La Generalitat Valenciana ha solicitado al juzgado número 3 de Orihuela (Alicante) poder gestionar los residuos de lixiviados encontrados en la pedanía oriolana de La Murada para "retirarlos" y "construir" una balsa de seguridad.
La petición llega después de que la Comisión Europea, a través del titular de Medio Ambiente, Janez Potocnik, haya solicitado la clausura y cierre de todos los vertederos ilegales, en referencia al vertedero de Proambiente, ubicado en la localidad murciana de Abanilla, aunque con parte en territorio valenciano, según han denunciado desde Els Verds a Europa Press este miércoles.
La Generalitat "no tiene competencias para dictaminar" el cierre de la planta de la empresa Proambiente, por estar en suelo murciano, según ha indicado en un comunicado el director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, quien ha asegurado que se ha encargado un estudio para conocer de dónde proceden los lixiviados que afectan a la zona de La Murada y, de esta manera, iniciar un expediente sancionador contra el responsable de esta situación, bajo la premisa de "quien contamina, paga".
Se ha encargado un estudio para conocer de dónde proceden los lixiviados que afectan a la zona de La Murada
Desde la dirección general, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, se ha informado, además, de que en la pedanía de La Murada lo que se produjo, "hace años", fueron enterramientos realizados de manera ilegal y sobre los que la Generalitat ha actuado de manera reiterada. "Abrimos diferentes expedientes que derivaron en sanciones administrativas, pero se paralizaron por el inicio del proceso judicial", ha detallado Tejedo.
"En la actualidad, el depósito de todo tipo de residuos en esta zona del municipio de Orihuela está siendo investigado por el juzgado número 3 de Orihuela. De ahí que la tramitación administrativa se paralice. No obstante, como la Generalitat es la primera interesada en que se solucione esta situación, solicitó personarse como acusación en el caso", ha continuado Tejedo.
Comisión Europea
El vertedero de Abanilla es propiedad del empresario Ángel Fenoll a través de su empresa Proambiente, y según han explicado a Europa Press desde Els Verds una parte del vertedero entra en el término municipal de Orihuela, a través de la pedanía de La Murada. Fenoll está acusado en la parte del 'caso Brugal', que investiga irregularidades en la gestión y tratamiento de las basuras en Alicante.
La petición de cierre de todos los vertederos ilegales que ha hecho la Comisión Europea llega tras las preguntas presentadas al respecto por los eurodiputados Iñaki Irazabalbeitia, de Els Verds, y Andrés Perelló, del Partido Socialista.
En ese sentido, el portavoz socialista de Medio Ambiente en las Corts Valencianes, Francesc Signes, ha señalado en un comunicado que el PSPV exige "el cumplimiento de las directivas con las que estamos comprometidos" y "explicaciones y dimisiones, incluso la de la consellera Isabel Bonig por permitir que se estén produciendo en nuestro territorio tales incumplimientos que a todos nos afectan".
Por ello, Francesc Signes ha remarcado que si no se procede a la "urgente" clausura de es vertedero "investigado en el caso Brugal", la UE procederá con sanciones por incumplimiento de las directivas sobre residuos.
"Pese a los requerimientos del Ayuntamiento de Orihuela y la documentación que se envió a Conselleria, solo cuando los temas se han judicializado han empezado a mover un expediente, después de diez años de conflictividad", ha censurado Signes, quien ha subrayado que el vertedero afecta también a Murcia y, sin embargo, no se han realizado reuniones conjuntas para hablar del tema.
