Connecting Waterpeople
Contenido premium

"Debemos entender que los servicios de agua y saneamiento son clave para garantizar la salud"

Pedro Arrojo (Foto: Pablo González-Cebrián/iAgua).
Pedro Arrojo (Foto: Pablo González-Cebrián/iAgua).

El pasado mes de octubre, Pedro Arrojo fue nombrado Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento por Naciones Unidas, en sustitución de Léo Heller. Con este nombramiento, será el tercero en ocupar este cargo, y el primer español en ocupar un puesto de Relator Especial en Naciones Unidas.

Pedro Arrojo es Doctor en Físicas y profesor emérito de Análisis Económico, y ha centrado su investigación en la economía del agua. Ello le ha valido para publicar setenta libros, unos cien artículos y participar en múltiples congresos.

Arrojo, que ha trabajado como Diputado de Unidas Podemos por Zaragoza durante los últimos años, lleva desde 2001 vinculado al sector del agua, cuando lideró la oposición al Plan Hidrológico Nacional.

Ahora, tras su nombramiento durante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra, se enfrenta a los retos del derecho humano al agua y al saneamiento en un contexto de crisis global en el que la COVID-19 y el cambio climático se alzan como los mayores retos a los que hacer frente.

Publicado en iAgua Magazine 32 - Diciembre 2020
iAgua Magazine 32

En primer lugar, enhorabuena por su nombramiento. ¿Qué supone para usted esta nueva responsabilidad, y con qué objetivos la asume?

Supone un gran honor, pero también una responsabilidad tan desbordante como ilusionante. Me ofrece, en suma, la posibilidad de volcar hacia Naciones Unidas el caudal de saberes y de experiencias que he cultivado a lo largo de mi vida, tanto en mi trabajo como investigador universitario, desde el enfoque interdisciplinario que viene promoviendo la Fundación Nueva Cultura del Agua, como en mi compromiso ciudadano en estrecha colaboración con los movimientos sociales.

Los objetivos que pretendo afrontar son múltiples, pero siempre insisto en la necesidad de vincular la lucha por los derechos humanos al agua potable y al saneamiento con la recuperación del buen estado y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. Me propongo diseñar los perfiles y objetivos de mi mandato en el marco de la triple crisis global vigente –climática, de salud pública y de gobernanza democrática– que nos imponen el cambio climático, la pandemia de la COVID-19 y la financiarización de la vida. Para ello, será fundamental trabajar en estrecha colaboración con otros mandatos y relatores especiales (medioambiente, vivienda digna, salud pública, pobreza extrema, contaminación tóxica, violencia contra las mujeres, pueblos indígenas, migrantes…), así como con organizaciones y agencias de la ONU como ONU Mujeres, la OMS, UNICEF o UNESCO. Dedicaré, eso sí, especial atención a colaborar con ONU Agua (UN Water) para fortalecer el enfoque de derechos humanos que entiendo debe presidir el importante papel que puede y debe jugar a nivel global, desde la perspectiva del interés general de la humanidad, por encima de intereses nacionales o empresariales.

En este sentido, ¿cómo cree que le ayuda su trayectoria en el sector del agua en España a afrontar este cargo?

Yo creo que hay dos cuestiones que me ayudarán mucho: mi trabajo interdisciplinar, desde la visión de la Nueva Cultura del Agua que he contribuido a elaborar; y mi compromiso con los movimientos sociales, que me han permitido conocer de cerca la perspectiva de los que sufren los problemas. Como suelo decir, los afectados y afectadas por los diversos tipos de problemas de agua tal vez no tengan la razón en todo lo que dicen o proponen, pero sin duda lo que sí conocen perfectamente son los problemas que sufren. Por ello, es esencial escucharlos con suma atención si queremos entender los problemas para construir soluciones justas y eficaces. Las claves para afrontar la mayoría de los problemas en materia de aguas no suelen estar en cuestiones técnicas, que sin duda son importantes, sino en la participación ciudadana y el diálogo entre los propios interesados.

El agua y jabón seguirán siendo esenciales para prevenir la enfermedad y seguirán salvando cientos de miles de vidas en todo el mundo

En este sentido, por ejemplo, avanzar en el desarrollo efectivo de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento pasa fundamentalmente por priorizar esos derechos humanos sobre otros usos e intereses, asumir consecuentemente la visión de género que promueve ONU Mujeres (al fin y al cabo son ellas las que suelen asumir los cuidados y afrontan en primera línea el desafío de proveer agua potable en familias empobrecidas), empoderar a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y apostar decididamente por el diálogo social desde la lógica del interés general.

