COVID-19: Respuesta inmejorable con los problemas de siempre

En iAgua nos hemos hecho eco de todo ello desde su inicio. Ahora, más de dos meses después, llega el momento de recapitular: hacer balance, volver a la tan mentada “nueva normalidad” y mirar hacia un futuro que se prevé incierto. Con esta idea, hemos consultado (de forma virtual) a los expertos que mejor perspectiva pueden ofrecer de nuestro sector en tiempos de COVID-19: Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS); Sergi Martí, presidente de AQUA ESPAÑA; Manuel Marchena, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (SEOPAN), Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR); Pablo Bueno, presidente de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia); Manuel Suárez, presidente de la Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas (ADECAGUA); y Luis Babiano, presidente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Todos ellos comparten sus impresiones e inquietudes en un foro completamente diferente a los realizados hasta ahora. Como todo lo demás.

La crisis de la COVID-19 en el sector del agua

Una cuestión inevitable es cómo ha impactado la irrupción del virus en las compañías que de una u otra manera se relacionan con la operación y gestión del recurso. En este sentido, cada asociación aporta un punto de vista diferente, pero complementario. Así, Fernando Morcillo expone que “el impacto de las medidas gubernamentales ha sido muy fuerte, y ha exigido lo máximo de las entidades y empresas operadoras y auxiliares”. AQUA ESPAÑA, de la mano de Sergi Martí, lo corrobora con datos: “A finales de abril, hicimos una encuesta a los asociados: el 79% de las empresas tuvo una caída de ventas en el primer trimestre del 2020, y se prevén efectos negativos en el segundo trimestre”. Este bache ha sido especialmente acusado para “los segmentos comerciales, de hostelería y turismo e industriales”, explica Manuel Marchena, donde “se ha dado un promedio de un 10 al 15% de descenso en el consumo, que en zonas turísticas puede llegar al 60% o más”. Sergi Martí da algo de esperanza: “Tenemos cierta fortaleza, dado que sólo el 28% de las empresas ha temido por su viabilidad en este tiempo”.

El descenso del consumo es una de las principales consecuencias en este escenario. Preocupa por su relación directa con la facturación de las empresas: “Los suministros”, afirma Domingo Zarzo, “han continuado sin pausa, aunque han reducido su facturación al reducirse los consumos”. “El confinamiento domiciliario no ha supuesto un aumento apreciable en el consumo que pueda ajustar la abrupta caída del sector comercial, hostelero e industrial”, cree Manuel Marchena. Luis Babiano explica que esto “puede generar problemas transitorios de tesorería y, en un horizonte no muy lejano, problemas serios que irán solucionándose a medida que nuestros pueblos y ciudades se recuperen”. ¿Una solución? “Incrementar las tarifas, pero supondría un saqueo en las maltrechas economías familiares”, completa.

Fernando Morcillo: “El impacto de las medidas gubernamentales ha sido muy fuerte, y ha exigido lo máximo de las entidades y empresas operadoras y auxiliares”

En relación a los trabajadores, “la preocupación para garantizar su protección fue inmediata, precoz y muy efectiva”, según Fernando Morcillo. “La respuesta ha estado marcada por la prevención de los riesgos laborales con el mantenimiento de la calidad del servicio”, comparte Manuel Marchena. “Son alrededor de 60.000 trabajadores implicados directa e indirectamente que han mantenido de manera ejemplar y eficiente dicha calidad del servicio”. Manuel Suárez aporta un dato relevante en este aspecto: “Mantener las operaciones con mayores precauciones en los trabajos habrá aumentado, sin duda, los costes”. Como solución, Luis Babiano considera que, de cara al futuro, “esta nueva era requerirá un nuevo diseño económico, un marco con mayor participación de las comunidades autónomas y del gobierno central”.

