El gobernador de la provincia de Damasco Rural ha anunciado este miércoles que el Gobierno sirio y los rebeldes en la zona de Wadi Barada han llegado a un acuerdo para que técnicos puedan entrar en las instalaciones dañadas del manantial que abastece de agua a la capital, según ha informado la televisión estatal.
El sistema de suministro quedó fuera de servicio a finales de diciembre, reduciendo el abastecimiento de agua al 70 por ciento de los habitantes de Damasco y las zonas limítrofes a las que surte.
UNICEF ha advertido del grave peligro de padecer enfermedades en el que se encuentran miles de niños en la capital debido a las restricciones en el abastecimiento de agua potable. La ONU ha declinado identificar cual de las partes enfrentadas en el conflicto en Siria está detrás del sabotaje de las instalaciones de agua.
No obstante, sí advirtió la semana pasad de que el sabotaje del suministro de agua es un crimen de guerra. Los cortes en la zona de Wadi Barada, controlada por los rebeldes y ubicada cerca de Damasco, comenzaron el 22 de diciembre y han dejado a 5,5 millones de personas sin suministro regular.
El Gobierno y los grupos rebeldes en Wadi Barada, un valle montañoso a 20 kilómetros al noroeste de Damasco, han acordado que los técnicos puedan entrar en las instalaciones dañadas, según la televisión estatal.
El Gobierno asegura que quiere entrar en el valle para asegurar el suministro de agus a la capital, mientras que los grupos rebeldes y los activistas locales dicen que las fuerzas gubernamentales están usando el tema del agua para conseguir logros políticos y militares
Rebeldes y activistas han dicho que los bombardeos gubernamentales han dañado el manantial, mientras que el Gobierno ha denunciado que los insurgentes han contaminado la fuente con diesel, obligando a las autoridades a cortar el suministro.
Los enfrentamientos y bombardeos aéreos en Wadi Barada han amenazado el frágil alto el fuego que impera a nivel nacional desde el 30 de diciembre y facilitado por Rusia y Turquía.
En declaraciones recogidas por la agencia oficial SANA, el gobernador provincial ha indicado que se ha alcanzado un acuerdo preliminar con combatientes locales en partes de Wadi Barada para que entreguen sus armas al Gobierno. Los combatientes que no sean originarios del valle serán evacuados de la zona.
A continuación, el Ejército sirio entrará en las zonas para retirar los explosivos y los técnicos repararán los daños en el manantial, ha señalado el gobernador Alaa Ibrahim. "En las próximas horas quedará claro si es posible aplicar el acuerdo", ha dicho el gobernador, según SANA.
Por el momento los rebeldes en la zona no se han pronunciado pero activistas locales han negado que haya un acuerdo. El Ejército sirio y los combatientes del partido-milicia libanés Hezbolá, aliado de Damasco, lanzaron una ofensiva a finales de diciembre para capturar Wadi Barada.
El Gobierno asegura que quiere entrar en el valle para asegurar el suministro de agus a la capital, mientras que los grupos rebeldes y los activistas locales dicen que las fuerzas gubernamentales están usando el tema del agua para conseguir logros políticos y militares.
Los rebeldes en Wadi Barada han permitido a los ingenieros del Gobierno mantener y operar la estación de bombeo del valle, la principal fuente de agua de la capital, desde que se hicieron con el control de la zona en 2012. Sin embargo, los combatientes han cortado el suministro de agua varias ocasiones en el pasado para presionar al Ejército para que no asaltara la zona.
La ONU estima que 45.000 personas viven en la zona de Wadi Barada y cree que al menos 7.000 personas se han visto desplazadas de la zona por los últimos enfrentamientos.