¿Cuáles han sido sus primeras actuaciones como relator Especial de la ONU para los derechos humanos al agua y al saneamiento?

Tomé posesión del cargo el 1 de noviembre de este 2020 y, en plena pandemia, me pareció urgente y prioritario lanzar un llamamiento a todos los Gobiernos para que se prohíban los cortes de agua a familias en situación de vulnerabilidad. Me aconsejaron aprovechar la oportunidad del Día Mundial del Saneamiento, que se celebra el 19 de noviembre, y eso hice. La Declaración, que contó con el apoyo de otros veintidós mandatos, enfatizó la urgencia de hacer efectiva esa prohibición en pleno auge de la pandemia, pero insistiendo en la necesidad de hacer de la necesidad virtud; transformando la necesidad urgente que impone la lucha contra el virus, en virtud permanente, mediante los cambios legales y normativos precisos. Cambios que garanticen un mínimo vital, como ocurre en Sevilla o en Cádiz, expresión de los derechos humanos en juego, a personas que tienen dificultades de pago, en todo momento y circunstancia, haya pandemia o no. Al tiempo que se lanzó esa Declaración, pusimos en marcha un ambicioso proyecto de buzón global de denuncia, información y seguimiento de estos cortes de agua a familias en situación de vulnerabilidad. El lema de este proyecto: Agua y Saneamiento: Derechos Humanos y Escudo Social.

¿Cómo definiría la importancia del acceso al agua y al saneamiento, y más en tiempos de COVID-19?

Como acabo de explicar, este ha sido el tema que ha sustanciado mis primeras iniciativas como Relator Especial de la ONU. Obviamente, el agua con jabón, junto al uso de la mascarilla, la distancia y la ventilación han sido y son las claves para prevenir la infección hasta que lleguen las vacunas que ya se anuncian. 

Pedro Arrojo (Foto: Pablo González-Cebrián/iAgua).

Pero incluso cuando esas vacunas lleguen, no todo el mundo tendrá acceso a ellas, de forma que el agua y jabón seguirán siendo esenciales para prevenir la enfermedad y seguirán salvando cientos de miles de vidas en todo el mundo. No deberíamos olvidar que, en la actualidad, se estima en 3.000 millones las personas que no tienen en el entorno de su casa ni siquiera un lavabo o una pileta para lavarse con frecuencia las manos, y que del orden de 4.500 millones no tienen un retrete o una simple letrina en su casa. Como tampoco deberíamos olvidar que este tipo de problemas no se dan solo en países remotos. Baste recordar cómo se iniciaron los primeros brotes de esta segunda y mortífera ola de la pandemia en nuestro país, afectando a los trabajadores temporeros de la fruta en el Bajo Aragón y en Lérida, que vivían hacinados y sin acceso a servicios de higiene, agua y saneamiento adecuados para prevenir la infección.

Tampoco deberíamos olvidar nuestra responsabilidad, como europeos, respecto a la inhumana situación de los refugiados que hemos bloqueado en Grecia o en Turquía, tan lejos como podemos de nuestras casas, hacinados y sin los más elementales servicios de higiene, agua y saneamiento para combatir la pandemia.

Esta crisis sanitaria y económica está retrasando los avances logrados en materia de agua y saneamiento en los últimos años. ¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades a abordar en este momento, y qué con qué herramientas deberían acometerse?

La pandemia viene generando, y generará en un futuro, no solo mucho dolor por las afecciones de salud, sino también una quiebra económica sin precedentes, así como un acelerado crecimiento de la desigualdad, de la pobreza y, por tanto, de la vulnerabilidad de millones de familias en todo el mundo. Dicho en otras palabras, crece y crecerá la pobreza de los que ya eran pobres, al tiempo que aumenta y aumentará el número de personas y familias empobrecidas.

Avanzar en el desarrollo de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento pasa por priorizarlos sobre otros usos e intereses

Por otro lado, puede esperarse una menor disponibilidad de fondos, tanto para desarrollar mejoras en los servicios propios de agua y saneamiento como para cooperar en esta materia con países empobrecidos. Todo ello podría llevar, desde la lógica financiera que presidió las llamadas políticas de austeridad en la crisis de 2008, a un relanzamiento de los recortes sociales y a una nueva ola privatizadora de servicios, al tiempo que los mayores niveles de impago en la facturación del agua podrían conllevar un endurecimiento de las políticas tarifarias. Si se impusiera esta lógica, repitiendo errores de un pasado reciente, creo que la crisis socioeconómica entraría en barrena y se perfilaría el fin de la UE.