Por otro lado, desde “la visión del usuario, el ciudadano o la autoridad, concluimos que el impacto ha sido nulo. No ha existido ninguna incidencia digna de mención, incluso cuando se han solapado con otros impactos como algunas inundaciones”, explica Fernando Morcillo. Sin embargo, Luis Babiano constata que “el confinamiento está suponiendo una ausencia de ingresos especialmente dramática para las personas con menos recursos”, y a pesar de que “los operadores públicos somos un instrumento claro para rescatar a las personas, en breve necesitaremos financiación para poder afrontar con garantías la crisis económica que se otea”. Afortunadamente, ya “antes de la crisis, en España las empresas no cortaban el agua a nadie por motivos económicos, y con el estado de alarma, se ha dado continuación a dicha política. Los operadores han diseñado además propuestas paliativas a las necesidades de la población vulnerable en esta crisis”, sostiene Manuel Marchena. Luis Babiano apoya esta afirmación desde AEOPAS: “La mayoría de operadores públicos decidieron, mucho antes que el gobierno, suspender con carácter inmediato cualquier procedimiento de corte del suministro a sus usuarios. Además, han asignado fondos para paliar las dificultades económicas que serán una contribución significativa en la recuperación de sus municipios”.

Otro tema sería la relación con las administraciones. Aquí interviene Julián Núñez: “Las empresas constructoras de infraestructuras hidráulicas [han sufrido] una significativa ralentización, y suspensión de su actividad. Asimismo, la suspensión de los plazos de contratación administrativa, recientemente alzada, afectará a las previsiones de licitación y contratación pública en 2020”. Domingo Zarzo refuerza esta idea: “La mayor parte de las obras están paradas o en espera de licitación. Tanto construcción como servicios están sufriendo la paralización de la mayor parte de licitaciones”. A ello suma una perspectiva internacional: “Como empresas globales, nos afectan las medidas que puedan tomar otros países respecto a nuevos contratos y licitaciones, así como la imposibilidad de viajar fuera de España para tareas comerciales, de apoyo técnico o de gestión”. Pablo Bueno remata la idea: “Aunque se acaban de reiniciar los procesos de licitación, adjudicaciones y otros procesos administrativos, podemos hablar de un retraso de uno o dos meses en muchos de los procesos ligados a la Administración, lo que se notará en los resultados del 2020”. Y “probablemente en los siguientes”, según Domingo Zarzo.

Las empresas ante la pandemia

Con todo, tal como dice Manuel Marchena, “no ha habido ninguna sorpresa” en cuanto a la reacción de las compañías de agua: “La respuesta ha sido inmejorable”. Como comentábamos al inicio de este particular foro, “el ciudadano no ha notado prácticamente ninguna diferencia en el servicio público del agua, ya esté operado por empresas públicas, mixtas o privadas”. Como mucho, “el cierre de oficinas, que han sido sustituidas por métodos virtuales de manera efectiva”. “Las entidades operadoras han hecho gala de su preparación, organización y metodologías para asegurar la gestión de los riesgos, incluso desconocidos, virulentos y emergentes, como ha sido este caso”, manifiesta Fernando Morcillo.

“Desde el primer momento, todas las empresas establecieron planes de contingencia y se prepararon para poder seguir dando un servicio continuo y de calidad”, declara Domingo Zarzo. “Han dotado a sus empleados de la necesaria formación, EPIs y planes de reemplazo de personal, y han mantenido a la mayor parte de sus trabajadores operando en modo teletrabajo”. Esta última opción “hemos sido capaces de ponerla en marcha de forma rápida y eficiente”, expresa Pablo Bueno, ya que “el tener que trabajar online no ha sido una novedad [en el campo de la ingeniería] como lo ha podido ser para otros sectores”. Cabe destacar también “el refuerzo de la profundización en el conocimiento científico y tecnológico sobre las potenciales incidencias en la calidad del agua”, que revela Fernando Morcillo en su respuesta, sumada a lo anterior: “La capacidad de adaptarse al teletrabajo a partir del desarrollo de la digitalización de las organizaciones cualificadas, que ya lo venían implantando”.

