Día Mundial de la Desertificación y la Sequía: restaurar la tierra para sostener el futuro
En una época de grandes pactos climáticos, conferencias globales y compromisos de sostenibilidad, la salud de los suelos —la más silenciosa de las crisis— apenas ocupa titulares. Sin embargo, la desertificación y la sequía afectan ya a 3.200 millones de personas en todo el mundo, según datos recientes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Y cada año, decenas de millones pierden sus medios de vida debido a la pérdida de tierras fértiles. Bajo el lema “Restaurar la tierra. Liberar las oportunidades”, la conmemoración de 2025 arroja luz sobre un proceso que se acelera mientras buena parte del planeta gira la mirada hacia otras urgencias.
Pese a que la desertificación ha estado históricamente vinculada a zonas áridas de África, los efectos del cambio climático, la deforestación, el uso no sostenible del suelo y las presiones sobre los recursos hídricos han extendido su alcance. En la 16ª Conferencia de las Partes de la UNCCD, celebrada en Riad a finales de 2024, se consolidó una visión más amplia: la desertificación no es solo un problema ecológico, sino una amenaza directa para la seguridad alimentaria, la salud pública y la estabilidad económica, como recoge el artículo “Desertification, Drought, and Planetary Health: UNCCD COP16 and the Future of Land” (The Lancet Planetary Health, 2025).
Bajo el lema "Restaurar la tierra. Liberar las oportunidades”, la conmemoración de 2025 arroja luz sobre un proceso que se acelera mientras buena parte del planeta gira la mirada hacia otras urgencias
En algunos países, una única sequía puede suponer hasta el 20% del producto interior bruto. El artículo advierte de que la competencia por la tierra, el acaparamiento de agua y la falta de planificación para fenómenos como la sequía de aparición lenta está dejando a cientos de millones de personas —entre ellas, medio millar de pastores nómadas— en una situación de extrema vulnerabilidad. “Cuando uno se da cuenta de que hay una sequía, ya es demasiado tarde para preparar la respuesta”, afirmaba Ibrahim Thiaw, secretario ejecutivo de la UNCCD, en una de las sesiones plenarias de la COP16.
Una de las decisiones más relevantes de la conferencia fue la adopción del Decision 16/28 on Land Tenure, que reconoce el acceso seguro a la tierra como una condición esencial para la salud, la nutrición y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. La equidad en la propiedad de la tierra, especialmente para mujeres y comunidades indígenas, se identificó como una de las claves para avanzar en políticas duraderas. Según Thiaw, menos del 20% de las mujeres poseen tierras, a pesar de representar casi la mitad de la mano de obra agrícola y producir hasta el 80% de los alimentos en los países en desarrollo.
La COP16 también abrió la puerta a una relectura del papel de la agricultura. El Decision 16/19 on Agricultural Lands incorporó por primera vez criterios explícitos sobre la salud del suelo como indicador de sostenibilidad. La degradación de las tierras agrícolas no solo reduce la capacidad productiva, sino que incrementa la inseguridad alimentaria y multiplica las migraciones forzadas. Como resumía el propio Thiaw: “No puede haber seguridad alimentaria si seguimos degradando la tierra.
En este contexto, la ciencia ha comenzado a ocupar un lugar más central en la formulación de políticas. Así lo analiza el artículo “Assessing the Impact of Science in the Implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification” (Land, 2022), donde se evalúa el papel del Science-Policy Interface (SPI) de la UNCCD desde su creación en 2013. El SPI ha permitido integrar el conocimiento técnico en los documentos de decisión de la Convención, mejorar los indicadores de seguimiento y fomentar sinergias con otras convenciones como las de biodiversidad o cambio climático. Su fortalecimiento, concluyen los autores, es esencial para lograr que el conocimiento científico tenga un impacto real sobre las decisiones políticas que afectan al suelo, el agua y la vida de las comunidades locales.