Afortunadamente, y aunque nadie lo reconoce, se han empezado a imponer, por pura necesidad, los enfoques de la Teoría Monetaria Moderna que fueron rechazados de plano en 2008. Desde esta visión económica, el Estado debe asumir el reto de financiar y liderar, de entrada, un plan de choque frente a la pandemia, que se sustanció en nuestro país con el primer estado de alarma, el confinamiento y el escudo social. Más recientemente, el fracaso de la desescalada, bajo la presión miope de salvar el verano, nos ha forzado a reeditar un segundo estado de alarma, con una prolongación contradictoria del escudo social, en el marco de una estrategia dubitativa que impide cerrar la crisis sanitaria y, por tanto, la sangría económica, como consiguieron los países asiáticos. En todo caso, una vez se supere la pandemia, con las vacunas que se anuncian, de nuevo la iniciativa pública debería asumir una segunda fase decisiva, mediante el impulso y la financiación de un Plan Socio-Económico Verde, una especie de New Green Deal, liderando la transición energética frente al cambio climático en curso. En esta ocasión, nadie ha puesto en duda la necesidad de asumir un incremento de la deuda pública sin precedentes para afrontar la pandemia, e incluso, la mismísima UE parece decidida a lanzar, aún con múltiples contradicciones e indecisiones, ese New Green Deal europeo basado en niveles de deuda pública impensables hasta hace muy poco; deuda que, de una u otra forma, se monetizará en buena medida con el apoyo del Banco Central Europeo. Vivir para ver...

  • "Los servicios de agua y saneamiento son clave para garantizar la salud pública, y, por tanto, para nuestro sistema público de salud"
  • "Disponer de servicios de agua y saneamiento como servicios públicos de acceso universal debería constituir un objetivo central"

En este contexto, sin embargo, el reto, más allá de la transición energética, debería incluir una fuerte componente social que permita consolidar los valores democráticos que Europa dice defender. La pandemia ha dejado al desnudo muchas de nuestras vergüenzas, al tiempo que nos ofrece valiosas lecciones. De entrada, ha puesto al desnudo nuestra vulnerabilidad individual y colectiva frente al virus, evidenciando la necesidad de fortalecer nuestro sistema público de salud. Hoy queda claro que no es aceptable dejar a nadie fuera, y no solo por razones humanitarias y de justicia, sino como condición inexorable para ser efectivos en la lucha contra el virus. Frente a esa vulnerabilidad no caben blindajes por renta, raza o religión, ni cabe marginar a los más pobres reforzando fronteras; de hecho, el virus viajó esta vez en avión, incluso en business class, por todo el mundo. En este contexto, casi nadie cuestiona que buena parte de los fondos públicos se dirijan a reforzar el sistema público de salud.

Pues bien, es en este contexto en el que debemos plantearnos los retos en materia de agua y saneamiento. Debemos entender y asumir que los servicios de agua y saneamiento son clave para garantizar la salud pública, y, por tanto, para nuestro sistema público de salud, más allá de que sean competencias municipales. Disponer de servicios de agua y saneamiento como servicios públicos de acceso universal, por encima de cualesquiera otros intereses, por legítimos que pudieran ser, debería constituir un objetivo central, ligado a ese amplio consenso en torno a la necesidad de fortalecer nuestro sistema público de salud, desde la lógica del interés general, sin ánimo de lucro alguno, y bajo el objetivo, ni más ni menos, que garantizar la salud de todos y todas. Desde la visión de la Teoría Monetaria Moderna, ese Plan Socio-Económico Verde de la UE, como he dicho, debería tener una fuerte componente social, con el correspondiente esfuerzo financiero. Solo así podremos aspirar a recobrar la ilusión por una Europa que no deje atrás a nadie y que garantice los derechos humanos como prioridad democrática irrenunciable.

Numerosos gobiernos han prohibido la desconexión del agua durante la pandemia. ¿Cómo valora esta acción? ¿Cree que debería extenderse más allá del contexto actual?

