España es el segundo país de Europa en el que los consumidores realizan un menor esfuerzo económico para pagar el agua urbana, situándose en el 63% de la media europea.
Estos datos, proporcionados por el Colegio de Economistas de Madrid teniendo en cuenta el precio a pagar en relación con la renta disponible, son bastante significativos teniendo en cuenta la condición de España como el gran país europeo más árido y donde son necesarias 1.500 presas y otras grandes infraestructuras para aprovechar el 40% del agua de lluvia.
Según señala la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), estos datos proporcionan "otra razón de mas para apoyar la colaboración publico privada", en cuyo marco se produce esa "eficiente gestión" del servicio del agua en España.
Según ha explicado AGA, sus empresas asociadas se están expandiendo internacionalmente, además de por "la atonía del mercado interior", porque son capaces de ser competitivas, de resultar adjudicatarias de importantes concursos a nivel global, hasta el punto de estar suministrando agua a 100 millones de personas fuera de España.
"Una veintena de empresas españolas realizan actividades de captación, desalación, abastecimiento, distribución, saneamiento, depuración y reutilización por todo el mundo, hasta una cifra anual de exportación del orden de los 2.000 millones de euros", ha señalado AGA en una nota.
La asociación ha destacado que más de la mitad de esa actividad internacional se desarrolla en América, pero también un 20% en Europa y un 10% en África y Australia. El "buen hacer" de las empresas españolas, genera además muchas oportunidades para otras empresas que suministran equipo y componentes y para profesionales cuya deslocalización de España "es mucho mas conveniente si se produce en la actividad de una empresa española en el exterior".
Desde AGA, han recalcado la "paradoja" de que ese éxito exterior se produzca de manera simultánea con los "injustificados y puntuales acosos interiores" a la colaboración publico privada, cuando en España, se paga por el agua "entre un tercio y un cuarto de las medias europeas".
Según la asociación, la gestión mixta, sin cuestionar la naturaleza pública del agua, se demuestra como "una buena fórmula para proporcionar el esencial servicio del agua, en condiciones de seguridad jurídica y equilibrio económico, especialmente en escenarios de escasez de recursos públicos".
