Han pasado 28 años desde que en 1991 la Unión Europea aprobara la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas por la que los Estados miembros debían velar por que, a más tardar el 31 de diciembre de 1993, el vertido de aguas residuales industriales en sistemas colectores e instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas estuviera sometida a la normativa previa y/o a autorizaciones específicas por parte de la autoridad competente o de los organismos adecuados. Y han pasado 24 años desde que el Real Decreto Ley 11/1995 traspusiera a nuestro ordenamiento jurídico la parte de dicha Directiva que no estaba incluida ni en la Ley de Aguas ni en la Ley de Costas, en el que se establecía que las aglomeraciones urbanas de entre 2.000 y 15.000 habitantes-equivalentes (h-e) debían disponer de sistemas colectores para las aguas residuales antes del 1 de enero del año 2006, además de que aquellas con menos de 2.000 h-e que vertiesen en aguas continentales y estuarios dispusieran de un tratamiento adecuado para sus aguas residuales para la misma fecha.
Nada más lejos de cumplir con lo estipulado, la implementación de un tratamiento adecuado para las aguas residuales en pequeñas poblaciones se ha ido retrasando hasta llegar a nuestros días, donde la sombra de la falta de inversión y de un acuerdo de competencias planean sobre el sector.
La implementación de un tratamiento adecuado para las aguas residuales en pequeñas poblaciones se ha ido retrasando hasta hoy
Un problema que viene de lejos
Hablar de la gestión del agua en España es hablar de un modelo basado en la experiencia de todos los actores implicados, en el que se aúnan las capacidades tanto del sector público como del privado. No obstante, la depuración del agua en pequeñas poblaciones arrastra un problema de incumplimientos de la normativa europea desde su trasposición, al quedar relegada a la última posición de prioridades de la materia.
En la década de los 90, cuando el gobierno de Felipe González comenzó a trabajar en la depuración del agua en España para satisfacer las exigencias de la Directiva y solo el 30% de la población estaba conectada (que no depurada), el foco se puso en los centros urbanos importantes, los de más de 100.000 habitantes, para ir bajando en el escalafón poblacional. El objetivo era llegar a los núcleos más pequeños, algo que fue quedándose en el aire con el tiempo por la falta de planificación e inversión. Así, con el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) aprobado por la entonces Secretaría de Estado y Medio Ambiente y Vivienda, España ha conseguido un parque de infraestructuras hídricas que trata la mayor parte de sus aguas residuales. Sin embargo, las actuaciones sobre las aglomeraciones con menos de 2.000 h-e quedaron a voluntad de las políticas de cada comunidad autónoma, cuya consecuencia fue un grado de avance muy dispar.
En este sentido, el retraso del cumplimiento de la Directiva para aglomeraciones incluso superiores a 15.000 h-e, supuso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminase en abril de 2011 que las autoridades españolas estaban infringiendo la legislación de la UE al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas vertidas por 37 aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones). Un problema que no se resolvió del todo 5 años más tarde, cuando en noviembre de 2016 la Comisión Europea volvió a llevar a España ante el Tribunal por demorar la adopción de medidas oportunas aún en 17 aglomeraciones urbanas. Pero no acaba aquí: en julio de 2018, España fue condenada a pagar una suma de 12 millones de euros por seguir incumpliendo las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, más una multa coercitiva de 11 millones por semestre que persistiera la situación. Algo que, según el Gobierno español, podría extenderse hasta 2022, cuando se prevé que esté terminada la última de las depuradoras pendientes.
Estos retrasos constantes en las obligaciones para con Europa dejan en un segundo -o tercer- plano a las aglomeraciones de menor tamaño, donde existe un procedimiento abierto desde 2012 que afecta a más de 500 aglomeraciones urbanas de entre 2.000 y 15.000 habitantes por el incumplimiento de las obligaciones relativas al tratamiento de aguas residuales y sistemas colectores en zonas normales y sensibles. Y, además, también podrían ser objeto de sanción las más de 550 aglomeraciones de más de 2.000 h-e que aún tienen pendiente depurar correctamente sus aguas.
¿Qué ocurre entonces con las pequeñas aglomeraciones urbanas?
Las particularidades de la depuración en pequeñas poblaciones
Antes de analizar la compleja situación de la depuración en pequeñas aglomeraciones urbanas -aquellas menores de 2.000 habitantes equivalentes-, es necesario señalar que, según cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2018 del INE, en España existen 8.124 municipios, de los cuales 5.872 tienen una población menor a 2.000 habitantes. Es decir, un 72%.