Tal y como dije anteriormente, casi nadie ha cuestionado el acierto del Gobierno español, y de otros gobiernos, al acompañar las duras medidas de confinamiento con el correspondiente escudo social, que incluía la prohibición de cortes de agua, cuestión que sin duda merece un reconocimiento explícito y claro. Sin embargo, la endeblez de nuestras convicciones quedó en evidencia cuando, una vez pasado el confinamiento, el Gobierno cedió a las presiones de determinados sectores empresariales que exigen poder cortar el agua a quienes no paguen, aunque se trate de familias empobrecidas y en riesgo de exclusión.

Pedro Arrojo (Foto: Pablo González-Cebrián/iAgua).

Deberíamos preguntarnos: ¿Qué sentido tiene insistir en la necesidad del lavado de manos con agua y jabón, para todo el mundo y en interés de todos y todas, si luego se corta el agua a quienes, estando en situación de mayor vulnerabilidad sufren mayor riesgo de contagio? Hoy, la nueva ola pandémica mata tanto o más que la primera y sin embargo nos encontramos con el escudo social desactivado en este frente. 

En todo caso, más allá de reactivar el escudo social con la prohibición de cortes de agua a familias en situación de pobreza (certificada en cada caso por los servicios sociales de los ayuntamientos), no me cansaré de insistir en mi sugerencia de aprovechar las lecciones que el virus nos está dejando para hacer de la necesidad virtud y garantizar por ley el acceso cuando menos a un mínimo vital a quienes tienen dificultades de pago, en cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, tanto en estos difíciles momentos como cuando consigamos superar la pandemia.

Alcanzar los objetivos de agua, saneamiento e higiene de los ODS requiere niveles de financiación sin precedentes. ¿Cómo se puede atraer esta inversión desde los gobiernos, los organismos internacionales y el sector privado?

Como ya he dicho, las inversiones públicas en materia de agua y saneamiento deberían formar parte de la prioridad que debemos asignar en los presupuestos (del Estado, de las autonomías y de los ayuntamientos) al fortalecimiento de nuestro sistema público de salud. Me llama de hecho la atención que nadie ponga en duda esa prioridad general, con especial énfasis en la atención primaria, y olvidemos demandar la financiación correspondiente para los servicios de agua y saneamiento, sobre la base de reformar y reforzar la financiación municipal al respecto. Sin duda, sufrimos todavía, en inexplicable silencio, el progresivo sacrificio de las finanzas locales desde la lógica de la mal llamada austeridad. Y digo mal llamada, porque la austeridad no significa sacrificar lo imprescindible para una vida digna, ni lo que es justo y por tanto debe ser prioritario, sino en restringir lo que es prescindible o suntuario; y disponer de servicios de agua y saneamiento adecuados que garanticen los correspondientes derechos humanos y ciudadanos no debería ser considerado ni prescindible ni suntuario. 

Las inversiones públicas en materia de agua y saneamiento deberían formar parte de la prioridad que debemos asignar al sistema de salud

Por ello, creo fundamental reforzar las capacidades financieras locales para poder garantizar, desde la necesaria autonomía municipal, una gestión solvente, transparente, eficaz y eficiente, de servicios básicos, como los de agua y saneamiento; y hacerlo, insisto, desde la coherencia del interés general, sin ánimo de lucro, que preside la gestión de ese sistema público de salud que tanto admiramos y defendemos hoy.

Indudablemente, todo ello implicará movilizar recursos económicos en obras y desarrollos tecnológicos que abrirán amplios espacios y beneficios para el sector privado. Pero, al igual que ocurre en gran medida en el sector de la sanidad, no debe esperarse que sea el sector privado quien financie y gestione las responsabilidades que corresponden a las instituciones públicas, en nuestro caso a los ayuntamientos. El agua y el saneamiento necesitan sin duda inversión, pero sobre todo necesitan una regulación que refuerce la institucionalidad pública sobre bases de eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Al respecto, no deberíamos olvidar que hablamos de servicios de agua y saneamiento de los que dependen derechos humanos y derechos ciudadanos que, por su naturaleza, deben ser de acceso universal, como ocurre con la salud. Transformar a los ciudadanos y ciudadanas en simples clientes no resolverá los problemas de agua y saneamiento, y menos los problemas de esos 2.200 millones de pobres que hoy no tienen garantizado el acceso al agua potable y de esos 4.500 millones que no disponen de los más elementales servicios de saneamiento en el mundo.

