Dentro del ciclo de entrevistas llamado "La Nueva Política del Agua" (#NuevaPolíticaAgua), iAgua quiere dar voz a todos los actores implicados en el ciclo integral del agua para que evalúen las actuaciones en materia hídrica del anterior Gobierno y establezcan, a su juicio, las prioridades del nuevo. Hablamos con Roberto González García, responsable del programa de Aguas de SEO/BirdLife.
Pregunta: Recientemente, España ha vivido una moción de censura que ha terminado con un ciclo de más de 6 años de gobiernos del PP. ¿Qué balance general realiza de las políticas de agua llevadas a cabo desde la Administración General del Estado en esta etapa?
Respuesta: En política de aguas, desde que se publicaron los planes hidrológicos del primer ciclo de planificación y con el calendario que obliga la normativa europea, es difícil discernir qué corresponde a un gobierno y a otro. La política de aguas desarrollada en España en los últimos quince o veinte años evidencia un problema crónico de falta de gobernanza que queda reflejado en el producto final, que son los planes hidrológicos o los futuros planes de sequía. Bien es cierto, y es justo recalcar, que no todos los males vienen exclusivamente del gobierno estatal, muchos de ellos se derivan de otras administraciones, ya que el asunto del agua es la suma de muchas políticas sectoriales, ya sean estatales, autonómicas o locales.
En concreto, en materia de planificación hidrológica, es indudable reconocer el esfuerzo del gobierno saliente por cumplir con el calendario que marca la Directiva Marco del Agua (DMA), algo que se arrastraba de los anteriores gobiernos y que, en cierta medida, ha hipotecado todo el proceso posterior. Si bien, la realidad es que la política de aguas ha evolucionado más bien poco y, tanto en objetivos como en formas, sigue sin asumir los principios de la normativa europea. De hecho, la realidad es que se han seguido dejando de lado las obligaciones europeas y estatales. Quizás lo más preocupante en los últimos seis años haya sido la apuesta por la vieja política de aguas y seguir considerando como eje central de la materia a los trasvases y las grandes infraestructuras, una apuesta por soluciones intervencionistas que condenan a la degradación ambiental a los ecosistemas acuáticos y reducen los servicios que nos aportan. La aprobación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura es sin duda el ejemplo paradigmático de esta caótica gestión. Una cuestión elaborada a espaldas de la participación pública más básica, con total opacidad e introducida en varias disposiciones en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso, un giro radical a la política de aguas en este país, que no sólo modificó el régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional.
Posteriormente llegó la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca para 2016-2021, que desde SEO/BirdLife entendemos que siguen sin cumplir la normativa europea ya que presentan importantes deficiencias en relación con las necesidades hídricas de los espacios de la Red Natura 2000 y siguen sin asumir las contribuciones que presenta la sociedad civil a través de los poco prácticos procesos de participación.
El resultado de esta mala planificación, y de la desgobernanza general en materia de aguas, queda al descubierto con la situación que sufren lugares emblemáticos como Doñana, albufera de Valencia, delta del Ebro, Tablas de Daimiel o el Mar Menor. Casos para los que no se aportan soluciones urgentes y realistas. Además, el Gobierno perdió toda credibilidad por apostar por una política de aguas de integración de la protección y la gestión sostenible del agua y de los territorios cuando recurrió la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el proyecto de Biscarrués, sentencia que rotundamente argumentaba el incumplimiento de la Directiva Marco de Agua.
Por otra parte, se ha seguido sin garantizar la adecuada depuración de las aguas residuales, y el Gobierno ha incumplido la ley de aguas al no destinar lo recaudado con el canon hidroeléctrico a la protección y mejora del dominio público hidráulico del Estado español. Finalmente, todos los esfuerzos de los últimos meses se desviaron hacía un papel mojado, el Pacto por el Agua, mientras que España se enfrentaba a una situación grave de escasez de agua (provocada por esa inadecuada planificación y gestión, donde la demanda supera la disponibilidad del recurso, y por la sequía de los últimos años). Algunas de las propuestas que presentó el Gobierno para hacer frente a esta situación agravarán más aún el problema, como el es caso de los planes de sequía.
P.- La política de agua ha quedado encuadrada en el Ministerio para la Transición Ecológica encabezado por Teresa Ribera y Hugo Morán. ¿Cuáles diría que son sus principales retos y qué espera de su acción de gobierno en materia de agua?
R.- Desde SEO/BirdLife ya vimos con buenos ojos el hecho de que el agua estuviera entre las diez prioridades planteadas por el nuevo gobierno, y que la orientación de esta materia, al menos en declaraciones, vaya hacía una política adaptativa a los nuevos escenarios que obliga la realidad climática.
Así pues parece que el gobierno y este nuevo ministerio, al menos según las primeras declaraciones, quieren evolucionar hacia una nueva cultura del agua. Si bien, hacer política es llevar el dicho al hecho. Para que estos hechos sean efectivos es fundamental retomar el sentido de una nueva política de aguas, en donde se entienda la conservación de nuestros ríos, humedales, estuarios y acuíferos como el objetivo que da sentido y seguridad a los usos del agua, y no como un obstáculo a los mismos. La tarea fundamental será reorientar la planificación hidrológica desde el riguroso cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, pensando más allá de la propia normativa y asumiendo las indudables relaciones con el resto de políticas sectoriales, como la energía, la agricultura o la biodiversidad, y con los aspectos sociales y económicos del agua.
