Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha asegurado que el MITERD se encuentra ultimando un nuevo decreto transitorio relativo al agua desalada, que llevará al Consejo de Ministros "a la mayor brevedad posible".
Con esta noticia, Ribera responde a las quejas de los regantes acerca del fin de las subvenciones al agua desalada, después de que expirara el decreto ley de sequía, que beneficiaba hasta el pasado 31 de diciembre a los regantes mediante una subvención al agua desalada.
Tras el descontento ante la subida del precio del agua desalada, Ribera asegura que este nuevo decreto busca responder a las necesidades de los regantes, y que ha sido "debatido y consensuado con los actores implicados en las últimas semanas de diciembre".
Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ya manifestó su descontento ante esta situación, indicando que la subida del precio del agua desalada es "absolutamente inaceptable", y ha anunciado su intención de presentar alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura.
El alcalde de Elche, Carlos González, también ha señalado al ministerio que preside Ribera, exigiendo la prórroga inmediata de las condiciones del decreto de sequía, que fijaba en 45 céntimos el m3 de agua desalada.
Alternativas para paliar la crisis hídrica
El MITECO ha indicado que la crisis climática provocará alteraciones del régimen hídrico a medio y largo plazo, que podrían conllevar una importante reducción de los recursos hídricos y mayor intensidad y periodicidad de fenómenos extremos, como sequías e inundaciones.
En este sentido, los nuevos planes hidrológicos proponen un nuevo uso de los recursos hídricos, planteando reducciones de las asignaciones de agua. Es el caso del río Tajo, donde la creación de un caudal ecológico es, según indica el ministerio de Ribera, un "requisito ineludible que tenemos que acatar para dar cumplimiento a varias sentencias y requerimientos de la Unión Europea, que han llegado a la conclusión de que el río Tajo en su cabecera tiene un serio problema de equilibrio ambiental".
Así, el Gobierno "está haciendo una apuesta por la búsqueda de fuentes alternativas de agua para las cuencas receptoras del trasvase" mediante inversiones de más de 650 millones de euros, de forma que se amplíe la capacidad de desalación de las plantas desalobradoras en el Levante.