Tras la contundente victoria de Javier Milei el pasado 19 de noviembre en las elecciones presidenciales de Argentina, la preocupación por su ruidosa propuesta de privatizaciones de empresas estatales ha hecho eco en todo el mundo. En palabras del inminente presidente de la República Argentina, “los cambios que necesita nuestro país son drásticos, no hay lugar para el gradualismo”, una vigorosa afirmación que lleva a pensar que sus planes de privatización serán aplicados sin anestesia.
Con el aplauso de la bolsa argentina y los inversores, el plan de Milei de mantener a los mercados “libres de intervención estatal” comenzará por los medios de comunicación públicos y la petrolera YPF. En su campaña electoral, el futuro presidente incluyó a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en su lista de privatizaciones, asegurando en una entrevista que “no tendría problema” en desestatizar la compañía, es decir, en devolverla a manos privadas. El pasado miércoles, Javier Milei confirmó que mantiene estos planes para AySA: "AySA era Aguas Argentinas, era privada y funcionaba muy bien […] Todo lo que hace el sector público lo hace mal".
El proceso de privatización y reestatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)
En 1993, la antigua Aguas Argentinas SA (AASA) se convirtió en la proveedora de agua potable y saneamiento para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diecisiete áreas del Gran Buenos Aires. Los accionistas principales eran los grupos franceses Suez Environnement y Vivendi Universal SA, la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, radicada en España, y el Anglian Water Group Limited de Reino Unido.
El control estatal permitió cumplir con el objetivo de mantener tarifas bajas para beneficiar a la coalición popular que apoyaba al gobierno
Durante la crítica crisis financiera que sufrió el país en los años 2000, que trascendería como la que provocó la petición de auxilio financiero al FMI y el sonado “corralito”, los accionistas de AASA propusieron al gobierno argentino una subida de las tarifas de agua, que cargarían a los usuarios. La negativa del Ejecutivo de Néstor Kirchner culminó con la retirada de las concesiones, regresando la gestión del agua al dominio público.
Tras este acontecimiento, el gobierno de Kirchner mantuvo congeladas las tarifas de las empresas privatizadas, una decisión que chocó frontalmente contra la gestión de las deudas en dólares de estas compañías. Después de una serie de insatisfactorias negociaciones con AASA, el gobierno concluyó este proceso buscando reemplazos potenciales para la concesión del servicio.
Finalmente, ante la falta de alternativas privadas que cumplieran con la consigna de no dolarizar ni aumentar tarifas, el gobierno de Kirchner decidió estatalizar la empresa en marzo de 2006, creando Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
El 90% de las acciones de AySA, ahora dependiente del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, pasaron al control directo del estado de forma intransferible, mientras que el 10% restante quedó en manos de los trabajadores. Este control estatal permitió cumplir con el objetivo de mantener tarifas bajas para beneficiar a la coalición popular que apoyaba al gobierno.
Desde su estatización, el control directo de AySA por parte del Poder Ejecutivo ha permitido garantizar tarifas bajas, logrando que “la tarifa media expresara el 0,55% del salario promedio y el 93% de los usuarios hacia 2015 contara con alguna forma de subsidio” (Chaia De Bellis, Jonás, 2023).
Además, durante la legislatura de Cristina Fernández de Kirchner, el censo arrojó por primera vez en 50 años un crecimiento positivo en infraestructura de agua potable y saneamiento, alcanzando una cifra de más de 5 millones de argentinos que accedieron a una red de agua potable segura y más de 4 millones a un saneamiento adecuado.
En la actualidad, AySA está liderada por Malena Galmarini desde 2019, durante cuya gestión también se han producido incrementos en las tarifas y una progresiva retirada de los subsidios
El gobierno de Mauricio Macri estuvo marcado por el inicio de un creciente aumento de la tasa de inflación que no se daba desde 1991, y llegando a situar el alza del IPC en Argentina en un 142,7% a día de hoy. En este contexto se enmarca la subida de las tarifas del agua en un 26% en mayo de 2018, que continuó aumentando hasta acumular un 45%.
En la actualidad, AySA está liderada por Malena Galmarini desde 2019, durante cuya gestión también se han producido incrementos en las tarifas y una progresiva retirada de los subsidios, resultando en una carga al usuario del 62% de los costes de agua y saneamiento. Por otro lado, Galmarini asegura haber heredado una deuda de la gestión anterior que, en 2022, consiguió refinanciar hasta 2026 por 500 millones de dólares.
Otro aspecto controvertido ha sido la denuncia a la titular de AySA por promover contratos que benefician a un proveedor de cloro -Transclor S.A- hasta 2028, acusando a la compañía de elaborar un pliego ad hoc para esta empresa, razón por la cual, presuntamente, incurriría en un delito de defraudación a la administración pública y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Malena Galmarini asumió esta demanda como una “denuncia con fines electorales”, al suceder cinco días antes del balotaje entre Massa y Javier Milei.
Respecto a las intenciones del próximo presidente para privatizar la empresa pública, su presidenta defendió ayer en las redes sociales los logros de AySA durante los últimos cuatro años, expresando que no todas las empresas públicas argentinas “funcionan mal”, y reafirmando el esfuerzo por hacer llegar las redes de agua potable y saneamiento a las familias humildes.
Aguas Argentinas sólo extendió las redes a los barrios donde podían pagar.
AySA, solo estos 4 años construyó 4.000km de redes, incluyó a 1.500.000 vecinos en la red de agua y 1.600.000 más en la red de cloacas. Trabajamos con los organismos internac de crédito para avanzar en… https://t.co/hBPeWL4w7e— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) November 23, 2023
