El PSPV pide al juez que cite a declarar a los exresponsables de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana

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  • Lodos de depuradora.

El PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular en el 'caso Emarsa' --en el que se investiga un agujero económico millonario en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia)--, ha solicitado al juez que cite a declarar, en calidad de testigos, a los exresponsables de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana (Epsar) Juan Cotino --actual presidente de las Cortes-- y Maritina Hernández --diputada del PP-- para que expliquen los precios pagados por el tratamiento de lodos.

Así consta en un escrito --al que ha tenido acceso Europa Press-- remitido por el PSPV al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de instruir el 'caso Emarsa'. Junto al mismo, esta parte ha entregado diferente documentación para respaldar su solicitud. En el mismo escrito, el PSPV también solicita la declaración testifical de María Ángeles Ureña, quien fue vicepresidenta de la Epsar durante parte del periodo a que se corresponde la investigación.

El PSPV considera que es "indefectible" oír en calidad de testigos a los que fueron vicepresidente y presidente de la Epsar para terminar de perfilar cuál fue la actuación llevada a cabo por el exgerente de la Epsar José Juan Morenilla; y el exjefe de Saneamiento, Ignacio Bernácer, en la aprobación de unos incrementos en la financiación de Emarsa "presuntamente desviados al circuito del entramado de empresas ficticias que permitió la malversación de fondos que se investiga".

Para la acusación popular queda pendiente de investigar y concretar hasta dónde, hasta qué responsables de la Epsar alcanzaba el conocimiento del destino dado por Emarsa al lodo producido en la Edar de Pinedo y, en consecuencia, si las declaraciones vertidas por Cotino y Hernández son fruto o no de la información dada por el gerente y jefe de Explotación sobre el verdadero destino de los lodos, según se indica en el escrito.

Sobre estas declaraciones, el PSPV ha aportado distinta documentación sobre las manifestaciones hechas por Hernández --exconsejera de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el periodo 2007 a 2012 y quien ocupó la Presidencia de la Epsar--, cuando indicó que los 42 euros por tonelada que se pagaron --en Emarsa-- entre los años 2006 y 2010 eran inferiores a la media de 50 euros por tonelada que arrojaba el coste medio de tratamiento integral de lodos, y que la disparidad de precios obedecía a la "diversidad de depuradoras".

Esta misma consejera --según se recoge en el escrito socialista-- negó que se hubiera triplicado el pago de la Epsar a Emarsa, y afirmó que desde el año 2008 se pagaba 0,13 céntimos el metro cúbico, cuando media nacional era de 0,40 y de la Comunidad de 0,32.

"Contradicen" a las diligencias

Estas declaraciones, sostenidas por las defensas de Bernácer y de Morenilla, "contradicen" a la gran cantidad de diligencias practicas durante la instrucción del 'caso Emarsa': "tal y como se ha podido contrastar y concluir a través de las diligencias practicadas, se trata de un escenario absolutamente irreal", defiende el PSPV.

Ello --indica la acusación-- lleva a considerar "necesario" investigar cuáles pueden ser las razones de que los responsables máximos de la consejería "aún ahora sigan manteniendo que era correcto el precio de financiación abonado a Emarsa, a pesar de que como se ha dicho y queda recogido en diversas, clarificadoras y contundentes resoluciones judiciales dictadas por el juzgados, el escenario real existente en lo que al tratamiento de lodos se refiere, en modo alguno justificaba el precio de financiación de 42 euros/tonelada.

"Nos resulta pues de suma importancia para concluir debidamente esta instrucción en lo atinente a la financiación del tratamiento y evacuación de los lodos, el poder valorar debidamente la exégesis de la aprobación del incremento de precio pagado a Emarsa por evacuación y tratamiento de dichos lodos con base a un escenario que no se corresponde con el real, y que pese a ello los responsables políticos de la Administración consideren y mantengan en la actualidad que era adecuada dicha financiación", se concluye en el escrito.

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