El verdadero reto pasa por asumir, de una vez por todas, que las soluciones a los problemas del agua no vendrán únicamente desde el agua. Es necesaria más creatividad y apertura de mente, en donde la naturaleza sea entendida como parte de la solución. Pensar que la solución, a esos problemas que algunos han llamado “déficit estructural, coyuntural o territorial”, vendrá de la mano de una política de oferta del agua basada en la construcción de grandes infraestructuras, trasvases o mercados del agua y compraventa de derechos, es reincidir en los errores del pasado. Además, muchos de los males que sufre nuestra política de aguas están relacionados con otras políticas sectoriales, y especialmente con un modelo económico y territorial que en numerosas ocasiones esta secuestrando el futuro de la sostenibilidad en aras de un desarrollo económico cortoplacista y mal entendido.
Ante esta situación, los retos del nuevo gobierno son diversos, y especialmente diferenciables por sus niveles de actuación. Un primer nivel debe pasar por sentar las bases que traigan soluciones a problemas horizontales, y crónicos, derivados de un modelo caduco con gran impacto sobre el territorio, la sociedad y la economía. Esto sería enfrentarse a cuestiones como la expansión de la agricultura de regadío en algunos territorios o el descontrol de su superficie y sus consumos, en muchas ocasiones ilegales y habitualmente alimentados por las expectativas que genera el propio modelo. Casos paradigmáticos, y donde deberán sentarse esas bases de diálogo, sincero arropado con conocimiento científico, son las realidades que afrontan lugares como Doñana, la albufera de Valencia, las Tablas de Daimiel, el delta del Ebro, el Mar Menor, la política de extensión del regadío en la cuenca del Ebro, la sobreexplotación extrema de la cabecera del Tajo por el trasvase Tajo-Segura, etc. Todos estos casos son los coletazos que reflejan las consecuencias de la política de la oferta, y que descubren la sobreexplotación de los recursos hídricos, el incremento del uso de fertilizantes y pesticidas, la pérdida de suelo o los impactos directos e indirectos de las grandes infraestructuras hidráulicas. Todas estas circunstancias muestran que es necesario repensar el modelo económico y social en estos territorios, y que es fundamental mejorar los procesos de participación real, de gobernanza y de representatividad. Así como, probablemente, reformar los organismos de cuenca, eliminando de sus competencias la construcción y explotación de grandes obras, que deberían enmarcarse dentro de las competencias del Ministerio de Fomento.
A otro nivel, aunque evidentemente en relación con todo lo anterior, están algunos retos más definidos, y que deben afrontarse desde ya. Entre ellos llevar a cabo una auditoria para que los presupuestos y la financiación vayan única y exclusivamente a cumplir los objetivos de la DMA, la paralización de los planes de sequía recientemente presentados en los consejos de las demarcaciones hidrográficas, porque entendemos que mantienen la sobreexplotación de los ríos, acuíferos y humedales, la política hidráulica tradicional de incremento de la oferta, y que se alejan de los principios de la directiva comunitaria del agua. Una cuestión capital en la planificación de este recurso en España. Respecto a proyectos en cartera entendemos que, si este nuevo ministerio cree en esa transición a un nuevo modelo, deberá abandonar definitivamente proyectos como los del embalse de Biscarrués o el pantano de Mularroya. Así como asumir los compromisos adquiridos respecto a la gestión de los sedimentos, como es el plan de gestión integral de los sedimentos de la cuenca del Ebro. Y, a las puertas de los inicios del tercer ciclo de planificación, pediremos de nuevo la integración de objetivos de planificación hidrológica y conservación de la naturaleza, la aplicación real de un régimen caudales ecológicos que aseguren el cumplimiento de los objetivos medioambientales, y que se incorporen las peticiones que hemos hecho estos últimos años. Otra cuestión necesaria y urgente sería la reforma de la ley de aguas, propuesta vetada por el anterior gobierno y cuyo objetivo es el de dar seguridad jurídica al estado español y acoplar su marco normativo a las exigencias europeas, a las exigencias del siglo XXI y a los nuevos retos en materia de aguas. Y Finalmente, ante la próxima evaluación de la Directiva Marco del Agua, solicitamos que España lidere su defensa para que no se limiten los objetivos de la misma. En definitiva, debemos poner fin a las carencias en la aplicación de las leyes para hacer frente a los problemas de la planificación hidrológica y mejorar y armonizar su aplicación práctica.
No son pocas las tareas pendientes en materia de aguas, y es urgente adaptarse a la reducción de la disponibilidad de agua por los efectos del cambio climático. Es indudable que la actualidad política presenta sus riesgos, que las decisiones que se tomen conllevarán consecuencias y que éstas deben ser bien valoradas, pero es innegociable una política de alturas que haga que esa anhelada transición ecológica sea una realidad, especialmente en materia de aguas, clave para el futuro de nuestro país. Esperamos que el nuevo gobierno esté a la altura, nosotros estaremos alerta.
