hay un poco de todo: nunca se había creado un fondo de esa naturaleza y esa envergadura”, puntualiza Natalia Gullón. “En los inicios, el Fondo estaba dotado con 300 millones de euros al año y los programas se centraban más en la construcción de infraestructuras para la provisión de servicios de agua y saneamiento, junto con el fortalecimiento institucional y comunitario. Poco a poco se ha ido incidiendo más en la elaboración de políticas públicas y en la gobernanza del sector”, comenta. “Hemos aprendido muchas lecciones, pero el balance es bueno. Era necesaria esa inversión inicial para poder crear la confianza. Ahora tenemos también un papel de bisagra entre instituciones públicas o privadas españolas y América Latina. Se han creado alianzas y redes que han hecho que la interlocución sea muy directa, lo que posibilita un trabajo donde ya pueden entrar otros agentes y se puede avanzar con menos recursos de donación, pero con otras formas de financiación”.

América Latina, España y el futuro

El Foro llega a su fin con una última reflexión sobre el futuro de la gestión hídrica en América Latina y el papel de España en él: todos nuestros invitados saben de la gran oportunidad que representa y la unión con nuestro país. Natalia Gullón lo tiene claro: “El sector de agua y saneamiento en América Latina presenta grandes desafíos y grandes oportunidades. Es un momento interesante de madurez e intercambio de conocimientos. Los propios países están poniendo el tema del agua y el saneamiento en su agenda política, y quieren invertir. Hay países que están promoviendo una reforma considerable del sector. Bolivia, Haití, Nicaragua… países menos favorecidos que están apostando. Tenemos que buscar la manera de colaborar todos: organismos públicos, privados, sociedad civil, organismos internacionales, latinoamericanos, españoles. La palabra sería alianzas”.

Eduardo Orteu se pronuncia en la línea de la administración española: “Veo un futuro donde la colaboración que ya existe entre la administración española del agua y la de los países de América Latina va a más, porque el propio reto de seguridad hídrica va creciendo en intensidad. En el contexto de adaptación al cambio climático, la gestión del agua cada vez es más compleja, la necesidad de sumar esfuerzos es mayor. España está en muy buena situación y tiene total disposición política para prestar esa colaboración técnica, y hacerlo en partenariado de PPP, asociaciones con bancos, con agencias de cooperación, con los propios países…”.

También lo cree María Yebra: “Las oportunidades son inmensas. Para cualquier empresa privada es uno de los mercados estratégicos clave. Hay que enfocarse en ello, hay que prestar muchos recursos y tenemos que poner todo lo mejor de nuestra parte para intentar que haya colaboración”. Lo mismo cree Rogerio Koehn: “América Latina es el mercado en servicios de permanencia. El agua no es solo infraestructura: es visión a largo plazo, y España es fundamental para contar su experiencia en este proceso en los últimos 100 años”.

Concluye, de acuerdo con lo anterior, Rafael Pérez Feito: “Los retos son tremendos, y hay unas dificultades de acceso a servicios básicos enormes, tanto en población rural como en población urbana, que cada vez va a más. Para la empresa privada va a ser una oportunidad. Nosotros estamos y seguiremos estando dispuestos a colaborar en la búsqueda y en la implementación de soluciones como hemos estado hasta ahora. No tenemos todo el tiempo del mundo, y querría concluir con un sentido de urgencia. Estamos hablando de un servicio básico: hay muertes, enfermedades, frenos al desarrollo por este motivo. No es algo que podamos estar mirando, repensando y rediseñando durante décadas, porque es un problema que necesita una solución a corto plazo”.

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