“Todas las empresas establecieron planes de contingencia y se prepararon para poder seguir dando un servicio continuo y de calidad” (Domingo Zarzo)

Además, Domingo Zarzo cree que “ha habido un esfuerzo importante por parte de las empresas y asociaciones por tranquilizar a la población”. Manuel Suárez lo corrobora desde su posición: “La gente de la calidad del agua, nuestra asociación, ha estado expuesta a importantes riesgos y se han comportado admirablemente”. También lo dice Luis Babiano: “Los operadores públicos de agua seguimos garantizando al 100% el suministro. El compromiso con el derecho humano al agua mandaba garantizar el acceso de todos y todas al agua potable y al saneamiento”. Y Sergi Martí: “Solo se puede tener una valoración muy buena de la respuesta de las empresas de AQUA ESPAÑA. Se adaptaron rápidamente a la adversidad y lo hicieron procurando mantener todos los puestos de trabajo, en un entorno de gran incertidumbre sanitaria, legal, económica y empresarial. Esto se ve reforzado porque las empresas consideran que mantendrán el nivel de empleo durante 2020, incluso a pesar de tener certeza que la facturación de la empresa caerá”. Para muestra, los datos: “El 83% de las empresas que prevé variaciones en su facturación en 2020 considera que tendrá una caída superior al 10%, y un 19% caídas superiores al 40%”. AEAS y AGA destacan su papel: “Hemos realizado las tareas asociativas necesarias para no dejar a nadie atrás, aportando recomendaciones para redactar planes de contingencia frente a la crisis, facilitando y divulgando la información profesional y científica de alcance, así como las experiencias de aquellos operadores líderes del sector”, detalla Fernando Morcillo.

Finalmente, el presidente de AEAS pone el acento en la especial atención a los trabajadores del sector: “A través del convenio con AGA, sabemos que, de los 35.000 empleos directos, un 40% se ha mantenido en actividad presencial y atendiendo a la operación y el mantenimiento de los sistemas, y un 35% ha realizado su actividad por teletrabajo. El resto ha permanecido en confinamiento domiciliario, en reserva, retén o simplemente retirado temporalmente”. Y un dato importante: “A pesar de la escasa colaboración gubernamental, entendible en cierta manera por la profundidad de la crisis pandémica, el sector del agua urbana presenta unos números de afecciones en su personal por COVID-19 muy inferiores a la media nacional. Lo que concluye que esa protección ha cubierto sus objetivos preventivos”. “Por otra parte”, indica Manuel Marchena, “el instrumento de los ERTEs no ha sido utilizado por las empresas del agua españolas, cuando se dio la posibilidad de ello a los sectores esenciales. Se ha mantenido el empleo en su totalidad en estas difíciles condiciones”.

El retorno a la “nueva normalidad”

Otra de las grandes incógnitas, por poco clara e inédita para todos, es la incorporación del sector del agua a la “nueva normalidad”, si es que estas circunstancias llegarán a ser algún día “normales”. “En esto hay tantas opiniones como personas”, afirma Pablo Bueno. Y así lo manifiestan los presidentes de las asociaciones: “La vuelta a la normalidad empresarial irá inicialmente ligada a las fases del plan de desescalada del Gobierno”, asegura Sergi Martí. AEAS entra en más detalle en las fases: “La prioridad será asegurar, con garantía y resiliencia, la prestación de los servicios”, asegura Fernando Morcillo. “El cumplimiento de las medidas de protección y aislamiento social está siendo, es y será, la base para adaptar los planes de contingencia. Los procedimientos de alerta temprana se están empezando a implantar al personal que se debe ir incorporando. Los procedimientos de seguridad en los contactos con proveedores y empresas auxiliares se adaptarán a las fases de retorno hasta alcanzar la fase de operación habitual. La inversión en equipamiento (pantallas, mamparas o sistemas que eviten contacto físico) es un hecho, como la generalización de procedimientos de desinfección frecuente y exhaustiva. La coordinación con las autoridades se seguirá manteniendo, y el apoyo ofrecido se mantendrá y reforzará, adaptándose al programa de fases”.

