El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha ordenado devolver a los propietarios de la antigua Aigües Ter Llobregat la cantidad de 304 millones de euros por la anulación del contrato de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat. De esta forma, el TSJC da la razón de manera parcial a ACCIONA, que reclamaba hasta 1.064 millones de euros por las inversiones realizadas y los perjuicios de la resolución anticipada del contrato.
Así, el TSJC ha estimado parcialmente la demanda de la compañía que preside Entrecanales, ya que no ha progresado la petición de indemnización de 794 millones de euros por el lucro cesante que ACCIONA solicitaba en concepto de los beneficios que, preveían, podían obtener en los 50 años de la concesión.
Esta cifra, 304 millones de euros, será ingresada a Fortress, el fondo que adquirió los derechos de cobro del juicio a ACCIONA por un importe de 170 millones más variables, y se desglosará en 262,8 millones como canon no amortizado, 38,2 millones como inversiones realizadas no amortizadas y 3,37 millones como costes de licitación y constitución.
La decisión final, sin embargo, podrá prolongarse en el tiempo, ya que el fallo puede ser recurrido.
Una adjudicación histórica
La privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat, la mayor llevada a cabo por la Generalitat en su historia, tuvo lugar en el año 2012 y en tiempo récord, cuando la Generalitat de Catalunya adjudicó el contrato de concesión por 50 años de la gestión de ATLL a ACCIONA, para prestar el servicio de abastecimiento de agua en alta a Barcelona, su área metropolitana y nueve comarcas de su entorno, lo que suponía, en ese momento, una población cercana a los 5 millones de personas.
Aigües de Barcelona, la otra parte del concurso, recurrió ante la resolución de la concesión a ACCIONA, alegando irregularidades, y, tras una sentencia del Tribunal Supremo, que anuló el contrato en 2018, el Govern catalán decidió liquidar el contrato un año más tarde.
ACCIONA presentó entonces una demanda en la que reclamaba una indemnización por las inversiones realizadas y los perjuicios provocados por la resolución anticipada del contrato, rechazando en los tribunales la última propuesta de liquidación del contrato de la gestión de ATLL realizada por la Generalitat de Cataluña, cifrada en 53,8 millones de euros: "El pago mínimo por la liquidación del contrato debe ser de 305,2 millones, a los que se suma la indemnización por daños y perjuicios que eleva la factura a 1.036 millones de euros", insistió la compañía.
Ahora, con la resolución del TSJC, parece que este pleito, uno de los mayores en la jurisdicción contencioso administrativa de España, tiene las horas —o las demandas— contadas.
