Las Cortes de Castilla y León pedirán al Gobierno revisar la tarifa eléctrica para los regantes

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El Pleno de las Cortes ha acordado por unanimidad de todos los grupos instar a la Junta a que requiera al Gobierno central una revisión de la nueva regulación eléctrica para los regantes adaptada a las necesidades del sector que no penalice el esfuerzo de modernización que se ha llevado a cabo en los regadíos así como que aborde una revisión a la baja del IVA de esta fuente de energía.

El acuerdo surge de la PNL presentada por el Grupo Socialista y que ha defendido la procuradora Ana Sánchez y a la que el Grupo Popular ha presentado un texto alternativo propuesto de viva voz por la procuradora del PP Cristina Ayala, quien ha defendido la posición del Grupo Popular.

Tal como ha explicado Sánchez, esta PNL trata de "paliar las medidas nefastas" impulsadas por los ministros Miguel Arias Cañete y José Manuel Soria, a los que ha definido como "los hermanos Dalton", y que provocaron que el sector se movilizará el pasado 20 de febrero en contra del denominado "tarifazo eléctrico", y ha apelado a la necesidad de "reivindicar" ante el Gobierno central "un escenario más justo" para que los regantes sólo paguen el agua que consumen "porque es un atraco cobrar lo que no se consume".

El incremento de los costes y especialmente de la energía eléctrica colocan a los productos de Castilla y León en situación de desventaja competitiva

Así, Sánchez, ha asegurado que los regantes deben contratar el suministro eléctrico durante todo el año aunque "el consumo elevado suele ser de tan sólo cuatro meses" además de que desde que en 2008 se suprimió la tarifa especial de riego en algunos casos el incremento ha sido de hasta el mil por mil, además de que es la tarifa eléctrica "uno de los costes que más inciden en las cuentas de resultados" de las explotaciones agrarias.

Asimismo, ha indicado que cualquier incremento de los costes "y especialmente de la energía eléctrica" colocan a los productos de Castilla y León "en una situación de desventaja competitiva" lo que puede provocar que termine "con producciones tan emblemáticas como la remolacha".

Supresión en 2008

Por su parte, Cristina Ayala ha recordado que en 2008, con el Gobierno del PSOE, se suprimieron las tarifas especiales y ha pedido a la bancada socialista que "no cunda la desesperanza" ya que la pretensión del PP es "buscar acuerdos" adaptados a las competencias de la Comunidad.

Asimismo, Ayala se ha referido a los datos previos del sector, y ha recordado que del consumo total del agua el 80% se destina a regadío, lo que llevó al sector "a impulsar la modernización, con un gran esfuerzo" de los propios regantes y de la Administración regional, que ha permitido que en la actualidad el 63 por ciento del suelo de regadío de la Comunidad "ya esté modernizado", aunque ha reconocido que el consumo energético sigue siendo elevado, una cuestión que preocupa a la Junta

Tras presentar el texto alternativo, la procuradora socialista se ha congratulado de este acuerdo pero ha anunciado que esta iniciativa la ha registrado el PSOE en el Senado "para ver qué es lo que vota allí el PP" y que no ocurra que los acuerdos adoptados en la Comunidad al llegar a Guadarrama se quedan en nada. Asimismo, ha asegurado que si esta iniciativa sale adelante en el Senado, el Grupo Socialista planteará los mismos acuerdos que se adopten en las Cortes de Castilla y León en la Cámara Alta.

Por último, Ana Sánchez ha terminado su intervención con "una petición, un ruego o una súplica" y es que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se vaya a Mercosur o a la Agencia de Producción del Kiwi en Australia, es decir, "que se vaya pero cuanto más lejos mejor".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, las reclamaciones de los regantes constantes desde hace un año, el trabajo en el campo es duro y siempre se está al limite productivo, una de las razones de las despoblación, la dificultad de obtener rendimientos razonables que se mantengan en el tiempo.

El Grupo Mixto ha apoyado la proposición no de ley porque considera que la política de "exprimir al cliente" que a su juicio usa el sector de las eléctricas "con el apoyo del Gobierno del PP" va a acabar con las posibilidades de que se garantice el uso de calefacción para muchas familias.

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