“Alrededor de 60.000 trabajadores implicados directa e indirectamente han mantenido de manera ejemplar la calidad del servicio” (Manuel Marchena)

En AEOPAS “creemos que no debemos hacer hincapié en el número de fases, sino más bien en la planificación. Es importante que cada operador público elabore un plan cuyo objeto será definir los posibles escenarios de la vuelta al trabajo presencial, para realizarla de manera ordenada y controlada. Este plan debe ser un documento abierto al diálogo permanente, y necesariamente sujeto a cambios e incorporaciones para ir adaptándose a lo que regulen las autoridades”, dice Luis Babiano, ya que “una vez llegado el momento de reanudar la actividad de forma progresiva, es preciso seguir los pasos necesarios para garantizar la seguridad y salud en el trabajo”.

Domingo Zarzo difiere ligeramente: “La actividad de servicios no se ha detenido, así que la vuelta a esta nueva normalidad va a ser relativamente sencilla. Cada empresa está fijando además sus criterios para la vuelta a las oficinas del personal que se encuentra en teletrabajo de una forma gradual y segura”. El presidente de AQUA ESPAÑA, Sergi Martí, se muestra de acuerdo: “A medida que se vaya reactivando la actividad económica, las empresas irán asemejando su actividad a la que tenían con anterioridad a la COVID-19, si bien algunos nuevos hábitos se harán normalidad”, y pone el teletrabajo como ejemplo.

En este marco, el empleo requiere protección. Y es que “el país no puede seguir parado más tiempo”, cree Pablo Bueno, a pesar de que “nuestro sector es muy privilegiado y la adaptación es menos complicada que en otros”. Manuel Marchena comparte una de las herramientas clave: “El sector acababa de firmar un convenio colectivo que establecía pautas de estabilidad en el empleo, mejoras intensas en formación y conciliación de la vida laboral y crecimiento de la masa salarial. Esta crisis nos hace insistir en dichas directrices con un mayor aprendizaje en el teletrabajo, la inversión tecnológica y la descarbonización”. Un dato importante, ya que, como indica Pablo Bueno, “estamos preocupados porque en España baje la inversión en el corto plazo”. Ante lo que propone que “si no disponemos de suficientes recursos económicos públicos para invertir, hasta que estén disponibles y mientras se movilizan los recursos privados, debemos invertir en proyectos y estudios. De esta forma estaremos preparados para lanzar esas inversiones cuando los recursos estén disponibles”.

Con todo, Manuel Marchena concluye: “Ojalá que la nueva normalidad vuelva a parecerse a la normalidad en el sector del agua de antes de la COVID-19”.

Medidas desde el Gobierno

Este particular intercambio de opiniones no podría estar completo sin la “carta a los Reyes Magos”, o la petición de medidas al Gobierno para el sector del agua. Lo cierto es que, siendo realistas, “el sector del agua urbana es muy pequeño: apenas supone el 0,7 del PIB. Quizás por esto y porque no genera problemas, es frecuentemente olvidado”, apostilla Fernando Morcillo. Además, “no se ha reconocido como merecía la labor de empresas y trabajadores del agua del grifo, un servicio esencial e indispensable, en el estado de alarma”, denota Manuel Marchena.

Las propuestas de las asociaciones se enmarcan en diversas temáticas. La primera, la economía y el empleo: “Al igual que ocurre con otros sectores productivos, se deberán proveer las medidas transitorias de liquidez y apoyo financiero para garantizar la viabilidad económica y el empleo de las empresas durante la crisis”, enuncia Julián Núñez. Y apuesta por “las infraestructuras, particularmente las relacionadas con el agua. Estas deberán tener un significativo protagonismo en la reconstrucción de nuestro país para resolver el déficit de inversión acumulado en infraestructuras hidráulicas, superior a 15.000 millones de euros”. Propone “financiar estas inversiones” mediante “la obligada implementación de mecanismos de financiación privada mediante concesión, que además de no alterar un ápice su titularidad pública, presentan importantes ventajas sociales y económicas”. Pablo Bueno lo ratifica: “El desarrollo de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las existentes debe ser una realidad dentro de los presupuestos del Estado”. Y apuntala su ámbito: “Para que esta inversión sea eficaz y austera, no se deben escatimar esfuerzos en pensar; los aspectos técnicos y la valoración técnica de las ofertas de ingeniería deben estar muy por encima de la valoración económica. Es el momento de invertir en ingeniería para estar preparados a invertir en construcción en cuanto los recursos económicos estén disponibles”.

