Los ayuntamientos gallegos con embalses o centrales hidroeléctricas que perdieron ingresos por IBI especial en 2007, podrán recuperar los ingresos perdidos en aplicación de la nueva Ley del sector eléctrico de 2013, que contempla tasas novedosas.
El coordinador de la Federación Española de Municipios con Embalses -con sede en Lleida-, Francisco Gómez, y el asesor jurídico de la asociación Javier Gonzalo Migueláñez, detallaron a 15 alcaldes de la provincia de Ourense, los cambios legislativos que podrán originar un incremento en sus ingresos por embalses y otros nuevos Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES) que estén en su territorio, en una reunión presidida por el vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández.
La reunión de Ourense se produjo tras la de A Fonsagrada (Lugo) de hace unos días, donde alcaldes de León, Galicia y Asturias se pusieron también al día en la legislación y en las acciones jurídicas emprendidas o previstas por la asociación "no para hacer política, sino para hacer dinero, que es lo más necesario hoy en los ayuntamientos", según dijo Gómez en la reunión de Ourense.
En la provincia de Ourense hay 43 ayuntamientos afectados por 23 centrales hidroeléctricas, presas o embalses
Gómez y Gonzalo explicaron a los asistentes que un cambio en la legislación eléctrica de 2007 "castigó especialmente a los ayuntamientos gallegos que tienen embalses pues la tipología de estas infraestructuras procedentes de la época franquista, favoreció una reducción de su valor según los nuevos criterios".
Otra ley del sector eléctrico, según Gonzalo, la de 2013, permitirá recuperar parte de esas pérdidas, pues la nueva normativa incluye nuevos BICES, y por tanto nuevos impuestos en minicentrales, transformadores, canales y subestaciones "en aplicación de normas antimonopolio, que hacen que tengan que dividirse las empresas titulares de la generación, transporte, comercialización y abastecimiento y por tanto se puede cobrar el IBI por separado".
En la provincia de Ourense hay 43 ayuntamientos afectados por 23 centrales hidroeléctricas, presas o embalses, "aunque hay otras tasas pendientes de cobrar y hay que reclamarlas, por ejemplo, por el uso de dominio público que hacen las autopistas de peaje o las empresas energéticas y de telefonía".
Mucho que reclamar
Gómez desgranó las actuaciones previstas por la Federación de Municipios con Embalses en los próximos meses, creada como "lobby" de presión municipal ante el Gobierno en 1995. Recordó que antes ninguna presa tributaba por ningún concepto y desde la constitución del colectivo y la puesta en marcha de sus acciones jurídicas "el Tribunal Supremo dio la razón a las reclamaciones de los ayuntamientos, que recibieron en principio, 3000 millones de las viejas pesetas".
Desde la federación, se recordó a los alcaldes que las autopistas de peaje gallegas "no están catastradas" y son BICES, con beneficios empresariales que tienen que repercutir en los ayuntamientos por los que pasan, por ocupación de dominio público.
El mismo concepto de "uso de dominio público" se podría aplicar a las instalaciones de redes eléctricas y uso de telefonía móvil, entre otras. Así, el alcalde de Castrelo de Miño, con un embalse en su territorio, Xurxo Rodríguez, asistió a la reunión y explicó a Europa Press que hace dos años, guiado por la federación coordinada por Gómez, el ayuntamiento elaboró una ordenanza reguladora del uso del suelo público.
"Elaboramos la ordenanza, pasó la información pública, nadie la impugnó y ahora estamos elaborando las cartas de cobro para las empresas Red Eléctrica Española y Gas Natural-Fenosa por el uso del suelo bajo el club náutico, para el paso de su instalación de cables, lo que impide hacer ningún tipo de obras en esa zona", detalló. A finales de agosto espera tener una valoración total del proceso y estima que supondrá un ingreso cercano a los 20.000 euros anuales para el ayuntamiento.
Programa piloto
El mismo concepto se puede aplicar a la telefonía móvil, según el exabogado del Estado Javier Gonzalo, que detalló un plan piloto en 16 ayuntamientos de diferentes comunidades autónomas -excepto Galicia- para iniciar la elaboración de ordenanzas reguladoras del cobro por uso de dominio público.
"Esperamos impugnaciones de las empresas y acudiremos a los juzgados de lo contencioso-administrativo para conocer el criterio de cada Tribunal Superior, y a partir de ahí, podremos tener un conocimiento necesario para estudiar lo que se puede hacer para cobrar ese uso", detalló.
La nueva vía de cobro relacionada con telefonía móvil se abrió con la Ley que entró en vigor en mayo de 2014 para Telecomunicaciones. Gonzalo anunció que habrá que llegar hasta el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, "pero se hará, porque Francia ya le ganó allí a France Telecom y le obligó a devolver miles de millones de euros".
En ese sentido, la federación de municipios con embalses puso en marcha una "central de compras" con varias líneas de actuación, entre ellas el ofrecimiento de hacer un inventario de infraestructuras energéticas, de comunicación y de telecomunicación en cada ayuntamiento que lo encargue "para poder estimar después la cuantía de un posible cobro por uso de dominio público", detalló Gonzalo Migueláñez.
En ese sentido, anunció que la federación tiene patentado un estudio económico que contempla los posibles costes para las empresas, del uso del dominio público, tanto por sus instalaciones físicas como por el uso que le dan sus usuarios. "Si yo estoy usando Internet en una tableta digital, y me cobran por ello, la empresa que me cobra tendrá que pagar por el espacio público que yo ocupo mientras navego o juego con mi aparato", desgranó.
