El controvertido sistema tarifario de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) vuelve este miércoles a ser debatido en un pleno del Ayuntamiento de Málaga. Esta cita monográfica, convocada a instancias de los grupos de la oposición, PSOE e IU, se celebra cuando aún no ha pasado ni siquiera una semana de la sesión ordinaria que tuvo a este modelo de facturación como gran protagonista.
Barreños y recreaciones de una ducha, en alusión a las declaraciones del alcalde, Francisco de la Torre, acerca de los litros de agua que gastaba, y diferentes cánticos se prevé que vuelvan a verse y escucharse en los alrededores de la Casona del Parque con ocasión de este pleno monográfico.
Ya en el Salón de Plenos intervendrán los colectivos que lo hayan solicitado. El pasado jueves se escuchó la opinión de un total de 20, de los que 17 se mostraron en contra del nuevo sistema de facturación de Emasa -concretamente, las federaciones vecinales 'Unidad' y 'Solidaridad', organizaciones de vecinos de distintos distritos y de mayores, los sindicatos UGT y CCOO y Facua- y tres a favor -Al-Andalus, la Unión de Consumidores y la Asociación de Familias Numerosas de Málaga (Afanma)-.
También PSOE e IU son muy críticos con este sistema, que tachan de "tarifazo" y, por tanto, de "subida encubierta". Por ello, reclamarán de nuevo, como ya hicieron en el pleno ordinario, su paralización, algo que no será aceptado por el equipo de gobierno del PP, que argumenta que el cálculo por habitante es "más justo" que por vivienda.
Precisamente, De la Torre se mostró seguro de que, pese a las críticas recibidas, con el tiempo habrá "un reajuste en el consumo, bajando, incluso, de la media de 112 litros por persona y día", y se demostrará que este modelo "es el adecuado". "El consumo ratificará que es un acierto", aseguró.
En consecuencia, el equipo de gobierno y los grupos de la oposición volverán a escenificar su enfrentamiento en este asunto. Todo ello después también de que el pasado lunes el consejo de administración de Emasa ratificara la bonificación aprobada en el pleno del jueves para garantizar que nadie que gaste menos de 116 litros diarios pague más, o medidas concretas como que las personas con movilidad reducida que necesiten más agua cuenten como otro individuo más a la hora de dividir el consumo.