En el agua urbana, “el Gobierno tiene que apostar por la inversión como parte de ese Green Deal que se promete”, alega Manuel Marchena. “Tiene que coadyuvar en todas las medidas que aseguren el reequilibrio y la sostenibilidad económica de nuestro sector: fuerza mayor, compensación en plazos concesionales, bonos para población vulnerable, mejora en el IVA y en las condiciones económicas de los ayuntamientos para el reequilibrio de sus servicios de su competencia como el agua…”. Fernando Morcillo extiende el planteamiento: “El Gobierno debe trabajar en impulsar medidas urgentes para la mitigación de los impactos de la COVID-19 sobre los usuarios, trabajadores, contratistas y cadena de suministro industrial, medioambiente y operadores públicos y privados, con el fin de poder continuar garantizando el acceso al agua y la calidad de los servicios prestados, y aprovechar las oportunidades que puede ofrecer el sector para contribuir a la recuperación. Además, esto permitiría que nuestro país cumpliera los compromisos internacionales en relación con el cambio climático y las directivas [sobre agua]”. En definitiva, “nada que nuestro sector no haya diagnosticado antes, pero que en esta coyuntura debe ser priorizado”. Una idea que Pablo Bueno apoya: “La inversión en agua siempre debe ser uno de los pilares de desarrollo de un país. El vector agua está ligado al desarrollo y subsistencia de otros muchos sectores, y debe mantener planes periódicos de inversión más allá de la duración de una legislación política”, como también lo hace Manuel Suárez: “Debemos pedir al Gobierno que se dedique al sector del agua la parte que legítimamente le corresponda. Es el momento de ponerse al día con las inversiones en infraestructuras vinculadas a la salud pública, y tanto el abastecimiento de agua potable cómo saneamiento y depuración de aguas residuales son servicios públicos básicos, declarados esenciales y ligados a la salud pública”.

“Las infraestructuras, particularmente las relacionadas con el agua, deberán tener protagonismo en la reconstrucción de nuestro país” (Julián Núñez)

Lo que parece inevitable es “una disminución de recursos públicos aplicados al agua”, continúa el presidente de ADECAGUA. Aunque diferencia entre el sector público, que “tendrá la misma protección y tratamiento que el resto del sector público”, y el sector privado, que “habrá de soportar unos costes más altos y debería ser compensadas en esos costes, debiendo soportar aquellos que denominamos ‘riesgo y ventura’ del negocio”. Sergi Martí establece que “el Gobierno debe facilitar y ayudar activamente a la actividad empresarial. Se deberán desarrollar y aplicar algunas medidas concretas orientadas a facilitar la tesorería de las empresas y su viabilidad económica, si antes ya lo eran”. Y acota: “Una primera cosa que debería hacer el Gobierno sería establecer plazo de pago máximo efectivo de 45 días, acordes con estándares de otros países europeos; o simplemente que el pago a 60 días sea por fin una realidad. También retrasar, rebajar y facilitar los pagos de los impuestos con un calendario acorde a la situación económica del país, y avanzar en la flexibilización del mercado laboral”.

La bajada del consumo preocupa a AEOPAS: “Generará importantes desfases transitorios de tesorería en el corto plazo y de solvencia financiera en el medio plazo”. Incrementar las tarifas no entra en sus planes: “Remitimos una carta donde se solicita al Gobierno que aborde, entre otras cuestiones, la supresión de limitaciones en la gestión y financiación pública de los servicios del ciclo integral del agua, un sistema de avales del Estado para préstamos a nuestras empresas públicas, ‘el dinero del agua debe ir solo para el agua’, la reducción del IVA, la creación de una línea de ayudas públicas, y la creación de observatorio del agua”.

Por último, Domingo Zarzo refuerza lo anteriormente dicho: “A medida que se van superando las fases de emergencia sanitaria, se deberían adoptar medidas para reactivar económicamente el sector”. Y así resume la gran conclusión: “La garantía de la correcta gestión del agua ha estado ahí desde el primer momento por parte de las empresas y administraciones, aunque lidiando con los mismos problemas de siempre”.