Según fuentes de El Confidencial, la Fiscalía General de Colombia ha anunciado el embargo del 85 % de las acciones que el Canal de Isabel II, a través de la sociedad Inassa, tiene en la Triple A de Barranquilla, principal filial del Canal al otro lado del Atlántico. Estas acciones están valoradas en 202.000 millones de pesos colombianos, unos 58 millones de euros.
Esta decisión va a obstaculizar gravemente el proceso de venta que la Comunidad de Madrid ha iniciado para deshacerse de todas sus compañías participadas en Sudamérica. Las acciones pasan ahora a estar bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) dependiente del Ministerio de Hacienda colombiano, que deberá coordinar con el portador del resto de las acciones, el Distrito de Barranquilla, una asamblea para reestructurar la junta directiva. Por su parte, el Canal de Isabel II sigue controlando actualmente una decena de participadas, entre ellas la Triple A de Barranquilla, 'la joya de la corona' del conglomerado.
Hasta seis instituciones colombianas han puesto sus ojos en Inassa y han abierto investigaciones, al margen de la que ya hay en España por parte dela Audiencia Nacional en el marco del caso Lezo. Se trata de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Contraloría Distrital de Barranquilla y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con las que el Canal ha colaborado en alguna ocasión.
La Fiscalía también ha dictado medidas "no restrictivas de la libertad" que prohíben salir del país a varios directivos y exdirectivos de Inassa. Entre ellos, el español Javier Malia, director de operaciones de Inassa, que había sido “repescado” por la Comunidad de Madrid y enviado a Colombia. Según ha anunciado la propia Fiscalía General de la Nación en su web, ha iniciado la segunda fase de lo que en Colombia se conoce como la operación Acordeón, que busca poner al descubierto las redes de corrupción que se habrían apoderado o desviaron recursos destinados exclusivamente a la prestación de los servicios públicos en la Costa Atlántica y el suministro de un bien vital para la comunidad, como es el agua potable.
