En marzo de 2012 se presentó, a la Asamblea Legislativa, el primer anteproyecto de ley para regular la gestión integral del recurso hídrico en el país. Esto abarca las aguas continentales, insulares, estuarinas y marinas (superficiales o atmosféricas) así como las subterráneas, cualesquiera sea su condición.
Con la ley se permitiría, entre otros aspectos, desarrollar un marco regulatorio sobre la gestión del agua como un bien nacional; establecería una institucionalidad encargada de ordenar y articular los usos y aprovechamientos del recurso hídrico, facilitaría la planificación del mismo; promovería la coordinación del Estado y la sociedad civil es la adecuada gestión y fomentaría la participación ciudadana en su acceso, uso y manejo.
Tras 5 años de estudio, una actualización del anteproyecto y la primera crisis por falta de agua en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), el borrador de ley sigue sin aprobarse, en detrimento de las necesidades de la población.
Para Hernando Martínez Sacristán, experto colombiano en políticas públicas relacionadas con el agua y expositor del XIII Congreso de Geología celebrado la semana pasada en San Salvador, el recurso hídrico debe centrarse en la población, más que para cualquier otro uso.
“El agua también está amenazada por las condiciones atmosféricas cambiantes. Lo que influye en ella son los cambios de temperatura”
Primero debemos ser los seres humanos, el agua es de nosotros, es un bien colectivo. Como uso secundario pueden estar los sembradíos, la industria pecuaria y la recreación”, comentó.
El colombiano fue más allá y explicó que a través de las legislaciones se formarán grupos naturales que defenderán el recurso hídrico. “Si la ley no tiene presupuesto es letra muerta. Es importante hacer la legislación y educar a las personas en la defensa del agua”, recalcó.
Agregó que en las ordenanzas, se deben contemplar sanciones para aquellos que malgasten el agua en sus procesos productivos o domésticos. “No es justo, por ejemplo, construir un pozo que tenga un caudal alto y regar 2 ó 3 tres hectáreas de terreno. Es un crimen ecológico el que malgasta el recurso lavando carros o para otro tipo de negocio”, enfatizó.
El caso de su país natal, Martínez Sacristán advirtió la generación de conflictos, ya que al igual que El Salvador, no posee una legislación en defensa del agua. A esta problemática se suma la falta de disponibilidad del recurso por los efectos del cambio climático.
“El agua también está amenazada por las condiciones atmosféricas cambiantes. Lo que influye en ella son los cambios de temperatura”, explicó.
El experto finalmente recomendó realizar un acompañamiento de las instituciones gubernamentales adecuadas para garantizar que los permisos de explotación de cuerpos de agua, no afecten a las comunidades más vulnerables.
“Las entidades deben estar alerta para verificar que los permisos aprovechamiento del agua sean manejados de manera técnica”, concluyó Martínez Sacristán.
