Aragón mantendrá el sistema de bonificaciones del canon de saneamiento de aguas

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La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón ha apostado por "seguir aplicando un sistema de bonificaciones o exenciones en el actual canon de saneamiento" de las aguas de los municipios.

El órgano parlamentario ha aprobado una iniciativa conjunta de PP y PAR que, entre otras cuestiones, también reclama el mantenimiento de un impuesto ecológico sobre la producción de aguas residuales y muestra su respaldo a "la urgente necesidad de abordar las actuaciones previstas en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración".

Las Cortes de Aragón ha apostado por seguir aplicando un sistema de bonificaciones o exenciones en el actual canon de saneamiento

Mientras que PP y PAR han apoyado los cuatro puntos de la propuesta, el PSOE se ha abstenido en lo referente a las bonificaciones y CHA e IU sólo han apoyado la primera parte, donde se expresa la "la necesidad y conveniencia" de mantener el impuesto.

El texto también insta al Ejecutivo a "realizar las modificaciones normativas que sean necesarias para que sea el propio Instituto Aragonés del Agua quien asuma directamente la gestión del canon de saneamiento".

Desde el PP, Jorge Garasa ha expresado la necesidad de analizar que las bonificaciones sean "sociales para proteger las situaciones de mayor vulnerabilidad económica de los usuarios", mientras que Antonio Ruspira (PAR) ha expresado que "se trata de un impuesto ecológico y no una tasa", por lo que, en su opinión, "todos tendríamos que ser conscientes de trasladar a la opinión pública esta cuestión".

Por parte del PSOE, Alfonso Vicente, quien había planteado modificar el texto para sustituir la parte de las bonificaciones al "no tener sentido por estar ya pactadas", ha lamentado que "el Plan esté parado con muchos problemas e incertidumbres".

Además, el presidente del Grupo de CHA, José Luis Soro, tras rechazar el Plan de Depuración, ha calificado la iniciativa como "pérdida de tiempo", una opinión similar a la expresada por Adolfo Barrena (IU), para quien se trata de un texto "mandado por el Gobierno para levantar una cortina de humo y no reconocer un problema grave y serio".

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