El fenómeno de la desertificación ya no puede entenderse como una amenaza aislada ni como un problema exclusivo de ciertas latitudes. Afecta de forma transversal a múltiples dimensiones del bienestar humano: salud, empleo, nutrición, acceso al agua, seguridad. Por eso, y aunque la COP16 no logró cerrar un instrumento vinculante específico sobre sequía, las decisiones adoptadas en torno a la propiedad de la tierra, la agricultura y la participación de los jóvenes apuntan a un rediseño más integral de las políticas sobre territorio.
España: la desertificación como herencia y presente
El fenómeno de la desertificación afecta de forma transversal a múltiples dimensiones del bienestar humano: salud, empleo, nutrición, acceso al agua y seguridad
España es uno de los países europeos más gravemente afectados por la desertificación. Según el Atlas de la Desertificación de España (CSIC, 2022), más del 70% del territorio presenta condiciones susceptibles a este proceso, y en algunas regiones —como el sureste peninsular— la degradación ya es estructural.
Los factores son múltiples: presión agrícola, sobreexplotación de acuíferos, abandono rural, incendios forestales, y una larga historia de deforestación industrial, como ocurrió en Sierra de Gádor (Almería), donde se talaron más de 500.000 árboles para alimentar los hornos de fundición durante el siglo XIX. Esa “desertificación heredada”, cuyos efectos persisten aunque las causas hayan desaparecido, deja paisajes desnudos, pobres en materia orgánica y con una capacidad casi nula para retener agua o regenerar ecosistemas originales.
Estudios recientes del Instituto de Hábitat, Territorio y Digitalización de la Universidad de Málaga, recogidos en el artículo “Conectando la desertificación con el carbono orgánico del suelo” (Moreno Alarcón, Concepción et al.,2023), muestran que el contenido de carbono orgánico en suelos del litoral mediterráneo ha descendido a niveles críticos, situándose en algunos parques naturales por debajo del 1,5%. Esta pérdida compromete no solo la fertilidad del suelo, sino su función como sumidero de carbono y su resiliencia ante la sequía.
El impacto del cambio climático ha agravado la situación. Las proyecciones apuntan a una reducción de las precipitaciones anuales y un aumento de los eventos extremos, lo que limita aún más la capacidad del suelo para recuperar su funcionalidad. Pero la degradación no se expresa solo en términos físicos. También afecta a las dinámicas sociales: las zonas más desertificadas coinciden con áreas despobladas, con alta dependencia económica del regadío intensivo o del turismo estacional, dos actividades especialmente vulnerables a la escasez de agua.
España cuenta con décadas de investigación científica de referencia internacional sobre desertificación, pero las soluciones implementadas han sido fragmentarias
Regresando al contenido de carbono orgánico del suelo (COS), cuya función como indicador de fertilidad y estabilidad ecológica ha sido ampliamente reconocida, en el estudio liderado por Concepción Moreno Alarcón, se analizaron parques naturales del sur peninsular. Los resultados mostraron que el contenido de COS era significativamente más bajo en las zonas áridas y degradadas, como el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (con valores inferiores al 1,5%), que en áreas más húmedas como Los Alcornocales (donde supera el 4%).
Este descenso en el carbono del suelo no solo implica menor fertilidad agrícola, sino también una reducción drástica de la capacidad del suelo para retener agua, almacenar nutrientes, sostener vegetación y absorber carbono atmosférico. A su vez, aumenta la vulnerabilidad frente a incendios, inundaciones súbitas y desertificación eólica.
España, en suma, vive una paradoja: cuenta con décadas de investigación científica de referencia internacional sobre desertificación, pero las soluciones implementadas han sido fragmentarias o demasiado puntuales. La restauración hidrológico-forestal, el manejo sostenible del territorio y la revalorización del conocimiento tradicional apenas se han aplicado con la escala y la continuidad necesarias para revertir tendencias que, en muchos lugares, ya parecen consolidadas.