Por último, centrándonos en España, ¿cómo calificaría la situación en materia de acceso al agua y al saneamiento, y cuáles cree que son los mayores desafíos a los que debemos hacer frente como país?

Obviamente, en España, como país desarrollado, disponemos de servicios de agua potable y saneamiento que dan cobertura a prácticamente toda la población. No obstante, la pandemia nos ha destapado algunas vergüenzas al respecto. Ha hecho estallar el escándalo sobre las condiciones en que viven muchos trabajadores temporeros, hacinados y sin acceso a los mínimos servicios de higienes, agua y saneamiento, lo que favoreció el inicio de esta segunda ola de la pandemia en España. 

Pedro Arrojo (Foto: Pablo González-Cebrián/iAgua).
Pedro Arrojo (Foto: Pablo González-Cebrián/iAgua).

Pero, además, ha hecho emerger el debate sobre los cortes de suministro a familias en situación de vulnerabilidad, replanteando la necesidad de reformas legales que garanticen el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Reformas legales y normas reguladoras que deberían promover, por un lado, la transparencia y la participación ciudadana como antídotos contra la corrupción y, por otro lado, adecuadas estrategias de prevención y adaptación frente al cambio climático en curso.

A pesar de todo, creo que no sabemos apreciar hasta qué punto somos privilegiados al respecto. Abrimos el grifo a cualquier hora, en cualquier día y tenemos disponible toda el agua potable que deseamos; y nos parece normal, sin más. Sin embargo, basta viajar por el mundo para darnos cuenta que en muchas ciudades del planeta se recomienda no beber del grifo para evitar problemas serios. Sirva de ejemplo, en un país tan querido para mí como es Perú, el caso de Lima, donde los relaves mineros abandonados en el Cerro de Tamboraque lixivian sin remedio metales pesados sobre el río Rimac que abastece a la capital. Cuando la ONU estima que 2.200 millones las personas que no tienen garantizado el acceso a agua potable se refiere a las que no tienen agua clorada, lo que, al menos en principio, reduce los riesgos de infección intestinal. Sin embargo, crece día a día la contaminación tóxica, por pesticidas, metales pesados y otros contaminantes químicos que las depuradoras urbanas y la cloración no pueden eliminar.

En la Unión Europea, y en España en particular, aunque no estamos en absoluto libres de contaminantes, como los que se derivan de los excedentes de purines ganaderos o de malas prácticas agrarias, por no hablar de otros contaminantes emergentes, como antibióticos, microplásticos etc., la legislación, es cada día es más exigente. Pero, además, y creo que esto es muy importante, la nueva Directiva de Agua Potable, en línea con la Directiva Marco de Agua, pone el foco en la necesidad de recuperar el buen estado de nuestros ríos, humedales, lagos y acuíferos, que constituyen lo que podríamos llamar la red primaria que nos abastece de agua para todos los usos, y en particular para los usos domésticos y urbanos.

Disponer de servicios de agua y saneamiento que garanticen los derechos humanos y ciudadanos no debería ser considerado prescindible

En todo caso, a mi entender, los retos principales se centran en hacer efectiva esa recuperación y conservación del buen estado de nuestros ecosistemas acuáticos; renovar al ritmo adecuado nuestras redes urbanas, en las que no deberíamos perder más del 10% de esos caudales que previamente hemos regulado, transportado, depurado y clorado, con enormes costes y sacrificios; asegurar un adecuado saneamiento de los retornos, evitando la mezcla de efluentes domésticos con retornos industriales tóxicos que, lejos de depurarse, bloquean y degradan las capacidades de nuestras depuradoras urbanas; desarrollar adecuados sistemas de saneamiento extensivo en el medio rural, con tecnologías cuya gestión y financiación sean asumibles para ayuntamientos y comarcas; desarrollar el drenaje pluvial separativo y la progresiva implantación de estrategias de permeabilización de nuestras ciudades (donde el subsuelo lo haga posible y recomendable), a fin de evitar los vertidos directos que se producen cuando hay tormentas y gotas frías, fenómenos extremos que crecerán en intensidad y frecuencia con el cambio climático en curso; y desarrollar planes urbanos de sequía, en el marco de las necesarias estrategias de sequía, que permitan garantizar, desde la prioridad del uso urbano, el abastecimiento doméstico en ciclos de sequía que tenderán a ser más largos, intensos y frecuentes con el cambio climático en curso.