El tratamiento de las aguas residuales en pequeñas poblaciones puede parecer un problema menor, pero no lo es. No es sin razón que la mayoría de las regiones europeas lo tengan como uno de sus mayores retos medioambientales, y es que la devolución del agua a nuestro entorno en un estado óptimo tras utilizarla es clave para la sostenibilidad del ciclo integral del agua a largo plazo; un hecho que debería ser independiente al tamaño de la población.
Donde sí importa el tamaño es en la manera de abordar el problema, pues la depuración del agua en pequeñas poblaciones no puede verse del mismo modo que en lugares que abarcan una población mayor. Es en esta diferencia donde la gestión del ciclo integral del agua entra en un círculo vicioso que no termina de allanar el camino.
Mientras que el abastecimiento en las grandes aglomeraciones suele conllevar unos costes mayores y el saneamiento es relativamente económico, cuando hablamos de pequeñas poblaciones, el grado de inversión se invierte: el abastecimiento es asequible, pero en el saneamiento el coste se dispara por varios motivos. Para empezar, a menudo existe una irregularidad de los vertidos tanto en su caudal como en su carga contaminante, que viene condicionada, en parte, por la ambigüedad e interpretable definición en la normativa de lo que se considera un “tratamiento adecuado”, carente de unos valores límites de emisión específicos para las pequeñas poblaciones. Esto genera confusión entre las autoridades responsables municipales sobre el grado de tratamiento al que hay que someter las aguas residuales en función del medio receptor, el tamaño de la población y la sensibilidad de la zona. Este hecho lleva al segundo motivo: la tecnología aplicable.
Si algo caracteriza a la España del siglo XXI es su capacidad tecnológica, heredada de una larga tradición en el diseño y construcción de este tipo de plantas. Contamos con un amplio abanico de tecnologías válidas en función de las características específicas de las aglomeraciones y de las exigencias de los vertidos, pero falta un grado de especialización acorde con el problema. Si bien el país puede presumir de “tener” una buena plantilla de expertos, es necesaria una estandarización de soluciones que permitan desplegar nuestra tecnología a través de un marco regulatorio estable que asegure los recursos necesarios para implantar y explotar los sistemas más adecuados a este tipo de poblaciones. Y este marco influye sobre el tercer motivo: el económico.
A menudo, las pequeñas poblaciones suelen presentar recursos económicos limitados para hacer frente a la gestión del saneamiento y la depuración de las aguas residuales generadas. Unos recursos que vienen determinados, según el “Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones” elaborado por CEDEX y CENTA para el anterior Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por el tamaño exacto de la población, por el nivel económico de la misma y por la existencia o no de un canon de saneamiento y un sistema organizado de gestión supramunicipal.
La depuración del agua en pequeñas poblaciones arrastra un problema de incumplimientos de la normativa europea desde su trasposición
La asignatura pendiente que no puede retrasarse más
Dentro de las competencias municipales, el abastecimiento y el saneamiento se encuentran entre los servicios públicos básicos de prestación obligatoria, y algo que es de obligado cumplimiento debería estar respaldado por todo el sector para poder cumplir los requisitos establecidos.
Se hace necesario, pues, abordar la depuración en pequeñas poblaciones con un enfoque más exigente por parte de todos los actores implicados, estableciendo un diálogo que consensúe y establezca tanto las competencias como una normativa específica y clara, una tecnología adaptada a las condiciones de las poblaciones y unas inversiones acordes con los requerimientos y exigencias dispuestos, teniendo en cuenta que todo el proceso debe ser ambientalmente sostenible. En definitiva, un modelo que busque el mejor sistema para generar la economía de escala suficiente y adaptada a cada circunstancia.
Y aunque ya existen fórmulas de éxito que sirven de ejemplo para cumplir los objetivos, como es el caso de Cataluña, donde la Generalitat asume todas las competencias de depuración y es la depositaria del canon que facilita los fondos económicos para la depuración de las pequeñas poblaciones; o el de Badajoz, cuya gestión supramunicipal a través de PROMEDIO garantiza que, independientemente de los recursos de cada localidad, el tratamiento de las aguas residuales se realice de forma sostenible y eficaz, en otros casos el mapa administrativo no es tan claro.
De esta forma, el sector mira con esperanza al Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), buscando la fórmula del modelo de gestión que optimice los recursos para hacer frente a los desafíos, responda a las causas que originaron los fracasos anteriores y plantee un horizonte cronológico viable para depurar la totalidad de las aguas residuales.
Y al igual que ocurre con otros aspectos ambientales, en lo que se refiere a la depuración de las aguas residuales tenemos los conocimientos, la tecnología y sabemos el camino a trazar, pero quizá siga faltando la voluntad y la solidaridad. El momento de la depuración de las aguas residuales es ahora, es responsabilidad de todos y no puede esperar más.