Agua que no fluye: la sequía como rostro visible de la desertificación
Uno de los efectos más inmediatos de la desertificación es la disminución de la escorrentía útil y la progresiva desaparición de manantiales y cursos de agua intermitentes
En el corazón del proceso de desertificación hay un recurso cuya escasez resulta cada vez más tangible: el agua. Tal y como subraya Enrique Delgado Huertos en su trabajo “Deforestación y desertificación: dos caras del mismo problema”, la reducción de la disponibilidad hídrica en las zonas degradadas no es solo una consecuencia climática, sino también una manifestación de la pérdida de funcionalidad ecológica de los ecosistemas. Allí donde el suelo ha perdido su cubierta vegetal y su capacidad de retener agua, las precipitaciones —cuando se producen— se escurren sin ser absorbidas, alimentando torrentes que erosionan más que riegan.
Uno de los efectos más inmediatos de la desertificación es la disminución de la escorrentía útil y la progresiva desaparición de manantiales y cursos de agua intermitentes. Según el autor, entre 1940 y 1990 desaparecieron en España más de mil cursos fluviales de régimen permanente que pasaron a ser intermitentes o estacionales. No se trata solo de una menor pluviometría, sino de una alteración profunda del ciclo hidrológico provocada por la deforestación, la erosión y la compactación del suelo.
En este contexto, la sequía actúa como catalizador y síntoma. Se manifiesta con mayor frecuencia, intensidad y duración en regiones donde la tierra ha perdido su capacidad de infiltración y almacenamiento de agua. Y donde hay menos agua, la vegetación se reduce, el suelo queda más expuesto y el proceso se retroalimenta. Delgado Huertos insiste en que esta “espiral descendente” no puede afrontarse únicamente desde la gestión del agua superficial, sino que requiere una restauración hidrológico-forestal integral que incluya recuperación del suelo, reforestación inteligente y gestión adecuada de los usos del territorio.
El autor recuerda también que muchos de los sistemas de regadío actuales, lejos de revertir el problema, lo intensifican. En las zonas áridas y semiáridas, el uso masivo de aguas subterráneas —extraídas por encima de su capacidad de recarga— ha llevado al agotamiento de acuíferos, como ocurre en el sureste peninsular. Además, el uso intensivo de productos fitosanitarios, unido al empobrecimiento del suelo, ha contaminado una parte de estos recursos, cerrando así un círculo en el que cada componente agrava al siguiente.
La sequía se manifiesta con mayor frecuencia, intensidad y duración en regiones donde la tierra ha perdido su capacidad de infiltración y almacenamiento de agua
El papel de los bosques, en este sentido, no puede subestimarse. No solo regulan el clima local y favorecen la condensación de humedad atmosférica, sino que actúan como auténticas esponjas capaces de infiltrar el agua de lluvia hacia acuíferos profundos. La deforestación rompe este equilibrio. Allí donde la cubierta vegetal ha desaparecido, los suelos pierden porosidad, se endurecen, se erosionan y dejan de cumplir su función de reserva hídrica. Es precisamente esa conexión íntima entre suelo, agua y vegetación la que hace que la desertificación sea algo más que un proceso físico: es, como indica Delgado, “un desajuste ecológico de consecuencias sociales profundos.
En este sentido, mirar la tierra degradada no debería llevarnos solo al diagnóstico de una catástrofe ambiental, sino también a una forma de entender cómo hemos vivido y gestionado los recursos que sostienen la vida. La desertificación y la sequía no son realidades nuevas, pero hoy se entrelazan con dinámicas globales que las aceleran y extienden más allá de los paisajes que tradicionalmente asociamos al árido. La recuperación no será inmediata ni sencilla, pero tampoco es una quimera: requiere voluntad política sostenida, conocimiento técnico arraigado en lo local, y una revalorización del suelo como patrimonio común. Restaurar la tierra, como propone el lema de este año, implica devolverle su dignidad y su capacidad para sostener la vida. En ello puede residir una de las pocas certezas compartidas de nuestro tiempo.