El cambio climático, la sequía cada vez más frecuente, el aumento poblacional y los hábitos de consumo han puesto de manifiesto la escasez de agua disponible para la agricultura. En España, los embalses destinados al consumo humano y la agricultura se encuentran al 52% de su capacidad, cifra superior a la de años anteriores que, sin embargo, no evita la preocupación por futuros escenarios de escasez. La Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, cuyos embalses están al 41% de media, lleva varios años limitando la cantidad de agua disponible para el regadío. Esta situación hace necesario adoptar medidas que ayuden a reducir el consumo y gestionar mejor el agua destinada a los cultivos. Frente a imponer un impuesto adicional al agua, como propone una directiva de la UE, un estudio del grupo WEARE de la Universidad de Córdoba ha comprobado que el sistema más eficaz sigue siendo el que se está aplicando actualmente: la reducción de forma proporcional del agua disponible a las personas usuarias.
Foto del grupo WEARE.
La investigación, que forma parte de la tesis doctoral de Ángela Valle García, y también ha contado con la participación de sus directores Carlos Gutiérrez Martín y Nazaret M. Montilla López, ha estudiado de esta forma la mejor manera de gestionar el agua disponible para la agricultura en la cuenca del Guadalquivir comparando dos políticas de gestión, la asignación por cuotas (reducción proporcional de asignaciones de agua) y la tarifación, y desde dos puntos de vista, el social y el privado. Para ello han usado un modelo basado en programación matemática positiva (PMP) que, con datos de ingresos, costes y superficie cultivable, reproduce el comportamiento del agricultor. “El objetivo de este modelo, explica Gutiérrez Martín, no es tanto una optimización de qué se debería hacer, sino tratar de reproducir la realidad y, a partir de ahí, reproduciendo el comportamiento del agricultor y aplicando una política de gestión, ver qué efecto tendría antes de que se implemente”. “El modelo permite conocer, en función de la dotación de agua de la que dispone, cuál será el plan de cultivo que aplicará el próximo año”, añade Montilla López.
Así, desde un punto de vista social, el poner un impuesto adicional al agua más allá del precio que ya se paga por el uso que se hace de ella para regar los cultivos, repercute en la sociedad al poder destinarse ese dinero para otros fines. El impuesto va a funcionar, pero, según el modelo, es más perjudicial que la asignación de una cantidad de agua, ya que, además de la dificultad de poder establecer un precio adecuado, desde la óptica privada quienes gestionan la agricultura tienen más pérdidas económicas con la tasa adicional al agua que con la asignación de una cuota.
Como sostiene Gutiérrez Martín, “con el impuesto al agua se pierde más de lo que se consigue. Es más eficaz poner una cuota de cantidad porque al incluir un impuesto, el agricultor acaba perdiendo más”. Una idea, defienden desde el equipo investigador, que puede ser tenida en cuenta por decisores políticos a la hora de tomar decisiones ante una situación real.
La investigación se ha publicado en la revista Water Resources Management y está financiada a través del proyecto e-MOHICAN (TED2021-131066B-I00), con fondos de Transición Ecológica y Digital del Plan Nacional de Investigación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y EuropeanUnion “NextGenerationEU”/PRTR).
