La directiva de 2011 sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA) obliga a los Estados miembros a realizar estudios sobre los efectos que determinados proyectos, ya sean públicos o privados, pueden tener sobre el medio ambiente. La legislación actual se aplica a cerca de 200 tipos de proyectos, desde la construcción de puentes, puertos y carreteras hasta la edificación de vertederos y granjas de cerdos y pollos.
"Hemos revisado esta legislación clave para adaptarla a las nuevas prioridades europeas relacionadas con los usos del suelo, la utilización de los recursos y el respeto de la biodiversidad. La fracturación hidráulica suscita inquietudes. Hemos propuesto criterios claros para evitar los conflictos de interés y para que el público esté más implicado", ha declarado el ponente, Andrea Zanoni (ALDE, Italia), en el debate previo a la votación. El texto en primera lectura ha sido adoptado por 332 votos a favor, 311 en contra y 14 abstenciones.
Gas de esquisto: evaluación de impacto obligatoria en caso de fracturación
La normativa en vigor cubre los proyectos relacionados con el gas natural que extraen al menos 500.000 metros cúbicos al día. Los rendimientos de extracción del gas de esquisto son a menudo inferiores debido al proceso de fractura de roca, razón por la cual los promotores de estos proyectos no suelen estar obligados a realizar una evaluación medioambiental previa.
Los diputados proponen incluir en la directiva toda exploración y prospección, mediante fracturación hidráulica, de hidrocarburos no convencionales, como el gas y el petróleo de esquisto o el gas obtenido de los yacimientos de carbón, independientemente de la cantidad extraída.
Prevención de los conflictos de intereses
La Eurocámara propone medidas para prevenir los conflictos de intereses entre los promotores de los proyectos y las personas que llevan a cabo los estudios de impacto medioambiental. En este sentido, las enmiendas de los eurodiputados subrayan que los expertos deben ser competentes, objetivos e independientes.
Consulta al público
El Parlamento Europeo también propone medidas para garantizar que los ciudadanos sean debidamente informados y consultados sobre los proyectos con efectos para el medio ambiente, de acuerdo con la convención de Aarhus sobre la participación pública.
