El portavoz de Medio Ambiente del GP en el Parlamento de Andalucía, Víctor González, denunció “la negligencia” e “ineptitud” del Gobierno andaluz respecto a la no ejecución de 300 obras hidráulicas de depuración en las ocho provincias andaluzas, que debían cumplir el objetivo de la calidad del agua en la Comunidad y la normativa europea con fecha límite de 2015. Según informó, el decreto acordado por el Consejo de Gobierno el 26 de octubre de 2010 recogía la ejecución de las 300 obras con una inversión total de 1.700 millones de euros y con fecha límite de 2015, pero a día de hoy “la Junta de Andalucía las tiene paralizadas en la mayoría de los casos y algunas están desfasadas”.
Durante una rueda de prensa en Sevilla, explicó que de los 1.700 millones de euros previstos para las obras, los ciudadanos ya han aportado 250 millones al pagar el canon del agua establecido por Gobierno andaluz según la estimación del portavoz popular. Sin embargo, “no sabemos dónde está el dinero que el Gobierno andaluz ha recaudado” y “las obras no están”.
“Andalucía está obligada a cumplir la normativa europea pero la Junta de Andalucía no nos dice cuáles son las prioridades del calendario de las obras a ejecutar, ni las sanciones de la Unión Europea en caso de incumplimiento en 2015”, informó.
Las 300 obras repartidas en las ocho provincias andaluzas están declaradas de interés de la Comunidad
En este sentido, se preguntó si la Junta pretende realizar en dos años las obras que tendría que haber construido en seis, al tiempo que exigió al Gobierno andaluz que “complemente” con fondos propios y de la Unión Europea el total del montante para efectuar las obras necesarias, ya que los ciudadanos “estamos cumpliendo con una parte al pagar el canon en el recibo del agua”.
Explicó que en sede parlamentaria y en comisión interpeló a la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, sobre el cumplimiento del acuerdo de 2010 y las sanciones de Europa en caso de no cumplir en 2015, así como dónde están los 250 millones del canon de agua, pero la titular del ramo “dice que las obligaciones son del Gobierno de la Nación o de los ayuntamientos y que la Junta se limita a auxiliar”.
Sin embargo, según informó Víctor González, “la consejera olvida el decreto de 2010 que habla de responsabilidad y no de auxilio. Los artículos 50 y 51 del Estatuto de Autonomía determina que Andalucía tiene las competencias exclusivas y el 56.7 que corresponde a la Comunidad la competencia exclusiva de planificación, construcción y financiación de las obras públicas siempre que no estén declaradas de interés general del Estado”.
En este sentido, precisó que las 300 obras repartidas en las ocho provincias andaluzas están “declaradas de interés” de la Comunidad, por lo que acusó a la Junta de Andalucía de “cobardía política e institucional en estado puro”.
Agregó que en los presupuestos de 2013 “no hay ni una sola obra de depuración” de las 300 previstas”, pero “si hay decenas de millones de euros en partidas globales destinadas a inversión pero ninguna actuación”, denunció.
Según Víctor González, la Junta de Andalucía estimó la creación de 28.000 empleos por la construcción de las infraestructuras hidráulicas recogidas en el decreto de 2010. También indicó que el desglose de las 300 obras por provincias, según el citado acuerdo es de: 38 en Almería; 32 Huelva; 37 Jaén; 28 Sevilla y, 22, 27 y 69 en Cádiz, Córdoba y Granada, respectivamente.
“Andalucía pierde un tiempo precioso porque el reloj va cuenta atrás. Estamos ante una situación límite porque la Junta ambientalmente no hace nada, ni respecto a la contaminación, ni económicamente. Nos preocupa cómo afrontará las sanciones de Europa. Nos preocupa que pretenda que los ciudadanos las paguemos con otro tarifazo o que los ayuntamientos sean los que paguen las negligencias de la Junta”, concluyó.
