Dos estudios publicados por la Comisión Europea muestran cómo la política medioambiental puede incentivar el crecimiento económico mediante el refuerzo de la protección contra las inundaciones y una fiscalidad más ecológica. Uno de los estudios muestra los beneficios económicos generales que se derivarían de inversiones realizadas a tiempo para proteger de las inundaciones y el otro resalta las ventajas de trasladar la presión fiscal sobre el trabajo hacia el uso de los recursos y la contaminación.
Al respecto, Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente de la UE, ha declarado lo siguiente: «Las inversiones para proteger de las inundaciones pueden ser benéficas para la economía en general, especialmente cuando se ponen en marcha soluciones basadas en la propia naturaleza que tienen una relación coste/eficacia muy ventajosa. Por su parte, las reformas fiscales de carácter medioambiental tienen un potencial para duplicar prácticamente los ingresos que aportan actualmente a las arcas nacionales, lo que no solo sería beneficioso para nuestro entorno, sino que daría margen para reducir la fiscalidad sobre el trabajo o disminuir el déficit. Son argumentos importantes para cambiar el status quo».
Entre 2002 y 2013, las inundaciones en la UE provocaron daños cuyo coste total aproximado puede cifrarse en unos 150 000 millones de euros
El estudio sobre el potencial de una fiscalidad más ecológica, basado en datos de doce Estados miembros, indica que desplazar impuestos del trabajo hacia la contaminación (incrementando, por ejemplo, los que gravan las causas que contaminan la atmósfera y el agua) generaría ingresos por valor de 35 000 millones de euros, en términos reales, en 2016 y de 101 000 millones en 2025, y que estas cifras serían aún mayores si se tomaran medidas para eliminar subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Dependiendo del Estado miembro, las ingresos potenciales en 2025 supondrían entre algo más del 1 % y un poco más del 2,5 % del PIB anual.
El segundo estudio se centra en las diversas interdependencias entre el medio ambiente y la política económica, como, por ejemplo, los efectos macroeconómicos de las inundaciones, las buenas prácticas para apoyar a las PYME que buscan la eficiencia en el uso de los recursos, y los gastos medioambientales en todos los Estados miembros. Entre 2002 y 2013, las inundaciones en la UE provocaron daños cuyo coste total aproximado puede cifrarse en unos 150 000 millones de euros. Invertir en medidas que reduzcan las inundaciones resulta muy rentable pues tienen un coste medio entre seis y ocho veces menor que el de los daños que causan las inundaciones y, lo que es más, invertir en infraestructuras «verdes» (es decir, restaurando elementos naturales que ayuden a gestionar y contener las inundaciones) es beneficioso para la biodiversidad y puede ayudar a reducir los costes de construcción.
Contexto
Los estudios publicados hoy contribuirán al Semestre Europeo, un mecanismo creado en 2010 para mejorar la coordinación de la política económica de los países de la Unión Europea y que constituyó una de las respuestas de la UE a la crisis económica y financiera que desembocó en una contracción económica y en un incremento del desempleo en muchos países de la UE. El Semestre Europeo parte de la idea de que, al estar fuertemente integradas las economías de los Estados miembros de la UE, mejorar la coordinación entre ellas fomentará el desarrollo económico en el conjunto de la UE.
Con la Ecologización del Semestre Europeo, la Comisión busca que las políticas macroeconómicas resulten sostenibles no solo económica y socialmente, sino también medioambientalmente. Un estudio anterior que analizó la aplicación de la legislación sobre residuos para fomentar el crecimiento verde, en el que se destacaban los beneficios económicos que lleva aparejado el medio ambiente, mostró que la aplicación completa de la legislación en este ámbito permitiría ahorrar 72 000 millones de euros al año, aumentaría en 42 000 millones de euros el volumen de negocios anual del sector de la gestión y el reciclado de residuos de la UE y crearía más de 400 000 puestos de trabajos hasta 2020.
