Varios colectivos de turismo rural de Asturias piden que se les exima de pagar el canon de saneamiento

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Las asociaciones de turismo rural de Asturias ARCA, ARAS, Fastur y Aldeas solicitarán a los grupos políticos representados en la Junta General de Asturias que se les exima de pagar el impuesto sobre afecciones ambientales del uso del agua, al entender que los residuos que produce su actividad tienen carácter doméstico, y que la mayoría de instalaciones no gozan de enganche al saneamiento municipal.

En una nota de prensa, las tres asociaciones han mostrado su "indignación ante el nuevo impuesto que nos están aplicando, sin ninguna justificación, ni explicación y máxime cuando ya en noviembre parte del sector solicitó una reunión con el Director General de Turismo para tratar este tema sin haber tenido respuesta al respecto ni haber sido informados en ningún momento de la tramitación de esta ley en el parlamento asturiano", señalan los colectivos.

Han querido resaltar también "la falta de información, el olvido y compromiso político por parte de todos los partidos políticos con este sector". Este impuesto, según las tres asociaciones, supone "un gran perjuicio económico además de ser una causa injusta ya que se pretende gravar por un servicio del que la mayoría del sector ni siquiera dispone como es el enganche al agua o al saneamiento municipal".

Señalan que en la mayoría de los casos pagan más por este impuesto que por el consumo del agua, por lo que piden a los partidos, y al Gobierno autonómico que consideren que "una casa de aldea o apartamento turístico tiene de media de 6 plazas y en muchos casos cada propietario tiene una unidad". "Además el uso que se hace de la misma origina estrictamente, aguas residuales generadas por el metabolismo humano y actividades domésticas", han añadido.

Por tanto, considerando una "aberración" este cobro "a casas o apartamentos que actualmente tienen una ocupación muy limitada (tres meses al año con suerte) y encima no disponen ni de agua ni de alcantarillado público" piden que la ley considere sus residuos como estrictamente domésticos. Recuerdan además que sus vertidos "son de la misma índole que los de una vivienda habitual pero encima más escasos por la escasa ocupación".

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