El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, ha reiterado su rechazo a un trasvase del río Ebro y ha señalado que esta obra exigiría una "voluntad política" por parte de las comunidades afectadas que ha descartado por completo en el caso de Aragón.
En el transcurso de una comparecencia en sesión plenaria de las Cortes, el consejero ha afirmado que los trasvases responden a "un acto de voluntad política", pero "para eso hace falta una mayoría parlamentaria y una voluntad política que tenga suficiente consenso de las comunidades autónomas", un consenso que "no existe por ningún lado". Ha dejado claro que "si en algún momento se planteara el consenso Aragón se negaría radicalmente".
"Nosotros estamos radicalmente en contra del trasvase en cualquiera de las hipótesis", ha insistido Lobón, quien ha asegurado que "no hay ninguna manifestación de la voluntad política del Gobierno central para que se haga".
La reforma de la Ley de Evaluación Ambiental, "no abre la puerta a ningún trasvase", ha dicho Lobón, quien ha precisado que el nuevo artículo 72, que deja en manos de la Dirección General del Agua la decisión, según la oposición y el PAR, en realidad "abre la puerta a una mayor elasticidad en ese flujo de derechos" hídricos. Ha añadido que para que exista un trasvase debe aprobarse una ley y las infraestructuras deben estar construidas.
"Alerta"
El portavoz del Grupo del PSOE, Javier Sada, ha dicho estar "alerta" por la aprobación de la nueva Ley de Evaluación Ambiental, que a juicio de la oposición de las Cortes aragonesas facilita los trasvases entre cuencas al dejar la decisión en manos de la Dirección General del Agua del Gobierno de España.
Ha dejado claro que el Estatuto de Autonomía "no da una opción" a que la normativa sobre el trasvase sea "un folio en blanco" y ha planteado al consejero que el Acuerdo de Gobernabilidad firmado por el PP y el PAR rechaza el trasvase y defiende el Ebro de forma "rotunda".
En opinión de Sada se ha aprobado la nueva normativa "con oscurantismo, por la puerta de atrás". Ha considerado que la Ley de Evaluación Ambiental es "una aberración legal", una "vía de escape al control sobre la autorización de los trasvases", aprobada mediante "una técnica parlamentaria de piratería legislativa".
"Esta ley abre la puerta a escondidas, de par en par, a la posibilidad y a los deseos trasvasistas del señor Cañete", ministro de Agricultura, ha aseverado el portavoz socialista.
El diputado de IU, Miguel Aso, ha recordado que el Grupo de La izquierda plural ya pidió la devolución del proyecto de legislativo y ha puesto de relieve la oposición "frontal" a cualquier trasvase.
El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, ha asegurado que "el PP está actuando como un partido trasvasista y hay un ministro trasvasista", en alusión a Miguel Arias Cañete, a lo que ha añadido que "mientras estén gobernando ese peligro va a estar".
El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha apoyado las enmiendas presentadas por los senadores del PAR y ha criticado que la Dirección General del Agua pueda autorizar la cesión de derechos hídricos, lamentando la modificación del artículo 72, que "suponía una salvaguarda frente a los trasvases".
"Flaco favor nos han hecho" al PAR y, en general, a los aragoneses, ha dicho Boné dirigiéndose al PP, para resaltar después que las personas físicas o jurídicas con derechos hídricos podrán venderlos a otras que estén en Levante.
El parlamentario popular, José Manuel Cruz, ha echado en cara a los socialistas que el PSOE es el único partido que ha aprobado un trasvase a Cataluña y ha afirmado que la nueva Ley de Evaluación Ambiental "no abre ninguna puerta a ningún nuevo trasvase".
