El Gobierno regional ha preparado un total de seis alegaciones al Plan Hidrológico del Tajo, al tiempo que ha expresado su discrepancia con la reserva de 400 hectómetros cúbicos de agua en Entrepeñas y Buendía, por considerarla "insuficientemente justificada", al existir una norma legal vigente que fija un umbral distinto. Para dar cuenta en profundidad de este asunto, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, comparecerá en la Asamblea Regional este miércoles.
El Consejo de Gobierno ha analizado, a propuesta de Cerdá y en su sesión de este viernes, las alegaciones que la Comunidad ha presentado a la planificación de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, dentro del proceso preceptivo de consulta pública que finaliza hoy.
En dichas alegaciones, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo murciano, José Ballesta, "se recoge la necesidad de asentar el trasvase Tajo-Segura como suministro de agua básico para la cuenca del Segura y en las que se considera necesaria la consolidación de los caudales procedentes del trasvase, que debe ser compatible con la preferencia de la cuenca cedente".
Por ello, el Gobierno regional muestra su adhesión a las alegaciones presentadas por el Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo-Segura (Scrats) para "la mejora y consolidación de esta infraestructura".
La regulación del trasvase Tajo-Segura quede establecido por el Plan Hidrológico Nacional y no por el Plan de Cuenca del Tajo.
El texto recoge, además, que "se lleven a cabo las modificaciones normativas que procedan para que la regulación del trasvase Tajo-Segura quede establecida por el Plan Hidrológico Nacional y no por el Plan de Cuenca del Tajo".
El Ejecutivo regional manifiesta en este documento su voluntad de que el Gobierno central "aborde, a la mayor brevedad, una planificación hidrológica nacional que permita resolver el déficit hídrico estructural" y muestra su disposición a colaborar con el Gobierno en esta tarea para "garantizar el suministro de agua a la Región".
En opinión de Ballesta, el memorándum "es un documento básico para el interés de esta Región". "Nuestro planteamiento ha sido hacerlo siempre en acuerdo no solo con los regantes, sino con otras comunidades", ha indicado.
De ahí que haya dejado claro que la posición es que "los elementos básicos y estratégicos del memorándum adquieran rango de ley o jurídico que les dote de personalidad jurídica para su obligado cumplimiento".
