El Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado ha presentado en el Registro de la Cámara 34 enmiendas -una de totalidad y 33 parciales- a la nueva Ley del impuesto Sobre las Afecciones Ambientales del Uso del Agua, heredero del antiguo canon de saneamiento, y con el que el Gobierno del Principado prevé recaudar, solo este año, 56,5 millones de euros. Entre las enmiendas, el PP pide que los asturianos que utilizan el agua en su actividad agrícola o ganadera queden exentos "de oficio" de pagar este impuesto, como muestra del apoyo de los populares a quienes desarrollan su actividad profesional en el medio rural asturiano.
Los diputados Emma Ramos; portavoz de Hacienda; y Luis Venta, portavoz de Agroganadería, han acudido a la feria agraria Agrosiero, donde han expuesto al sector y a los medios de comunicación las razones de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. "Lo que pretendemos es proteger a los agricultores, a los ganaderos, y a las comunidades de usuarios del medio rural", afirmó Ramos, responsable junto a Venta y a la portavoz popular de Medio Ambiente, Victoria Delgado, de la elaboración de estas enmiendas.
Estas enmiendas están dirigidas a establecer una exención total.
"Estas enmiendas están dirigidas a establecer una exención total", continuó Ramos, "para que agricultores y ganaderos no tengan que pagar este impuesto, el canon de saneamiento". El Grupo Popular es muy consciente de la importancia que el sector agrario tiene dentro de la economía regional, y propone medidas que facilitan su desarrollo y sostenibilidad, frente a la decisión del Gobierno socialista que preside Javier Fernández de dar la espalda al campo asturiano.
La propuesta del PP, de quedar exentos de oficio, evitaría a ganaderos y agricultores someterse al farragoso proceso administrativo, propuesto por el Ejecutivo del PSOE, para solicitar la exención, una vez acreditado que el uso que hacen del agua se debe a su actividad agraria. Además, los populares incluyen en las exenciones a las comunidades vecinales que hayan construido y costeado, en todo o en parte, sus propias traídas de distribución y suministro de agua, que pagan de su bolsillo su conservación y mantenimiento; y a aquellas personas en riesgo de exclusión social, así como a las instituciones que se encargan de prestarles un servicio directo.
La rectificación de izquierda Unida
"En esta nueva ley vemos una intención meramente recaudatoria", criticó la portavoz popular de Hacienda, máxime cuando el Principado pretende cobrar por el uso del agua a uno de los sectores que más difícil tiene sus sostenibilidad económica y que más sufre la crisis. "No hay prueba más evidente de este hecho que la previsión del Gobierno del señor Javier Fernández, que es recaudar este año un 61% más que el año pasado por el canon de saneamiento, 56'5 millones de euros, frente a los 35 millones previstos en 2012", apunta Emma Ramos. "¿De dónde quieren a sacar esta recaudación? Pues de los bolsillos de los ganaderos y agricultores", denuncia.
Tanto Emma Ramos como Luis Venta se felicitaron por la rectificación de Izquierda Unida, que de negar las tesis defendidas por el PP -que insistía, e insiste, en que el Principado sólo busca vaciar los bolsillos de los agricultores y ganaderos con el canon- ha pasado a pedir que el sector agrario quede exento del pago de este impuesto. Izquierda Unida defendió este tributo, según el diseño del PSOE, durante la tramitación del presupuesto vigente, acusando a los populares de causar "alarma".
La rectificación de IU, que se suma a la posición del PP, deja en el aire la aprobación en la Junta de la ley, habida cuenta de los escasos apoyos parlamentarios con que cuenta el Gobierno de Javier Fernández.
