El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha dicho confiar en que la ley que pretende poner en marcha el Gobierno andaluz para garantizar un mínimo vital de agua y luz a las personas que peor lo están pasando en esta crisis pueda estar aprobada en torno al mes de mayo, "como muy tarde antes de que finalice el mes de junio".
En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Valderas ha considerado que se trata de un tiempo "más que prudente" para garantizar este derecho y ha apuntado que, mientras tanto, espera lograr un "acuerdo de buena voluntad" para conseguir una moratoria con las entidades que suministran, "sean públicas o privadas".
El 'número dos' del Gobierno andaluz ha explicado que en los últimos años más de 500.000 andaluces se han visto afectados por los "desahucios energéticos", lo que hace necesario un "gobierno sensible" que se preocupe por evitar este tipo de situaciones, así como también por garantizar, como ya está haciendo, el derecho a la vivienda y a la alimentación.
Tras asegurar que la elaboración de esta normativa se va a hacer de manera "transversal" por parte de la Administración andaluza, Valderas ha dicho tener el mandato del Gobierno andaluz para coordinar a todos los departamentos que van a participar. Según ha señalado, en los primeros días del mes de enero habrá una reunión de todos estos departamentos "con textos sobre la mesa" para abordar cuál es la mejor fórmula para garantizar este derecho.
El número de beneficiarios podría situarse entre los 50.000 y los 100.000
Valderas, que apuesta por la fórmula del decreto-ley debatido por el Parlamento, ha indicado también que en las últimas semanas ha mantenido un trabajo de "contacto directo" con los sectores que pueden verse implicados. De hecho, ha mantenido reuniones con representantes de Endesa, Iberdrola, suministradores de agua, sindicatos, asociaciones de consumidores y con la plataforma del tercer sector, entre otros colectivos.
"Hasta ahora sólo he recogido opiniones positivas, sin ningún tipo de rechazo", ha subrayado Valderas, quien ha agradecido la "sensibilidad y aportaciones" mostradas, lo que le va a permitir reunirse antes de que finalice el mes con el equipo de técnicos que está abordando esta asunto desde el principio, al objeto de analizar "el alcance e intensidad de esta iniciativa, y la forma de financiación".
Preguntado por cuántas personas podrían beneficiarse de este derecho, el vicepresidente de la Junta ha dicho que no quiere ceñirse sólo a las personas que perciben el Salario Social, -unas 47.000 en la actualidad, a las que podrían sumarse otras 12.000 que están a la espera-, sino que también debe ser aplicable a otras personas que se encuentran en el umbral de la pobreza.
Así, tras afirmar que el número de beneficiarios podría situarse entre los 50.000 y los 100.000, Valderas ha señalado también que en estos momentos se barajan diferentes vías de financiación para hacer frente a este derecho, que, según estima, podría tener un coste para la Administración de en torno a los 20 millones de euros.
Posibilidades de financiación
Para determinar la fórmula final, ha dicho que habrá que tener en cuenta cómo es la nueva política fiscal, las nuevas imposiciones de carácter ecológico recogidas en el acuerdo de gobierno, un posible fondo de carácter social en los presupuestos, o una partida dentro del plan de lucha contra la exclusión social.
Además, según ha explicado el dirigente del Gobierno andaluz, hay comunidades autónomas que tienen un impuesto por la ocupación en el territorio de la red general eléctrica. "Ésta también podría ser otra vía de financiación, que no afectaría al suministrador sino a la propia red", ha apostillado Valderas.
Finalmente, ha negado que garantizar un mínimo vital de agua y luz sea una medida "de caridad" como apuntó el secretario general de CCOO, Francisco Carbonero. "Se equivocan quienes opinen así porque se trata de una medida complementaria desde el punto de vista de los derechos universales, aplicada en países como Francia, Bélgica, Inglaterra o Alemania, entre otro", ha afirmado.
En este contexto, ha señalado que tuvo la oportunidad de hablar sobre este asunto con Carbonero, que le comentó que sus declaraciones no iban en ese sentido, sino en la necesidad de poner en marcha medidas "que fueran más allá, algo que yo comparto". Y es que, según ha afirmado, esta iniciativa debe ser la "antesala" de la Renta Básica en la Comunidad.
